La realidad de los centros educativos puede llegar a ser muy dura; pero, ¿cuánto?
ABC ha tratado de descubrirlo mediante el duro análisis de la realidad formativa en Canarias.
«Los alumnos, en ocasiones, se ríen en mi cara cuando les llamo la atención por determinados comportamientos en clase, como sentarse apoyando los pies sobre la mesa o sacar el móvil y usarlo cuando estoy explicando en la pizarra.
Una vez le dije a un alumno que estaban prohibidos los móviles y me contestó que siguiese con lo mío y lo dejara en paz; le dije que me lo entregara y me respondió que intentara quitárselo si tenía narices...
Me acobardé. Sé que en ese momento perdí la autoridad de la clase -llevo nueve meses de baja por depresión- y sé que puedo perder mi trabajo, pero no quiero volver a ese centro», se lamenta Luisa Darias, profesora de 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en un colegio concertado de La Laguna.
«Usted no es quien para tocarle un solo pelo a mi hijo», «como vuelva a tratar así al chico va a saber quién soy yo» o «que sea la última vez que usted lo trata así. Me manda una nota con lo que hizo que ya sabré lo que tengo que hacer en casa... Pero no lo vuelva a humillar delante de sus compañeros, ¿queda claro?», frases como estas se están convirtiendo en habituales en el entorno educativo, según declaraciones de distintos profesores que se han visto imposibilitados para ejercer su autoridad en las aulas.
«Guantánamo»
Una profesora de un instituto de formación profesional en un municipio de Tenerife (quien ha preferido mantener el anonimato) renunció a su plaza y a un sueldo de 2.300 euros porque le resultaba una tortura acudir todos los días a lo que denominaba como «Guantánamo».
«Era odioso, te interrumpían la clase cuando les daba la gana, intentaban ridiculizarme con chistes fáciles y de mal gusto; varios alumnos, incluso mayores que yo, ponían en entredicho lo que les explicaba.
Tampoco era fácil con los profesores, como cobraba algo más que algunos de ellos por el módulo que impartía, porque así estaba estipulado, me hacían el vacío e incluso me ocultaban material que necesitaba para mis clases», comentaba esta profesora, quien además añade que los temarios no han sido actualizados, por lo que algunos apartados han quedado desfasados y esto produce hastío en el alumnado.
«Yo daba una asignatura relacionada con el teatro y había que prestarle mucha importancia a la figura del regidor, cuando ya esto ni existe.
Los chicos se aburren e intentan pasarlo bien, aunque sea a costa del que da la clase».
Miles de problemas
En Canarias, hay 24.000 personas que se dedican al ejercicio de la docencia en distintos centros educativos, de éstos, durante el curso 2007-2008, unos 10.000 se quejaron de problemas para dar clase.
Determinadas actitudes impiden el desarrollo normal de la clase y el profesor se ve obligado a emplear más tiempo para controlar la disciplina en el aula.
Por si fuera poco, alrededor de 7.000 profesores tuvieron problemas con la dirección del centro en el que trabajaban cuando dieron a conocer algún tipo de maltrato; fueron desautorizados ante alumnos y padres y no recibieron apoyo por parte de la dirección del centro cuando surgieron los problemas.
Lo peor, con todo, siempre son las amenazas. Y es que padres de alumnos han denunciado a 6.000 profesores, y aproximadamente 5.000 soportaron acoso y amenazas.
En un menor número, algunos profesores recibieron presión desde la dirección del centro para que se modificaran notas y así evitar otros problemas.
Ante esta realidad, el sindicato de profesores ANPE ha puesto en marcha, desde el pasado 21 de noviembre, un servicio gratuito de atención inmediata para los docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. Esta iniciativa, conocida como el Defensor del Profesor, ofrece ayuda, asesoramiento y orientación psicológica, legal y administrativa a los docentes que se sientan amenazados, acosados o agredidos por miembros de la Comunidad Educativa o que no puedan desempeñar su trabajo en condiciones idóneas.
Petición de ayuda
Este recurso, sostenido únicamente por el sindicato de profesores, pretende que el Defensor del Profesor denuncie y saque a la luz la situación de violencia que sufre el profesorado y se exija un cambio de modelo de convivencia en los centros. Desde ANPE, no entienden que tenga que ser responsabilidad suya y solicitan que sea la propia Administración la que ofrezca a sus trabajadores este servicio.
Pedro Crespo, portavoz de ANPE, apunta que, a pesar de las cifras, la mayor parte de los casos no se denuncian porque no existe un apoyo de la administración educativa ni tampoco un protocolo de actuación ante estos casos.
«No se trata de volver a lo que existía hace algunos años, cuando el estudiante prácticamente no tenía ningún derecho, no podía ni siquiera opinar, todo era autoritarismo... Ni tampoco a lo que se está dando hoy en día», apunta el representante sindical, a la vez que recuerda que existe un decreto de derechos y deberes del alumno que debería ser modificado porque ha quedado obsoleto: «El alumno tiene que tener unos derechos pero, ¿dónde están los derechos del profesor?».
En el ámbito familiar podría estar la clave para solucionar estos problemas en los centros. Sería necesaria la colaboración de las familias, no sólo para impartir castigos o dar la razón al profesor cuando la tenga, sino para mejorar una normativa que defienda al profesorado e incluso, en ocasiones, mejorar la situación educativa de los propios padres.
Nuevas herramientas
Desde la Consejería de Educación han puesto en marcha la creación del Observatorio para la Convivencia. En este sentido, Milagros Luis Brito, su titular, reconoce que hay que incidir en todo aquello que sirva para mejorar y proteger los derechos del profesorado porque preocupa el clima de convivencia en las aulas. Por ello, para el próximo mes de abril, se espera quede constituido el Observatorio.
Añade Luis Brito que esto tiene mucho que ver con la convivencia, con la eliminación de la violencia y con la prevención en el ámbito estudiantil pero también con la observancia de los derechos del profesorado y la necesidad de trabajar para que se respete la función del docente y recuperar así la imagen de autoridad del educador. Señala la responsable del área de Educación que para ello habrá que trabajar en instrumentos jurídicos que protejan más al profesorado frente a cualquier agresión.
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