Esta semana ha sido noticia en algún medio que el Gobierno subvenciona a CCOO y UGT con unos quince millones de euros, a repartir prácticamente por partes iguales entre los dos. Los sindicatos USO y el vasco ELA-STV han recibido aproximadamente medio millón cada uno, etc… La lista es larga. Sin embargo la explicación a por qué no estén saliendo a la calle ante la pérdida de unos seis mil empleos diarios, una tasa (oficial) del paro que dobla la de la UE y unas oscurísimas perspectivas del empleo en nuestro país no es tan simple como la que pudiere inferirse tan sólo de este dato.
El ex coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, ha denunciado la traición de los sindicatos, "especialmente los dos mayoritarios", UGT y Comisiones Obreras (CCOO), al afirmar "rotandamente" que no están haciendo lo que deben y que se han convertido en "un apéndice del Estado".
En declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, Anguita denunció la traición de los sindicatos a sus bases y les acusó de haberse incorporado al Estado, refiriéndose a que, a cambio de dinero y privilegios, secundan las políticas del gobierno de turno, anteponiéndolas a los intereses de los trabajadores a los que dicen defender.
Anguita ha dado en la diana, quizás porque ahora tiene la edad y la independencia suficiente para decir la verdad, sin tener que someterla, como en el pasado, a los intereses propios y de su partido.
Los sindicatos han vendido su independencia, su libertad y hasta el sentido de su existencia, que es la defensa de los trabajadores, y se han sometido al gobierno a cambio de dinero abundante y de privilegios, lo que constituye una traición en toda regla.
Es la misma traición de la patronal CEOE y las múltiples organizaciones patronales autonómicas, que perjudican los intereses de los empresarios por causa del sometimiento a unos gobiernos de los que reciben subvenciones abundantes, estatus social, interlocución y una larga serie de privilegios y ventajas, incluyendo negocios de dudosa solvencia ética.
La regeneración de la democracia española y la lucha contra la corrupción exigen, entre otras medidas, la independencia real de los sindicatos, la patronal y también de los partidos políticos.
Ese sometimiento interesado al poder político gobernante anula la independencia y les impide cumplir la función que les corresponde en democracia. Considerar a los sindicatos, patronal y partidos políticos parte de la sociedad civil es una falacia en España porque realmente forman parte del Estado.
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