Que otro juez destape lo que haya en el PP

POR SI FALTARAN argumentos, el auto del juez Garzón en el que dicta la prisión preventiva contra Francisco Correa y otros dos imputados refuerza las razones del PP al poner en evidencia que estamos ante una operación destinada a hacerle el mayor daño posible.
Dice Garzón en su escrito que los delitos fueron cometidos a través de «un conglomerado empresarial» que operaba en ayuntamientos y comunidades mediante «dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas, cuya identidad se está investigando». Y luego precisa que las personas encarceladas entregaron «regalos, presentes y dinero para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado».
Como se puede apreciar, el auto está redactado en los términos más lesivos posibles para el PP, ya que la ambigua descripción de Garzón convierte en sospechoso a cualquier concejal, diputado autonómico, consejero o alto cargo de los ayuntamientos y las comunidades de Madrid y Valencia que haya ejercido sus funciones en los últimos diez años, según acota el mismo escrito del juez. Miles de personas -desde Aguirre y Camps al concejal de un pequeño pueblo- podrían sentirse bajo sospecha pues Garzón habla nada menos que de «múltiples delitos de cohecho».
Es cierto que las empresas de Correa y sus cómplices fueron contratadas por instituciones y municipios gobernados por el PP, pero hasta el momento Garzón sólo ha imputado a los ex alcaldes de Boadilla y Majadahonda, contra los que no ha adoptado medida cautelar alguna. ¿No habría sido más lógico guardarse la baza del cohecho hasta que la investigación permitiera concretar quienes fueron los sobornados? Según la transcripción de conversaciones filtradas del sumario, Correa hablaba en nombre del partido a pesar de que Rajoy ordenó que no se contratara a sus empresas en 2004.Ello justificaría la personación del PP en la causa como acusación particular, ya que, como argumenta en su escrito presentado ayer en la Audiencia Nacional, lo sucedido ha generado «un claro perjuicio» al partido, que se encuentra en «una absoluta situación de indefensión y desamparo».
La aceptación de la personación -que no está clara desde el punto de vista jurídico- es previa para poder recusar al juez. Y es el propio Garzón el que debe decidir si la admite o no. Seguro que la va a desestimar sin molestarse siquiera en leerla. Ello evitará que la Audiencia se pronuncie -salvo que lo solicite alguno de los imputados- sobre la recusación presentada también ayer por el PP, que alega con toda razón la falta de apariencia de imparcialidad del instructor por su «enemistad manifiesta» hacia el partido de Rajoy y su cacería con Bermejo.
Por otro lado, el Poder Judicial tendrá que investigar la denuncia que reprocha a Garzón el incumplimiento de sus deberes judiciales al haberse ido de caza mientras Correa y otros detenidos permanecían en el calabozo.
Pero la vía más factible para apartar a Garzón de este caso sería la aparición en la investigación de personas aforadas como consejeros o diputados autonómicos, lo que obligaría a la Audiencia a inhibirse para que la causa fuera investigada por los tribunales superiores.
Garzón debería renunciar a seguir con esta causa o debería ser apartado de ella, pero no para tapar una posible corrupción en el partido opositor sino para destaparla, para que un juez imparcial llegue hasta el final sin que nadie pueda escudarse en el manifiesto deseo del instructor no de investigar al PP sino de destruirlo.