El proyecto de ley para la implantación de la nueva oficina judicial, presentado por el ministro Mariano Fernández Bermejo como la base de la modernización de la Justicia española, adolece de «graves errores», supondrá «un fuerte menoscabo» del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial, «no responde en absoluto» a las reformas sobre la Justicia que se plantean en el mundo y no solamente no instaurará una administración judicial moderna sino que consagrará el «caos funcional» en los Juzgados y Tribunales.
El mazazo al proyecto estrella de Bermejo no proviene del ámbito político sino de los expertos en derecho Procesal, 75 catedráticos y profesores de una treintena de Universidades de todas las sensibilidades y tendencias: Andrés de la Oliva, Juan Montero Aroca, Vicente Gimeno Sendra, Julio Muerza, Valentín Cortés, Fernando Jiménez Conde, José Luis González Montes o Juan Luis González Colomer.
La comunidad científica advierte de que el proyecto enviado por Bermejo al Parlamento «adolece de graves errores, de los que se derivarían daños irreparables para nuestra Justicia».
De entre esos errores destacan «la sorprendente idea, inexplicada e injustificable, de separar y diferenciar lo jurisdiccional de lo procesal». «Derivan de ahí disposiciones muy negativas y carentes, algunas, de toda racionalidad jurídica», afirman los profesores en una declaración en la que afirman que el proyecto contradice lo establecido en la Constitución sobre la exclusiva atribución de la administración de Justicia a jueces independientes.El proyecto desapodera a los jueces de facultades en materia de ejecución o de admisión de demandas civiles y, en general, «aleja a los jueces de los casos». Todo ello «supondría un fuerte menoscabo de las garantías y derechos de todos en lo relativo a la tutela judicial».
«De aprobarse el proyecto», indican, «gran parte de la administración de la justicia estaría a cargo de los secretarios judiciales», que no son jueces independientes sino funcionarios del Ministerio sometidos a dependencia jerárquica.
A su juicio, de este proyecto «no surgiría ninguna nueva oficina judicial moderna» porque «en absoluto se pondría fin a la situación actual, de confusa bicefalia (en el mejor de los casos) y de responsabilidad difusa e inconcretable sobre lo que se hace y sobre lo que se omite por cada Juzgado y cada Tribunal». «No es de esperar de este proyecto un sistema organizativo adecuado al funcionamiento de los Juzgados», dicen los expertos, que piden «una reflexión detenida, con la participación de quienes, por sus conocimientos y experiencia, deben ser escuchados».
El mazazo al proyecto estrella de Bermejo no proviene del ámbito político sino de los expertos en derecho Procesal, 75 catedráticos y profesores de una treintena de Universidades de todas las sensibilidades y tendencias: Andrés de la Oliva, Juan Montero Aroca, Vicente Gimeno Sendra, Julio Muerza, Valentín Cortés, Fernando Jiménez Conde, José Luis González Montes o Juan Luis González Colomer.
La comunidad científica advierte de que el proyecto enviado por Bermejo al Parlamento «adolece de graves errores, de los que se derivarían daños irreparables para nuestra Justicia».
De entre esos errores destacan «la sorprendente idea, inexplicada e injustificable, de separar y diferenciar lo jurisdiccional de lo procesal». «Derivan de ahí disposiciones muy negativas y carentes, algunas, de toda racionalidad jurídica», afirman los profesores en una declaración en la que afirman que el proyecto contradice lo establecido en la Constitución sobre la exclusiva atribución de la administración de Justicia a jueces independientes.El proyecto desapodera a los jueces de facultades en materia de ejecución o de admisión de demandas civiles y, en general, «aleja a los jueces de los casos». Todo ello «supondría un fuerte menoscabo de las garantías y derechos de todos en lo relativo a la tutela judicial».
«De aprobarse el proyecto», indican, «gran parte de la administración de la justicia estaría a cargo de los secretarios judiciales», que no son jueces independientes sino funcionarios del Ministerio sometidos a dependencia jerárquica.
A su juicio, de este proyecto «no surgiría ninguna nueva oficina judicial moderna» porque «en absoluto se pondría fin a la situación actual, de confusa bicefalia (en el mejor de los casos) y de responsabilidad difusa e inconcretable sobre lo que se hace y sobre lo que se omite por cada Juzgado y cada Tribunal». «No es de esperar de este proyecto un sistema organizativo adecuado al funcionamiento de los Juzgados», dicen los expertos, que piden «una reflexión detenida, con la participación de quienes, por sus conocimientos y experiencia, deben ser escuchados».
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