Ante la «guerra del agua» entre Comunidades autónomas, y a la que no es ajena el Gobierno Central, los españoles han lanzado un claro mensaje a José Luis Rodríguez Zapatero sobre la política hídrica que ha llevado a cabo durante los últimos poco más de cuatro años: la mayoría de la población (93%) declara que cualquier español debe tener derecho a recibir este valioso elemento que sobra en otras regiones del país. Y que, además, son las autoridades (97%) las que deben garantizar el abastecimiento en todas las Comunidades, según se desprende de una encuesta realizada por GAD para ABC.
Los españoles entienden que el agua es un bien común que compartir entre todos, sea cual fuere la ubicación geográfica de cada región, como demuestra el hecho de que siete de cada diez consideran que este preciado elemento no debe cubrir sólo las necesidades de las regiones que están más cerca de la cuencas de los ríos.
Bloqueo al Mediterráneo
Unas opiniones que chocan en más de una ocasión con la política de agua del Gobierno socialista. Una de las primeras medidas de Zapatero en su primera legislatura fue la derogación del trasvase del Ebro que recogía el Plan Hidrológico Nacional, aprobado por el Gobierno del PP. Con ello se bloqueó el trasvase del Ebro a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Ahora la mitad de los españoles (50,5%) piensan que aquella decisión de los socialistas fue un error y sólo un 17% se muestra de acuerdo con la derogación.
En sustitución del trasvase del Ebro, el Gobierno diseñó casi treinta actuaciones -para el aumento de la disponibilidad de recursos hídricos- calificadas de «prioritarias y urgentes», sobre todo desaladoras. Pero esta opción tampoco cuenta con el beneplácito de los españoles, pues casi la mitad (47,9%) no está de acuerdo en apostar por las macrodesaladoras para solucionar los problemas de abastecimiento. Y tampoco los trasvases puntuales convencen. Es preferible un Plan Hidrológico Nacional en toda regla, como cree el 54%.
Y ante esa situación, la mayoría (91%) estima que los ciudadanos de las comunidades afectadas por la derogación del trasvase del Ebro deberían recibir el mismo trato que los de Cataluña, a tenor del reciente trasvase aprobado por el Gobierno central para llevar agua del Ebro a Barcelona, con el fin de paliar los posibles cortes en el suministro que se producirán después del verano si persiste la situación de sequía extrema en la Ciudad Condal.
Pero hay otra cuestión en la que el Ejecutivo no ha convencido, y en nada, a la población. Por mucho que Zapatero y la propia ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, se vetaron la palabra «trasvase» a Barcelona -en su lugar defendieron llamarlo «infraestructura de conducción»-, la transferencia de agua del Ebro a la Ciudad Condal es para el 60% de los españoles un trasvase en toda su dimensión; sólo el 20% piensa lo contrario. Por eso, más de la mitad (58%) cree que el Gobierno ocultó la verdad cuando dijo que no haría ningún trasvase del Ebro.
Un ejemplo:
«Sería desleal al PSOE si no pidiera el trasvase del Ebro»
El alcalde socialista de Benferri (1.200 habitantes), en la Vega Baja alicantina, ha anunciado que aprobará en su Ayuntamiento la moción impulsada por la plataforma «Alcaldes por el agua», convocada por el PP. Luis Vicente Mateo, el primer munícipe en inaugurar una desaladora en la Comunidad -en 1994-, insiste en que la agricultura de la región precisa el trasvase del Ebro porque, entre otras razones, el agua desalada no es apta para el cultivo.
-¿Llevará a pleno el manifiesto aprobado por la plataforma de «Alcaldes por el agua»?
-Sí, el texto aprobado el miércoles se presentará en el Ayuntamiento. No es la primera vez que aprobamos una moción para pedir el trasvase del Ebro.
-¿Por qué es el único alcalde socialista que defiende el trasvase frente a la desalación?
-El agua desalada es apta para abastecimiento, aunque el precio sea más caro. Pero mi experiencia me dice que no se puede utilizar en la agricultura. Los árboles rinden menos, al eliminar la desalación todos los minerales. Y la ósmosis no elimina el boro, por lo que si se riega continuamente con agua desalada, al final se perjudica al cultivo. Soy consecuente con lo que vivo, y les explico a los cargos de mi partido que el programa AGUA no es la solución para nuestra agricultura.
-En los últimos años se ha enfrentado de forma continuada a las tesis oficiales del PSOE.
-No conozco ningún pueblo con un sistema de regadío tan avanzado como el nuestro. Cuando Cristina Narbona llegó al Ministerio, nosotros ya teníamos desaladora. Le llevamos diez años de ventaja, y sabemos que la desalación no es la solución para los cítricos.
-¿A qué atribuye la oposición de su partido al trasvase?
-No lo sé. El PSOE lo tenía muy fácil cuando llegó al Gobierno. Era el mejor momento para recuperar el proyecto de interconexión de cuencas propuesto en la etapa de Borrell, y que el PP rechazó.
-¿Se siente incómodo al defender el trasvase desde el PSOE?
-No sería leal al partido si, sabiendo lo que sé, no lo contara.
-Sin embargo, se ha quedado usted solo.
-Hay más gente que piensa como yo, pero, por el motivo que sea, no se atreve a decirlo en público.
-¿Teme que su presencia en el acto del PP le ocasione una sanción del partido?
-Soy un humilde alcalde que no vive de la política, sino de su empleo de profesor. Sólo aspiro a trabajar por mi pueblo.
Otro, aunque al revés: Montilla avisa de los riesgos de no mejorar ya la financiación de Cataluña. El presidente catalán rechaza retrasar la negociación por la crisis económica
El Acuerdo interno sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que reclamó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su partido, el PSOE, se está demostrando como un parto muy difícil. El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, advierte de que no aceptará ningún retraso sobre el plazo previsto en el Estatuto catalán (el 9 de agosto) para que el Gobierno central y la Generalitat “lleguen a un acuerdo de financiación bilateral para su aplicación a partir de 2009”.
"Cataluña no puede esperar más ni acepta que se le diga que ahora no toca"
Montilla insiste en que si no se cumple el compromiso "el riesgo es grande, porque podría acarrear el desafecto con la política española y la certeza de que un sistema injusto debe ser sustituido". Y ejemplifica cuál podría ser el riesgo: "De ahí a la reivindicación del concierto económico o a la consolidación de fenómenos como la Liga Norte italiana, sólo habría un paso". "Cataluña no puede esperar más. Y sobre todo no puede aceptar que se le diga que 'ara [ahora] no toca".
El aviso de Montilla se incluye en un artículo de opinión que publica hoy EL PAÍS en la página 29, con el que el presidente de la Generalitat replica a otro artículo del pasado miércoles en este periódico de Felipe González, ex presidente del Gobierno. El ex dirigente socialista apostaba en su texto por retrasar la negociación del nuevo sistema de financiación para concentrar "el máximo esfuerzo negociador" en las medidas contra la crisis económica. "Como ambos frentes no pueden ser atendidos a la vez de manera razonable para que sea satisfactorio el resultado, es mejor escalonarlos y centrarse en lo fundamental", alegó González.
"No podemos aplazar esta negociación porque debemos resolver una situación clamorosamente injusta", opone Montilla, quien subraya que "el Estatut de Catalunya obliga a todos". "Sorprende tener que recordar lo obvio". El presidente de la Generalitat también rechaza otro de los argumentos de González, quien cree que la desaceleración económica es un mal momento para ceder más recursos a las comunidades autónomas, que atienden de forma prioritaria las competencias sociales. "La mejor inversión económica es la social", añade el dirigente catalán, que considera un "falso dilema" contraponer gasto social e inversión pública.
La propuesta de González de retrasar la negociación encontró eco en el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. "La lógica nos debería llevar a que la financiación autonómica se discutiera en un momento de mayor bonanza económica", sostuvo el jueves Chaves, aunque matizó que el calendario fijado era "muy difícil de alterar". La intención del Gobierno es cumplir con la fecha prevista. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, aseguró el jueves en el Congreso que pondría "toda la carne en el asador" para alcanzar un acuerdo antes del próximo 9 de agosto.
A esta controversia se suma el patente malestar de varios dirigentes socialistas ante los primeros pasos dados por la Generalitat. A la inmensa mayoría de los Gobiernos autonómicos liderados por el PSOE (salvo Baleares) no les gusta la propuesta catalana de limitar la aplicación del fondo de suficiencia, el mecanismo que da más dinero a las comunidades que tienen menos ingresos por impuestos cedidos para garantizar la igualdad en la prestación de servicios. La Generalitat quiere que se limite a los recursos destinados a salud, educación y servicios sociales, entre el 65% y el 70% del total, según sus cálculos. Tampoco ha gustado el acercamiento de Cataluña a la Comunidad Valenciana para reivindicar que la población sea el criterio esencial en el próximo reparto de dinero.
"No es aceptable que la solidaridad que se reclama a Catalunya perjudique los derechos de los catalanes", prosigue Montilla. Con su propuesta de reforma, la Generalitat quiere igualar la captación de recursos por habitante: en el actual sistema, las comunidades con menos ingresos tributarios, como Extremadura, reciben más dinero del modelo (2.504 euros per cápita) que las que más ingresos tributarios tienen, Madrid (1.7645 euros) o Cataluña (1.920).
Y es que con las cosas del agua y la financiación de las Comunidades Autónomas no se pueden hacer malabares con las palabras.
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