No lo es porque algunos de sus magistrados no tienen el prestigio, credibilidad y trayectoria de sus homólogos. Se lo han ganado a pulso. Los seis magistrados que han apoyado que el «vientre de alquiler» de ETA esté en las instituciones serán responsables de las consecuencias de sus actos.
Hay que acatar la decisión porque no existe otra alternativa pero sin olvidar que es un lamentable acto político. Lo que me resulta más intolerable son los ataques al Supremo.
Hay que poner punto final a la arrogancia de unos juristas nombrados por criterios políticos y algunos con escaso prestigio.
No puede ser que el Constitucional actúe como instancia de casación de las decisiones del Supremo.
Por ello, hay que reformar las leyes para impedir que unos políticos que se esconden detrás de la toga puedan hacer política con esta impunidad. Es lamentable que sea Pascual Sala, un magistrado del Supremo, que desde la presidencia del TC haya dado luz verde a Bildu.
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