Urkullu afirma que ha hecho «cosas que no se pueden contar» para que los proetarras entren en las elecciones.
Alivio del Gobierno después de que los seis magistrados que eligió tumbaran su recurso.
ÁLVARO MARTÍNEZ / MADRID
Son seis.
Y sus nombres son:
Pascual Sala,
Pablo Pérez Tremps,
Elisa Pérez Vera,
Adela Asúa,
Eugenio Gay
y Luis Ignacio Ortega.
Alrededor de estos magistrados del Tribunal Constitucional —todos elegidos a propuesta del PSOE— y su decisión de legalizar la última marca proetarra orbitó el arranque del 22-M, que deparó la reacción casi aliviada del Gobierno, el reconocimiento del PNV de que ha hecho cosas inconfesables, el desaliento del PP y la indignación de las víctimas.Porque fueron «los seis del TC» los que posibilitaron que Bildu se hiciese un hueco en la parrilla electoral causando destrozos casi irreparables en la Ley de Partidos y otros desarreglos graves y de todavía difícil ponderación.
La decisión de Sala, Pérez Tremps, Pérez Vera, Asúa, Gay y Ortega tuvo, por ejemplo, un efecto fulminante y permitió que los proetarras —que esperaban la sentencia en una especie de vigilia abertzaleen las calles de Bilbao— protagonizaran la primera foto de campaña que retrat su júbilo incontenible, guarnicionado con lemas tomados de la fraseología usada por la banda en sus comunicados. «¡Jotake!» (¡Dando duro!) y «Euskal Herría libre y socialista».
Es decir, que antes de que Sala, Pérez Tremps, Pérez Vera, Asúa, Gay y Ortega hubieran llegado a su casa para dormir tras firmar la sentencia ya pudieron comprobar que ETA se había colado en las elecciones.
Era la prueba n+1.
Ese alborozo proetarra continuó ayer.
Bildu no tuvo reparos en reconocer que el TC tomó «una decisión política», en una tónica de desahogo y contento que llegó a contagiar a voces más o menos solventes del socialismo vasco que la emprendieron a golpes dialécticos contra el PP y la «caverna».
En general, el PSOE se acogió al formulismo ramplón y huero de que «los demócratas respetamos las sentencias» y no se entretuvo en analizar el cambio trascendental que supone que los «vicarios de ETA», en palabras del Tribunal Supremo regresen a los ayuntamientos y diputaciones forales con todos sus avíos políticos (subvenciones, presencia en instituciones, capacidad de interlocución y negociación...) rehabilitados por Sala, Pérez Tremps, Pérez Vera, Asúa, Gay y Ortega.
El Ejecutivo ve el fin de ETA.
En este sentido, el Gobierno pareció incluso aliviado por la «legalización» de la marca proetarra.
Al menos no expresó malestar alguno por su derrota (fue él quien recurrió las listas de Bildu por ser «una continuación de ETA»), como si fuera cotidiano que el TC le quitara la razón. Y en un asunto tan trascendental, no precisamente en la rectificación de un plan comarcal de carreteras.
Zapatero no hizo ni la menor referencia al tema del día en su primer mitin de campaña, en León.
Pero la postura del Ejecutivo apunta más bien al alivio después de que Rubalcaba (pasado, presente y puede que hasta futuro del PSOE) contextualizase la sentencia auspiciada por Sala, Pérez Tremps, Pérez Vera, Asúa, Gay y Ortega en que «estamos ante el principio del fin de ETA porque hemos sabido aplicar el Estado de Derecho; y de la mano del Estado de Derecho seguiremos nuestro trabajo y acabaremos derrotando a ETA».
No dijo si la resolución le resultaba o no «agradable», término apócrifo que pudo escucharse en la última reunión del Grupo Socialista el Congreso para referirse a la posibilidad de que el TC diese el visto bueno a Bildu y que disparó la teoría de que el PSOE mantiene un «doble juego» desde el principio.
Sea como fuere, ayer Rubalcaba aportó más argumentos al teorema del alivio gubernamental, pues dio por hecha «la estabilidad parlamentaria, en lo que queda de legislatura», después de que el PNV dejase en suspenso, días atrás, la colaboración con el Gobierno si Bildu se quedaba fuera de las urnas. Más aún, el presidente peneuvista, Iñigo Urkullu, anunciaba ayer pomposamente «un nuevo tiempo» tras la sentencia. También en plena fase de crecimiento, el líder nacionalista se vanaglorió de que su partido «ha hecho cosas que no se pueden contar» para repescar a los proetarras.
Preparándose para el aguacero de críticas que se le viene encima, Pérez Rubalcaba no fue más allá de considerar «una insidia» apuntar que el Ejecutivo ha presionado a «los seis del TC» para que dieran vía libre a Bildu.
Ese flanco de crítica que señala un doble juego (recurro pero estoy encantado con que el TC fulmine mi recurso) no dejó de hostigar al Ejecutivo.
Parte del PP no dudó en responsabilizar al Gobierno, retomando la teoría sostenida por Mayor de que todo forma parte de una proceso negociación encubierta con la banda. Así, dirigentes populares creen inevitable que el PP revise el apoyo que sostiene a López como lendakari y el pacto anti ETA.
Sin ir tan lejos, la plana mayor del PP sí rechazó sin matices el contenido de la resolución aupada por «los seis del TC». En su mitin, Rajoy calificó la noticia como «un paso atrás en la lucha antiterrosista. Lamentamos la decisión que permite que listas patrocinadas por ETA-Batasuna vayan a las elecciones, en contra de la decisión del Supremo». Afirmó, además, que el PP recurrirá a cuantos medios legales tenga a su alcance para evitarlo. «Y pido al Gobierno —remató— que ponga en marcha esos instrumentos».
Por último, la sentencia tuvo un efecto devastador sobre las víctimas («Hoy nos han vuelto a matar») que ya preparan manifestaciones.
La primera está convocada en Madrid el sábado 14 de mayo, justo en el ecuador de una campaña electoral que quedará marcada por una decisión con nombres y apellidos: Pascual Sala, Pablo Pérez Tremps, Elisa Pérez Vera, Adela Asúa, Eugenio Gay y Luis Ortega.
Son seis y ahí empezó todo.
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