En ese sentido cabe decir lo que todos dicen al hilo de la decisión del Tribunal Constitucional en la que se le enmienda la plana al Supremo a propósito del vidrioso caso Bildu.
Si nos atenemos a la definición de respeto que da en su diccionario Julio Casares —«Justa apreciación de las excelencias morales de una persona y acatamiento que por tal causa se le hace»— es más difícil respetar al TC que preside Pascual Sala, un notable magistrado presente en todas las salsas judiciales del socialismo español desde los ya lejanos días en que Felipe González acabó con la separación de los poderes del Estado y Alfonso Guerra pudo anunciar, con precisión científica, la muerte de Montesquieu, barón de Secondat; la enfermedad de partida de nuestra democracia que el PP debiera proponerse sanar.
Lo que para el Supremo era este pasado lunes una estrategia diseñada por ETA para concurrir a las elecciones en las municipales del País Vasco y en las municipales y autonómicas de Navarra, no lo era ayer para el Constitucional.
Los grandes servidores del Gobierno de Zapatero, siempre zigzagueante en estos difíciles asuntos, se han apresurado a proclamar que el dilema que presentaba la inquietante coalición de Eusko Alkartasuna, Alternatiba y un puñado de «independientes» de clara procedencia abertzale se ha resuelto en el ámbito jurídico. No es así. El «ámbito jurídico» termina en el Supremo. El del Constitucional es un ámbito político como demuestran su raíz fundacional, la provisión de sus miembros y las sentencias que, desde la de Rumasa, vienen sorprendiéndonos y debilitando la confianza constitucional de muchos ciudadanos que, dado el cuadro institucional español, consideramos ese TC como algo innecesario. Superfluo.
Si, como el TC nos enseña con su ejemplo, nos instalamos en la presunción, es muy posible que si el pasado mes de enero, cuando después de la crisis marcada en la institución por su polémica sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, Pascual Sala y Manuel Aragón —ambos igualmente progresistas— se disputaban la presidencia del TC hubiera resultado elegido el segundo en vez del primero, el equilibrio hubiera sido ahora otro bien distinto.
En materia de tribunales, sean del rango que fueren, lo importante no es la clasificación política de quienes los integran.
Eso no necesariamente imprime carácter.
Lo que marca a los integrantes de un tribunal es su nivel de independencia.
Y lo que son las cosas, el progresista Aragón, entonces, defendió la idea de España como Nación y ahora ha votado con los conservadores.
MANUEL MARTÍN FERRAND.
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