Un 64% -que llega al 70% entre los votantes del PSOE- cree que detrás está ETA
VICTORIA PREGO.- 08/05/2011.
Un 60% contra la legalización de Bildu; sólo un 27% a favor.
Un 64% -que llega al 70% entre los votantes del PSOE- cree que detrás están ETA o Batasuna.
Un 44% piensa que el Gobierno ha influido en el TC a favor de legalizar a Bildu y un 41% que no.
Un 52% opina que la sentencia será negativa para la lucha antiterrorista y un 27% positiva
El Gobierno no ha logrado escapar del veredicto condenatorio de los ciudadanos en la adjudicación de la responsabilidad real, no oficial, de la decisión de legalizar a Bildu y con ella a todos los llamados «independientes» que dominan de manera aplastante las listas electorales de esta coalición.
Además, y según el sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO, los electores están en riguroso desacuerdo con haber dado vía libre a Bildu.
Frente a un exiguo 27% que aprueba la decisión, casi el 60% expresa su rechazo a la legalización de la coalición porque -en una proporción aún mayor (63,8%), que en el caso de los votantes del PSOE llega nada menos que al 70%- considera que lo que ha hecho en realidad el Tribunal Constitucional es legalizar Batasuna, detrás de la cual sigue estando ETA.
Esto mismo es lo que afirmaba hace apenas 10 días el propio vicepresidente primero y ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Se ve que a los españoles no se les ha olvidado su voz cuando el martes 26 de abril, y en la sede de su propio ministerio, afirmó con toda claridad: «Bildu está en la estrategia de ETA. Cuando uno mira la estrategia de ETA, ahí aparece Bildu», antes de añadir, con toda razón, además, que los informes de la Policía y de la Guardia Civil eran «buenos informes» y estaban «muy bien documentados».
Por esa razón quizá, casi el 60% de los ciudadanos preguntados está en desacuerdo con que la coalición se haya legalizado. En esto siguen secundando impertérritos las afirmaciones que, hasta muy poco antes de que el Constitucional diera a conocer su sentencia, hicieron públicamente líderes políticos de la importancia y el peso del vicepresidente primero del Gobierno.
Y en esto no hay fisuras porque, separados por segmentos, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los menos jóvenes, los maduros y los jubilados dicen lo mismo: rechazan esta legalización. Pero es que la respuesta tiene una derivada política del máximo interés y es la de que la aplastante mayoría de los que se declaran votantes socialistas muestran el mismo desacuerdo, la misma oposición que todos los demás. Un 58% de seguidores del PSOE se opone a lo que ha sucedido y eso puede tener sin duda un nuevo coste político para el partido hoy en el Gobierno. Un coste que ha de sumarse a los ya conocidos del rechazo que han expresado sus bases a las políticas llevadas a cabo por el presidente Zapatero en esta última legislatura.
En esta clave hay que explicar, por tanto, la decisión de la cúpula socialista de no abordar ni de refilón el tema Bildu durante la campaña electoral. Por descontado, pero esto ya no es ninguna sorpresa, los votantes del PP muestran de manera abrumadora su desacuerdo con la legalización de la coalición: nada menos que el 86% de los que se declaran seguidores del partido conservador se opone a lo sucedido.
Y también, ojo a este dato, se oponen los votantes de Izquierda Unida, a pesar de que su líder Cayo Lara haya expresado repetidamente en público su deseo, casi exigencia democrática de que Bildu fuera legalizada. Sin embargo, y a tenor de este sondeo, el 49,3% de sus votantes, es decir, casi la mitad, expresa su rechazo a la sentencia del Constitucional.
También es verdad que no se culpa de forma abrumadoramente mayoritaria al Gobierno socialista de lo ocurrido. En el cómputo general aparece, en efecto, un (44,4%) que cree que ha sido el Ejecutivo el que ha influido sobre los magistrados para que revocaran la sentencia del Supremo. Pero un nada desdeñable 40,7% piensa que el Gobierno no ha tenido la culpa, dicho en crudo, de lo que han hecho los jueces.
Esa relación de una ligera mayoría que le adjudica la responsabilidad no se mantiene, además, en todos los segmentos: los jóvenes creen mayoritariamente que el Gobierno ha presionado al TC; los de 30 a 44 años creen que no; los mayores de 45 opinan con gran diferencia (50,7%) que sí y los jubilados se dividen casi por la mitad.
Donde las distancias se disparan es en los segmentos de adscripción ideológica: los votantes del PSOE en absoluto creen al Gobierno capaz de semejante cosa (58,2%) mientras los votantes del PP no albergan la más mínima duda (78%) de que los magistrados que votaron a favor de la legalización de Bildu y que en su día fueron nombrados para sus puestos por el PSOE, han sido claramente presionados por el Ejecutivo. Los votantes de IU se inclinan por exonerar al Gobierno y a sus ministros de una maniobra así. Pero, hay que insistir en esto, en el cómputo general aparece una división de opiniones que quizá se vaya decantando con el paso de los días. Sobre todo si al final el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, acaba contando qué cosas «que no se pueden contar» en este momento hizo él para conseguir que Bildu fuera legalizada. Suele ser cuestión de tiempo.
Bildu es ETA.
En todo lo demás, los españoles consultados por la empresa Sigma Dos para EL MUNDO demuestran tener muy clara cuál es la verdad y cuál la mentira en torno a los ciudadanos vascos a los que Batasuna ha conducido hasta las candidaturas. El 63%, por ejemplo, coincide con las interpretaciones oficiales de hace días según las cuales ETA o Batasuna están detrás de Bildu. Y aquí no hay discrepancias sino todo lo contrario: la proporción de los que están convencidos de que la coalición recién legalizada esconde a los proetarras y que éstos siguen la estrategia de los terroristas se mantiene inalterada en todos los segmentos y siempre por encima del 60%. Pero es que los votantes del PSOE superan ampliamente a la mayoría registrada en el cómputo general: casi el 70% de los seguidores socialistas (69,9%) opina eso, que Bildu es Batasuna y ETA con otro nombre. Otra cosa es que, como ya se ha señalado antes, el porcentaje de los que, siendo partidarios del PSOE, discrepan de la legalización se reduzca en 10 puntos más o menos respecto de quienes tienen clarísimo cuál es la verdadera identidad de Bildu.
Más templados son los votantes de Izquierda Unida, que, aún siendo clara mayoría (50,5%) los que opinan lo mismo que todos los demás, tienen un 25,6% que piensa que no, que Bildu es otra cosa distinta de ETA. Pero aquí hay que señalar al descomunal porcentaje de casi un 24% de los que se posicionan a la izquierda del PSOE que se refugia en un inmaculado y tranquilizador No sabe No Contesta.
Por lo que se refiere al futuro, aquí nadie cree que esta legalización vaya a ayudar a acabar con el terrorismo en España.
Nadie es nadie, ni en el cómputo general ni en ninguno de los segmentos. Los porcentajes de los descreídos se imponen claramente -en torno al 50%- sobre quienes esperan ver la luz de la paz una vez que los de Bildu tomen posesión de sus escaños. El sector de los optimistas oscila entre un 20 y un 30% de los consultados. Muy escaso porcentaje, habida cuenta de la importancia de la decisión adoptada. Y, como era de prever, son los votantes del PP los que en mayor medida (80,4%) afirman que esta legalización no servirá para que los terroristas dejen de amenazarnos.
Pero es que también es negativa la opinión de los ciudadanos sobre los efectos que la decisión del TC va a tener en la situación política del País Vasco. El 42,3% opina en ese sentido y, salvo los votantes de IU, sector en el que los optimistas (37,2%) superan por muy poco a los pesimistas (35,6%), el resto de los ciudadanos no espera nada bueno de lo sucedido la semana pasada. Bien es verdad que, según señalan los expertos, la posición de la opinión pública en el País Vasco es distinta de la del resto de España y es allí donde se alberga la clara esperanza de que la entrada de los proetarras en las instituciones se vea compensada con un alineamiento definitivo de los radicales en las filas de la democracia y una retirada voluntaria de los terroristas y su renuncia definitivamente a la violencia. Y, dado que la decisión del Constitucional es irreversible, ya sólo queda esperar a que los optimistas tengan, esta vez, razón.
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