«Lo grave no es que nos revoquen una sentencia, pues entra dentro de las reglas procesales; lo grave es que se ha transmitido a los ciudadanos una imagen de politización de la Justicia, de pacto previo sobre lo que iba a resolver el Tribunal Constitucional.
El coste para las instituciones es tremendo».
Estas durísimas palabras resumen el sentir de un buen número de magistrados del Tribunal Supremo tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional de estimar el recurso de amparo presentado por Bildu y echar así por tierra la convicción jurídica de la mayoría de la «Sala del 61» respecto a la instrumentalización de la coalición por ETA /Batasuna para colarse en las elecciones del próximo día 22.
Cartas marcadas
La indignación es tal que los magistrados —sólo algunos de los consultados son miembros de la «Sala del 61»— exponen sin pudor su sospecha sobre la existencia de un «guión» previo en el que el director ha sido el Gobierno y los actores, el Supremo y el Constitucional. «Es lamentable —aseguran— que se hayan cumplido prácticamente todas las predicciones sobre lo que iba a ocurrir». «Aquí ha habido un trasfondo político y las cartas que se han jugado no son los argumentos jurídicos», denuncian.
Los magistrados consultados advierten del daño sufrido por la Justicia al conocerse con antelación a través de los medios de comunicación cuál iba a ser la decisión del Tribunal Constitucional e incluso los pasos que iban a llevar hasta ella.
Desde el momento en que la «Sala del 61» anuló las 254 candidaturas de Bildu, la actuación y declaraciones de los miembros del Gobierno y de significados dirigentes políticos (tanto socialistas como del PNV) anticipaban el final de la película, fotograma a fotograma: se adelantó que la Sala Segunda del TC, llamada por el turno de reparto a resolver el recurso de Bildu, se bloquearía en un tres a tres dado el equilibrio «ideológico» de los magistrados que la integran; se sospechó que Eugeni Gay, presidente de esa Sala, no haría uso del voto de calidad para deshacer el empate; se intuyó, casi se supo con certeza, que, una vez en el Pleno, Bildu ganaría el recurso y podría presentarse a las elecciones. Hasta la «fuga» de Manuel Aragón y el definitivo 6-5 de la votación estaban entre las probabilidades.
El rumor que corría ayer por los pasillos del Supremo apuntaba a que la mano del Gobierno ha estado detrás de todo el proceso, y no sólo como promotor de la demanda de la Abogacía del Estado sino también como «tejedor» de una decisión anunciada con demasiada anticipación.
Según las fuentes consultadas, los intentos del Ejecutivo de «dirigir» las decisiones judiciales comenzaron con Sortu, pero la «Sala del 61» del Supremo abortó la constitución del partido político que debía integrarse en Bildu junto a Eusko Alkartasuna y Alternatiba.
La decisión fue ajustadísima —9 votos frente a 7— y se produjo la fractura del Tribunal en bloques «ideológicos» bastante definidos: conservadores y moderados por un lado, y progresistas por otro.
Sólo tres magistrados anunciaron tras la votación que redactarían votos particulares. Durante las horas sucesivas, a esos tres magistrados se sumaron los otros cuatro discrepantes. Finalmente, hubo un único voto particular firmado por los siete. Detrás de ese movimiento, algunos ven un «intento coordinado de debilitar la decisión mayoritaria».
Poca credibilidad.
Cuando llegaron al Supremo las demandas contra las candidaturas de Bildu, existía el convencimiento generalizado de que la votación sería idéntica o muy similar, con la incógnita del lado en el que se posicionaría el magistrado Xavier O`Callaghan, ausente de la deliberación sobre Sortu, ocurrida unas semanas antes. Y así fue. Nueve votaron a favor de anular las candidaturas de Bildu y seis lo hicieron en contra. Todos los magistrados —menos uno, que optó por una solución intermedia— repitieron con Bildu el sentido de su votación en Sortu.
Pero si algo parecía estar claro para el Gobierno era que el Tribunal Constitucional revocaría la sentencia del Supremo sobre Bildu. Ese mensaje sirvió al presidente Zapatero y al ministro Rubalcaba para calmar al PNV tras la anulación de las listas.
Un día después de anunciar la ruptura total de su colaboración con el Ejecutivo, los nacionalistas suavizaron su discurso a la espera de la sentencia del Constitucional. «Qué les dijeron», se preguntan en el Supremo, donde existe un sentir generalizado de que estos episodios «han puesto en entredicho la credibilidad de los tribunales».
Ya en el terreno estrictamente jurídico, los magistrados aseguran que la línea doctrinal seguida por la sentencia del Supremo sobre las listas Bildu es la misma que ha sido avalada hasta en cuatro ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Y advierten que la primera consecuencia de la sentencia del TC será la «desactivación de facto» de la ley de partidos. De hecho, explican, para anular la sentencia de la «Sala del 61» lo más probable es que el Constitucional argumente que las pruebas no son lo suficientemente contundentes. «El TC exigirá a partir de ahora unas pruebas tan evidentes que será imposible aportarlas. Bastará que Batasuna se presente en coalición con partidos legales para estar siempre presente en las elecciones».
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