La justicia, para ser justicia, debe ser independiente tanto de los poderes del Estado como de cualquier tipo de influencias.
Por esta razón, la justicia, la única capaz de defender nuestros derechos, está profundamente desencantada, decepcionada.
Durante mucho tiempo se ha luchado en España por desligar al Poder Judicial del Gobierno, por evitar que intereses políticos puedan ser más fuertes que la propia ley. Se han promulgado y reformado leyes, se ha trabajado mucho, pero la realidad nos da la espalda una vez más, en esta ocasión con el caso Bildu.
Sin aludir a pruebas, investigaciones, informes, denuncias, sin leer recursos ni sentencias, la decisión de Tribunal Constitucional tiene un componente que no forma parte de la justicia. Estos días hemos visto cómo el futuro político del Gobierno se veía amenazado por una decisión de la que no podían participar, en la que no podían influir. Los medios de comunicación han puesto su empeño en presionar, gracias al poder que tienen, para inclinar la balanza hacia el lado que más les interesa.
Hemos visto cómo calificaban a unos y otros magistrados del Tribunal como conservadores o progresistas, y así se hacían predicciones acerca de la decisión final que se tomaría. Pues bien, no se han equivocado. No es posible equivocarse si, de los 12 componentes del Tribunal, 10 son elegidos por Gobierno, Congreso y Senado, y en estas tres instituciones solo es posible respirar interés político.
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