domingo, 10 de abril de 2011

Culpadas, difamadas, silenciadas

Díptico editado por la Guardia Civil con varias de las víctimas de ETA miembros del Instituto Armado.

Eran las cinco de la tarde del 13 de junio de 1991.
El guardia civil Ricardo Couso Río llegaba al colegio Franciscanas de Montpellier de Valle de Trápaga, en Vizcaya, para recoger a su hijo Ricardo, de 9 años.
A las puertas del colegio, un etarra le disparó 6 tiros. Murió delante de su hijo. El lugar estaba lleno de padres y madres, pero ni uno solo se acercó a consolar, a abrazar y a acompañar a aquel niño que permaneció sentado completamente solo en un banquito de piedra hasta que llegaron los compañeros de su padre.
Es la terrible historia de una de las 857 víctimas mortales de ETA y de su familia.
Y es también la historia de una sociedad que ha sostenido el terrorismo con su comprensión del crimen, con su silencio, con su miedo, con su negociación. Hasta nuestros días.
Entonces y ahora, las víctimas han constituido el gran obstáculo para la realización de los objetivos de ETA. De ahí la significación, no sólo ética, sino profundamente política de la historia de la movilización de las víctimas.
Una historia política que pasa por tres etapas: la inculpación, la difamación y el silenciamiento.
El periodo de la inculpación, años 70 y 80, es aquel de los años de plomo, del «algo habrá hecho» en que los asesinados por ETA eran convertidos en sospechosos, cuando la inmensa mayoría de la sociedad vasca callaba, miraba hacia otro lado o simpatizaba con los asesinos. En aquella terrible atmósfera, —«todo lo que diga es poco ante la realidad de aquel momento», relata Ana María Vidal Abarca—, nació la AVT, la asociación de víctimas más importante. Con otras dos mujeres, Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O´Shea, la fundaron en febrero de 1981. Pocos años después, convocaron su primera rueda de prensa. Alquilaron un salón del hotel Velázquez, llamaron a todos los medios de comunicación y lo llenaron de sillas. Acudieron dos periodistas, recuerda Ana María. Y eso que era Madrid.
Por la misma época, el 20 de mayo de 1986, Cristina Cuesta convocó en San Sebastián la primera concentración en repulsa por el asesinato del policía nacional Manuel Fuentes Pedreira. Acudieron unas cuarenta personas a la plaza Gipuzkoa y aquello constituyó el nacimiento de una movilización que no dejó de crecer. Otras tres mujeres, Cristina Cuesta, Teresa Díaz Bada y Consuelo Ordóñez fundaron COVITE en noviembre de 1998. Y en la misma época nacieron el Foro de Ermua y Basta Ya, movimientos cívicos que, junto con las asociaciones de víctimas, han protagonizado desde entonces la movilización social antiterrorista.

Acallar a las víctimas
Esa movilización antiterrorista se convirtió en el gran obstáculo para la victoria de ETA. Pues sus activistas no sólo lucharon contra el sostenimiento político y social de ETA en el País Vasco sino que exigieron justicia para las víctimas y denunciaron la negociación del Estado con los criminales. La segunda etapa de la movilización de las víctimas, la de su difamación, se sitúa en ese contexto. Cuando Zapatero decidió negociar con ETA, encontró en las víctimas la principal oposición. Los papeles del etarra Thierry, conocidos hace unos días, incluyen las siguientes frases de un negociador del Gobierno, pronunciadas en una reunión con ETA en junio de 2006: «No contábamos con el nivel de ataque del PP, de la mayoría de la prensa y de la AVT. Os quedará la duda pero el Gobierno ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura. Como ejemplo, el caso de Batasuna. Pero el PP ha encontrado un agarradero entre los jueces y las víctimas».
En ese contexto se produjo la demonización de las víctimas desde muchos de los que apoyaron la negociación con los terroristas. Mientras las víctimas se manifestaban en la calle contra la negociación del Gobierno socialista con ETA, éstas eran convertidas en extremistas, exaltados o fundamentalistas por políticos y opinadores. Javier Marías llegó a calificar a la AVT de «brazo manifestante de la extrema derecha mediática». Y es que, como relata Cristina Cuesta, «había que acallar a las víctimas para negociar».
El socialismo y el nacionalismo volvían a confluir tras aquella unidad antiterrorista del PP y del PSOE que dio lugar al Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos, dos de los mayores logros políticos de la movilización social. Pero algunos socialistas como Zapatero, herederos de la izquierda antifranquista que apoyó a ETA, nunca creyeron, en realidad, en su derrota. La negociación era para ellos, no tanto una solución pragmática o el fruto de su obsesión por la paz, sino el reflejo de la comprensión histórica de las razones del terrorismo antifranquista y ultranacionalista de ETA. Y las víctimas, quienes lo ponían de manifiesto ante la sociedad.
Hay dos mecanismos finales para acallar a las víctimas que permanecen en la actualidad y que se han reactivado a raíz de las maniobras para legalizar a Sortu. La de sugerir que el antiterrorismo se ha convertido en un medio de vida y la de deslegitimar la voz de las víctimas tachándola de imparcial. Incluso Felipe González ha caído en la primera. Lo hizo el pasado marzo cuando, en pleno debate sobre Sortu, dijo sobre Jaime Mayor Oreja que «tiene una especie de terror al vacío de que no haya ETA». Sobre el segundo mecanismo, son múltiples las voces que lo han usado. Se trata de anular la voz de las víctimas por su «extremada subjetividad», por su «vinculación sentimental». Como señala Maite Pagazaurtundua, es una vieja técnica nacionalista, adoptada últimamente por otros muchos sectores, que pretende, además, restringir a las víctimas al duelo privado y eliminar la memoria pública.
El catedrático Francisco Laporta lo escribió durante la negociación del Gobierno con ETA. Las víctimas deben ser excluidas de la toma de decisiones «por razones de imparcialidad», afirmó. Pues la decisión en cuestión es la de realizar determinadas cesiones a los criminales y no deben opinar aquellos que se oponen a tales acuerdos.
A día de hoy, el final de ETA es incierto. Aún no sabemos si ese final será el de la derrota o el de su victoria, al menos parcial, a través de la incorporación a las instituciones y la consecución de algunos de sus objetivos políticos. Lo que sí sabemos, como señala Cristina Cuesta, es que la AVT y la movilización de las víctimas han sido líderes y pioneras en la resistencia contra ETA. En la exigencia de justicia, en la deslegitimación del terrorismo y en la vigilancia del Estado y sus tentaciones de apaciguamiento y negociación. En 2011 como en 1981. Edurne Uiarte.

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