El Gobierno ha decidido apretar las tuercas de las cajas de ahorros una vez demostradas las carencias de la última Ley de Órganos Rectores (LORCA), aprobada en julio a instancias del propio sector. Las presiones del Banco de España para propiciar las llamadas «fusiones frías» de las cajas solo sirvieron como coartada legal en la financiación de los casi 12.000 millones aportados a estas entidades financieras por parte del Estado a través del Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB).
Sin embargo, las cajas han empleado estos recursos para ajustar sus estructuras laborales, pero no han culminado el saneamiento de sus balances, lo que ha obligado al Ministerio de Economía a una nueva actuación a la desesperada con el fin de cumplir los requisitos impuestos por Alemania y el resto de la Unión Europea.
Las nuevas medidas de recapitalización anunciadas por Elena Salgado suponen un coste añadido para el erario público que medios oficiales estiman en no más de 20.000 millones, aun cuando todos los analistas internacionales aseguran que el agujero inmobiliario de las cajas de ahorros es mucho mayor. En realidad, el Gobierno no pretende tapar de golpe todos los activos dudosos acumulados durante la era de la abundancia en el sector del ladrillo, sino, más bien, asegurar los niveles de capital adecuados para que las cajas puedan restaurar el crédito a las empresas y a las familias.
Zapatero trata así de dar un golpe en la mesa que resuene en Bruselas, poniendo de relieve la necesidad urgente de alcanzar niveles de solvencia en un sistema financiero que él mismo definió no hace tanto tiempo como el mejor del mundo occidental, craso y enésimo error de cálculo que evidencia la improvisación de la política económica en uno de los sectores estratégicos para salir de la depresión económica que padece España.
Ahora habrá que actuar deprisa y corriendo para salvar a las cajas con nuevos recursos públicos, lo que dará lugar a su nacionalización efectiva y al consiguiente enfrentamiento con los diferentes gobiernos regionales afectados.
Quizá por eso el Gobierno socialista haya ampliado el margen de actuación hasta septiembre, para no interferir en el actual proceso electoral de comunidades autónomas y ayuntamientos. Una vez más, la búsqueda de soluciones a la crisis, por muy grave que se presente la situación, queda supeditada al calendario político.
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