En un primer momento, la patronal del sector (CECA) insistió en la fortaleza y solvencia de las entidades, negando por activa y por pasiva el reconocimiento de cualquier tipo de problema derivado del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Pero la realidad se acabó imponiendo, y los mensajes optimistas dieron paso a las presiones por parte del Banco de España para iniciar un complejo proceso de fusiones.
Durante meses, los gobiernos regionales rechazaron las fusiones interregionales a fin de mantener el control de sus brazos financieros.
Poco duró. El pasado verano, PP y PSOE acordaron reformar la Ley de Cajas de Ahorros para eliminar tales obstáculos e impulsar así el proceso.
Con esta primera ronda, aún en marcha, se prevé que el número de cajas pase de las 45 existentes en 2009 a un total de 17.
Hasta el momento, la mayoría de estas fusiones se ha efectuado mediante la constitución de los denominados Sistemas Institucionales de Protección (SIP), en el que están implicadas 22 entidades.
Sin embargo, la apuesta por esta particular figura híbrida no está dando los resultados previstos. Esta solución "no funciona", tal y como explica Luis Garicano, profesor en la London School of Economics y miembro destacado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Los SIP, o fusiones frías, no son otra cosa que una unión de cajas, en la que cada entidad conserva su marca y su respectivo consejo de administración, pero que cuenta con una especie de fondo compartido para fortalecer la solvencia de las más débiles.
Esta vía no está solventando los "tres frentes" que deben afrontar las cajas: exceso de capacidad (oficinas y personal); acumulación de activos dudosos (crédito inmobiliario); y escasa capacidad profesional de sus respectivos consejos de administración, debido al control mayoritario que ejercen políticos y sindicatos.
*.- 1. Exceso de capacidad:
Las cajas fusionadas están reduciendo plantilla por la vía de la jubilación anticipada, con remuneraciones superiores al 85% del sueldo corriente e igualación al alza de los salarios de las entidades fusionadas. Además, "por la parte alta del escalafón de las cajas no parece que la tendencia sea a reducir plantilla y buena parte de las competencias estarán duplicadas".
*.- 2. Balances:
La exposición del sistema financiero al sector inmobiliario se mantiene en los 325.000 millones de euros. Así, "por el lado de los activos malos tampoco se esperan grandes progresos. Las fusiones van a servir para compartir solvencia y como excusa para tomar prestado del FROB, pero el problema sigue ahí".
Los SIP añaden dos efectos negativos: "opacidad" en los balances de las cajas fusionadas e incertidumbre en el mercado ante la incomprensión de esta figura jurídica; además, "estamos creando entidades cada vez más grandes y sistémicas".
*.- 3. Gobierno Corporativo:
Los SIP no han mostrado ningún avance en esta materia sino, más bien, todo lo contrario.
Los políticos siguen controlando las cajas fusionadas. "Con los niveles de tolerancia al riesgo e incertidumbre bajo mínimos, cualquier cosa que huela a politización, luchas de poder o falta de profesionalidad va a espantar a cualquier inversor razonable".
"Los consejeros a cargo del negocio bancario, es decir, el consejo del Banco-SIP que se ocupará de la operativa del banco, va a estar compuesto por políticos". Así pues, nada ha cambiado.
Las nuevas entidades no lograrán el objetivo pretendido: captar y ampliar capital privado para reforzar su solvencia mediante la emisión de cuotas participativas.
"¿Cuánto estaría dispuesto a pagar un fondo de inversión activista por una participación en una caja y un asiento en el consejo?.
Si los compañeros de viaje son 20 políticos, seguramente, muy poco", responde Garicano.
Hasta tal punto esto es así que el Banco de España pretende ahora que las 22 cajas implicadas en los SIP se conviertan en bancos, según publica este miércoles El Economista.
Las entidades que participan en este tipo de fusiones se convertirán en bancos con el traspaso de la totalidad de los activos de sus integrantes, y las cajas se dedicarán sólo a la obra social gracias a los dividendos que recibirán por sus participaciones en los SIP.
¿Problema?.
Las entidades integrantes del Banco-SIP seguirán manteniendo su estatus jurídico de cajas. Es decir, el control mayoritario del banco privado seguirá en manos de las cajas y, por tanto, de los políticos.
La historia demuestra que esta segunda fase o ronda que ahora pretende impulsar el Banco de España también fracasará. Y es que, por mucho que formalmente operen a través de bancos privados (con acceso, por tanto, al mercado de capitales) los políticos seguirán controlando la entidad. Las cajas seguirán siendo cajas, lo cual significa que poseerán más del 50% del capital del banco.
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