Quiero la independencia

EDURNE URIARTE.

En democracia, ni siquiera la mayoría es requisito suficiente para la pretensión de legitimidad. La exigencia planteada debe ser conforme a la legalidad.

YO también quiero la independencia. Sobre todo, la fiscal, como los nacionalistas catalanes. De hecho, me podría conformar con un nuevo pacto fiscal con el Estado consistente en una significativa reducción de mi aportación a la solidaridad con el resto de españoles. Aún más, exijo un control total sobre mis impuestos. Ya determinaré yo misma el monto definitivo de mi aportación a la solidaridad. Y después de todo eso, seguramente no renunciaré a mi deseo de independencia política, lo que me permitirá, entre otras cosas, una nueva formulación de las leyes conforme a lo que me parezca más oportuno y un control total de las instituciones que vayan a regular mi vida.

Ese es el problema democrático de la exigencia de la independencia y de la reivindicación del pacto fiscal. Que su legitimidad no es ni mucho menos evidente ni clara. Más bien todo lo contrario. Y es el primer punto de debate que debe ser aclarado en esta nueva andanada por la independencia que vuelve e desestabilizar el sistema político español. Definitivamente aclarado, sin tanto complejo respecto de los nacionalismos étnicos y sin tanta confusión sobre la correspondencia entre la existencia de una mayoría y la legitimidad.

En democracia, ni siquiera la mayoría es requisito suficiente para la pretensión de legitimidad. Además, la exigencia planteada por esa mayoría debe ser conforme a la legalidad y su contenido debe respetar los derechos, normas y principios básicos del sistema democrático. De ahí que no haya manera de aprobar, por ejemplo, un pacto fiscal para el pago de un 5% de nuestras ganancias en impuestos, reivindicación que sumaría, ciertamente, una amplia mayoría.

Y, en el caso de la reivindicación independentista, tampoco la mayoría está clara. Todas las encuestas realizadas desde la Transición con la pregunta sobre las fórmulas territoriales más deseables (véanse todas las de CIS) han registrado unos porcentajes de independentistas catalanes siempre por debajo del 25%. Los altos porcentajes de independentistas de hasta el 50% en otras encuestas recientes con nuevas formulaciones diferentes de la pregunta tradicional tendrán que ser contrastadas en futuras encuestas para comprobar que se haya producido realmente el extraordinario fenómeno politológico de un cambio tan enorme de posición en un período brevísimo de tiempo. O más bien se ha tratado de una respuesta influida y condicionada por cuestionarios elaborados alrededor del pacto fiscal y las consecuencias de su rechazo por parte del Estado para muchos catalanes. Y no es cierto que, repentinamente, haya muchos más independentistas catalanes que vascos.

Pero si ese cambio se ratificara, habrá que recordar que no hay legitimidad ni legal ni histórica para esa independencia. Y que los efectos sobre el conjunto del sistema pueden ser catastróficos. Si Cataluña puede ser independiente, ¿por qué no cada uno de sus territorios respecto de Cataluña? Por ejemplo. Una vez alterados los consensos básicos de la Constitución desde un punto neurálgico del sistema como es ese, todas las rupturas son posibles. Con consecuencias incontrolables para todos, incluidos los propios nacionalistas catalanes.