INTENTAR un cerco del Congreso no es manifestarse «de buena
fe», como dijo ayer Elena Valenciano y como se comprobó por la tarde. Porque el
Código Penal considera un delito castigado con prisión las concentraciones ante
las sedes parlamentarias cuando sus miembros estén reunidos. Por eso
Ruiz-Gallardón calificó de «agresión a la democracia» las concentraciones.
Y la
Delegación del Gobierno cumplió a la perfección con su obligación al impedir el
acceso a las inmediaciones del Congreso. Al final, la escasa participación
contribuyó a evitar altercados importantes, excepto en el caso de un
manifestante que resultó herido de gravedad
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