15 de abril de 2004.- Las promesas de ZP

1. Libros de texto gratis

2. Creación de un Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
3. Educación como prioridad presupuestaria
4. Incremento de beneficiarios potenciales de becas
5. Un ordenador por cada dos alumnos a partir de 1º de ESO
6. Iidiomas extranjeros a partir de los 3 años
7. Reducción del IVA de los productos culturales
8. Aumento de la financiación pública de la cultura
9. No traslado del archivo de Salamanca
10. IV centenario de El Quijote como proyecto estrella
11. Aumento del presupuesto del Sistema Nacional de Salud
12. Incremento del Fondo de Cohesión sanitaria
13. Desarrollo de Planes integrales de salud
14. elaboración Informe Anual sobre la Salud de los españoles
15. Secretaría de Estado para las personas con discapacidad dependiente de Presidencia
16. Contrato de inclusión 9% para personas con discapacidad
17. Plan de Empleo para personas con discapacidad
18. Creación de un Fondo Estatal para la Dependencia
19. Aumento del presupuesto para discapacidad
20. Aumento de los incentivos al empleo de personas con discapacidad
21. Creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad
22. Aumento del apoyo económico a familias con personas con discapacidad a su cargo
23. Política de contratación de la DG. de coordinación y políticas sectoriales sobre la discapacidad
24. Extensión de la paga de 100 euros a todas las madres
25. Aprobación de un Plan de Choque de guarderías con 400.000 nuevas plazas
26. Creación de un Consejo Estatal de Políticas de Familia
27. Creación del Ministerio de la Juventud
28. Creación de una Comisión de Juventud en el Congreso
29. Creación de una Oficina Parlamentaria Joven en el Congreso y en el Senado
30. Reducción de la temporalidad en el empleo juvenil
31. Aumento de las becas para jóvenes artistas
32. Aprobación de un Plan de Juventud 2004-2007
33. Creación de un Foro Joven anual
34. Ninguna regularización extraordinaria de inmigrantes
35. Concertar la política de inmigración con la Unión Europea
36. Creación de la Agencia Española de Migraciones
37. No interferencia en el diálogo social
38. Negociación salarial ligada a la productividad
39. Previsiones adecuadas de inflación para calcular las pensiones
40. Aumento de la productividad
41. Acabar con la “cultura del ladrillo”
42. Más libertad económica en el Comercio
43. No interferencia en empresas privatizadas
44. No intervencionismo en la economía
45. Equilibrio presupuestario
46. Neutralidad política en los organismos de regulación
47. Renuncia al monopolio del Gobierno en el nombramiento de directivos de la CNMV
48. Reducción de la temporalidad laboral
49. Reforma del IRPF basada en un tipo único
50. Reforma Impuestos de Patrimonio y Sucesiones
51. Deflactación de la tarifa del IRPF
52. No incrementar la presión fiscal
53. Aumentar la lucha contra el fraude fiscal
54. Coordinación de las políticas de I+D+I
55. Aumento del 25% en el gasto en I+D
56. Convocatoria del Pacto Antiterrorista a petición de uno de los firmantes
57. Unidad de todos frente al terrorismo y con las víctimas
58. Creación de un Mando Único de Policía y Guardia Civil
59. Creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial
60. Creación de 6.000 plazas anuales de Policía
61. Creación de nuevas Comisarías de Policía en todas las ciudades de más de 30.000 habitantes
62. Un preso por celda
63. Nuevas plazas de instituciones penitenciarias
64. Crear el Instituto Nacional de Estadística y Evaluación de la Seguridad Ciudadana
65. Traspaso competencias sanitarias de los centros penitenciarios
66. Crear la Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias
67. No aplicación del límite de edad para militares temporales
68. Comparecencia previa a su nombramiento del Fiscal General del Estado
69. Un Fiscal General del Estado, no del Gobierno
70. Fiscales imparciales objetivamente elegidos
71. Aumento del presupuesto de Justicia en 180 millones de euros anuales
72. Creación de 100 plazas de jueces y 150 de fiscales cada año.
73. Aprobación de un Plan de Choque de Vivienda en el primer Consejo de Ministros
74. 180.000 viviendas anuales a precios asequibles
75. Ayudas directas al alquiler de viviendas
76. Plan de vivienda 2005-2008
77. Creación de la Agencia Pública del Alquiler de Viviendas
78. Aumento en 1.031 millones de euros del Plan de Vivienda
79. Cumplimiento del Plan Galicia
80. Aumento de la inversión en infraestructuras
81. Aumento del gasto en seguridad en el Transporte
82. Diálogo “hasta la extenuación” en la política del agua
83. No aumentar despliegue español en Afganistán
84. Apoyo a las resoluciones de la ONU en el conflicto del Sahara
85. Debate parlamentario previo a la decisión de retirada de tropas de Irak
86. Continuación del proceso de Bruselas en relación a Gibraltar
87. Firma de la Constitución Europea en Madrid
88. Aumento de la cooperación al desarrollo hasta el 0,3% PIB
89. Aumento del presupuesto de Asuntos Exteriores
90. Diálogo abierto y fluido con todas las instituciones
91. No despilfarro de la labor y experiencia de anteriores Gobiernos
92. No permitir conductas ostentosas en los cargos públicos
93. Paridad de hombres y mujeres en altos cargos
94. Elección parlamentaria del Presidente del CIS
95. Plan De Ahorro de la Administración

96. Aprobación de un Proyecto de Ley Audiovisual consensuado
97. Adelanto del apagón analógico a 2008
98. Elección parlamentaria del Director General de RTVE
99. Creación de un Ministerio de la Cultura y la Comunicación
100. Elección parlamentaria del Presidente de la Agencia EFE

Todas las promesas han sido extractadas del programa, de la campaña electoral y del discurso de investidura de ZP (15 de abril de 2004).

La alternativa

Montilla cobrará más de cien mil euros anuales, con oficina, personal y coche oficial.

En Baleares, Murcia, Cantabria o Aragón, el ex presidente no tiene sueldo

La despedida en la presidencia de una Comunidad no es igual para todos.

Al contrario.

El día después de abandonar el despacho puede vivirse de muy distintas maneras. El coche oficial seguirá a la puerta, o no; y el sueldo se puede mantener, cambiarse por otro más modesto o desaparecer. La normativa y los usos que las Comunidades aplican sobre la figura del ex presidente son tan variados que van del todo a la nada.

Los consejos consultivos son en ocasiones el destino de quienes han ostentado la máxima representación autonómica y los más afortunados hasta mantienen un despacho y coche oficial.

Cataluña es, sin duda, la Comunidad más proteccionista en este sentido. El ya ex «president» de la Generalitat José Montilla dejará el cargo con el 80 por ciento del sueldo —135.000 euros brutos anuales— durante dos años, en virtud de la Ley de ex presidentes aprobada en 2003, coincidiendo con la retirada de Jordi Pujol. De hecho, fue la primera ley aprobada por el tripartito y Pasqual Maragall fue su principal impulsor, empeñado en investir de mayor reconocimiento a la figura del ex presidente, que Pujol no se planteó en sus 23 años al frente de la institución.

La normativa empleada entonces, que da amparo a Pujol y Maragall y a la que se acogerá a partir de enero Montilla, establece para los ex presidentes del Ejecutivo y del Parlamento catalán, y también para los ex consejeros, el 80% del sueldo asociado a su cargo durante la mitad del tiempo que lo hayan ostentado hasta un máximo de dos legislaturas y el 60% del sueldo a partir de la jubilación. Sin embargo, tanto Pujol como Maragall dejaron la Generalitat superados los 65 años, por lo que no recibieron el 80% del sueldo que sí recibirá Montilla, 56 años, a no ser que tras el congreso del PSC del próximo otoño asuma nuevas responsabilidades públicas o privadas.

Los ex presidentes catalanes tienen derecho, sin límite de tiempo, a disponer de tres personas a su servicio, con dedicación especial, además de una dotación presupuestaria para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, si es necesario, para alquiler de inmuebles. También cuentan con un vehículo de representación con chófer y servicios de seguridad. Estas atribuciones se han traducido en la oficina de Pujol en el Paseo de Gracia, la de Pasqual Maragall en el cruce entre Diagonal y Paseo de Gracia y, a partir de ahora, la de Montilla en la Rambla de Cataluña.

En Madrid, voluntario

Por contra, en la Comunidad de Madrid no existe un estatuto del ex presidente que fije los derechos a los que pueden acceder aquellos que hayan ocupado el sillón presidencial de la Real Casa de Correos, lo que afectaría solo a Joaquín Leguina (PSOE) y Alberto Ruiz-Gallardón (PP). La actual jefa del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, decidió hace dos años la integración voluntaria de los ex presidentes en el Consejo Consultivo de la Comunidad, de la misma forma que el Consejo de Estado también incluye a los ex titulares del Gobierno central. Los estatutos del Consejo fijan que los ex presidentes serán miembros natos siempre que no ocupen un cargo público y les asigna un sueldo idéntico al de un consejero del Gabinete autonómico, es decir, 87.440 euros anuales. Solo Leguina permanece en esta situación.

Sin regulación

Balance

Seis años y nueve meses lleva José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.

Un periodo en el que el presidente del Gobierno parece haber tenido más malos momentos que buenos, sobre todo por la crisis económica que tanta factura le ha pasado y sus medidas ineficaces para tratar de salvar la situación.

Llegó con la intención de relanzar un socialismo que parecía dormido, con guiños constantes a los sindicatos y con promesas de reformas sociales. Aseguraba que no recortaría los derechos ciudadanos, que España crecería y que su Gobierno sería el del cambio. Pero, al final, ha ido perdiendo todos sus principios.

Durante este tiempo se han aprobado leyes como la de los matrimonios homosexuales, la de Memoria Histórica, la tan polémica y criticada del aborto o se ha hecho un proyecto de Ley de Libertad religiosa.

Han desaparecido los crucifijos de las escuelas, se han eliminado símbolos y monumentos que forman parte de la historia de España y, mientras, se negaba por activa y por pasiva que nuestro país estuviera en crisis o que hubiese datos que así lo indicasen.

Él quería contentar a todos aunque con cada paso que daba iba perdiendo fieles. La situación económica le llevó, tarde, a contemplar una serie de medidas que no tuvieron los efectos deseados por su Gobierno y que recibieron críticas incluso desde fuera de nuestras fronteras.

Pero, además, en su intento por mejorar su imagen, ha llevado a cabo varias remodelaciones de su equipo de Gobierno, quitando y poniendo ministros, eliminando carteras, tratando de encauzar mejor la comunicación de un Ejecutivo que veía como, sondeo tras sondeo, no hacía más que perder apoyos.

En estas dos legislaturas que lleva ha tenido más de una treintena de ministros (Elena Salgado es la única que ha sobrevivido a las cribas).

Ahora, a menos de año y medio para las generales, todavía está en el aire el futuro del presidente.

Su número dos, Rubalcaba, está asumiendo cada vez más tareas y protagonismo

Por sus frutos los conocereis, no se cogen manzanas de un olivo...

 Lo único bueno de estas dos legislaturas de Zapatero es que, con su incompetencia proteica –y la de sus colaboradores–, probablemente acabará vacunando a una generación de españoles contra la estadodependencia. Los socialistas de hogaño, tan nocivos como los de antaño pero mucho más torpes, han dejado el llamado "Estado del Bienestar" hecho unos zorros, y probablemente tarde varias décadas en recuperarse. Su expansión a cada vez más ámbitos de la sociedad, con independencia de las necesidades reales de la población, y su manirrotismo, absolutamente insostenible, sobre todo ahora, con esta crisis económica que estamos soportando, va a convertir los llamados "derechos sociales" en una entelequia en la que ya sólo creerán los liberados sindicales y los diputados de izquierda, básicamente los únicos que van a poder identificar el estado con el bienestar.

Aunque debamos contradecir a la principal estudiosa del sistema de previsión social, la diputada Chamosa, y a otros personajes de menor nivel intelectual pero que también han contribuido a la reforma urdida por ZP, hemos de decir que a las pensiones públicas les quedan dos telediarios; de los de Gabilondo, para más inri.
Lo mismo cabe decir de otros "derechos sociales", que no son sino latrocinios cruzados que sólo acaban beneficiando a los políticos.
El socialismo es el robo institucionalizado. Cuando sus voceros hablan de acercar la política a los ciudadanos deben de referirse a implicar a los contribuyentes en la faena. Pero cuando la insolvencia genética de los políticos sociatas agrava la situación económica hasta unos niveles peligrosísimos, siempre existe la esperanza de que la mentira global del "Estado social" y la "redistribución de la riqueza" acabe desapareciendo entre abucheos.
Por supuesto, el PSOE va a hacer todo lo posible para alargar la agonía y dejar la herencia monstruosa de un país en bancarrota –y no sólo económica– a su rival. Sin embargo –algo bueno tenía que tener el invento europeo–, el escaso margen de maniobra que supone la pertenencia a la UE hace que, muy probablemente, el PSOE deba gestionar el derrumbe de nuestro "Estado del Bienestar" él solito, circunstancia histórica que demostraría a los ateos que la Providencia no sólo existe sino que actúa, al menos en casos extremos.
Zapatero acabará con el estado del bienestar, que es lo único bueno que España sacará de sus dos mandatos. Lo único que no queda claro es si habrá merecido la pena padecerlo casi ocho años sólo para eso. PABLO MOLINA, Libertad  Digital.

La luz, un 29% más cara en solo tres años

El precio de la luz sube un 9,8%.

El Gobierno aprueba en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el incremento del recibo.

El precio de la factura de la luz se incrementará finalmente en un 9,8% para los 20 millones de hogares y pequeñas empresas acogidos a la Tarifas de Último Recurso (TUR), según indicaron fuentes oficiales a Efe. La subasta entre comercializadoras de último recurso que se celebró el pasado 14 de diciembre, que ascendió el importe de la energía en más de un 21% con respecto a los precios de octubre, obligó al Ejecutivo a efectuar esta subida en el precio final, ya que supone, aproximadamente, la mitad del recibo.
Durante los últimos meses, la factura se ha encarecido en más de un 9%: un 4,8% en octubre y un 2,64% en enero (cifra a la que se le tiene que añadir la subida del IVA de un 2% que entró en vigor en julio).

La medida no afectará a los usuarios acogidos al bono social (destinado a los clientes con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, los pensionistas con prestaciones mínimas, las familias numerosas y hogares con todos sus integrantes en el paro), cuyo recibo se verá congelado hasta 2013, según el decreto aprobado la semana.
Lo peor, a juicio de los defensores de los usuarios, es que esta nueva subida viene a castigar aún más los bolsillos de los consumidores, mermados por una crisis sin puerta de salida a la vista. Y es que desde 2007 la factura de la luz se ha lanzado a una senda de subidas constantes que parece inagotable: durante los últimos tres años el importe de la factura se ha elevado cerca de un 29%. Engrosar el recibo con un 10% más acercaría el repunte del precio de la luz al 42%.

Un rápido vistazo a las cuentas domésticas nos permitiría comprobarlo. Si el alza llega a materializarse, se registrará un incremento acumulado anual superior a los 190 euros desde mediados de 2007. Si un usuario medio —con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo mensual de 270 kilovatios hora— desembolsaba hace tres años y medio cerca de 38,07 euros mensuales, su recibo se podría elevar con la nueva revisión hasta los 54 euros. Es decir, casi 16 euros más al mes.

Por otro lado, ayer se supo que las compañías eléctricas deberán informar a Hacienda de los consumos de los contribuyentes desde febrero, con el fin de detectar alquileres no declarados o actividad industrial o comercial oculta al fisco, según un orden ministerial a la que accedió Ep.

K.O.

Los diputados cobran de media más de 6.400 euros limpios al mes

Sus estimadas señorías perciben un sueldo base de 3.126 euros brutos al mes. Un sueldo medio-alto al que, además, hay que sumar las numerosas dietas y complementos. En realidad, los diputados cobran de media más de 6.000 euros limpios al mes y, por si fuera poco, tributan como si fueran mileuristas.

1. Sueldo base:
Los 350 diputados conforman el Congreso cobran 3.126,52 euros al mes, distribuidas en 14 pagas. Es decir, 43.771,28 euros brutos/año que, una vez aplicada la correspondiente retención del 37% en el IRPF, arroja un resultado de 27.576,28 euros limpios al año o, lo que es lo mismo, apenas 2.300 euros netos al mes.
Pero, a partir de aquí, comienza la suma.
Según el reglamento de la Cámara, además de las percepciones correspondientes a la asignación constitucional (sueldo base), los diputados tienen derecho a las "ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función".
¿Y esto en qué se traduce? En un plus para afrontar los gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad de la Cámara.
Así, en base a este concepto, los diputados de Madrid (35) perciben una paga extra de 839,70 euros al mes (11.755 euros al año) y los demás (los 315 restantes de fuera de Madrid) de 1.760,75 euros (24.650 euros al año).  Este suplemento se distribuye, igualmente, en 14 pagas, con la ventaja adicional de que no tributan a Hacienda (libres de impuestos).
A ello se suma una Tarjeta Taxi para desplazamientos en Madrid con un límite de 250 euros mensuales (también sin impuestos).
Además, según el reglamento, "a partir del 1 de enero de 2006, la cuantía de las dietas devengadas por los desplazamientos que los Diputados realizan en misión oficial se cifran en 150 euros por día en el supuesto de desplazamientos al extranjero y 120 euros diarios en el de viajes dentro del territorio nacional".
Y eso siempre y cuando los diputados no cuenten con un chófer oficial, algo habitual en muchos casos. Por si fuera poco, el Congreso cubre los típicos gastos de transporte (billetes). Todo ello, libre de impuestos.


La estimación media sería, pues, la siguiente:
*.- Sueldo base: 3.126,52 euros/mes (14 pagas); 43.771,28 brutos/año, con una retención del 37% en el IRPF (-16.195 euros); Resultado: 27.576,28 euros limpios al año.
*.- Alojamiento y manutención (14 pagas libres de impuestos): 23.360,5 euros de media al año.
*.- Tarjeta de Taxi (sin impuestos): 3.000 euros al año.
*.- Dietas de desplazamiento (sin impuestos): 7.000 euros al año, tan sólo teniendo en cuenta un acto oficial por semana, más los gastos de transporte aparte (sin cuantificar).


TOTAL: 77.137,78 euros brutos año que, en realidad, gracias a la ventajosa tributación, se transforman en 60.936,68 euros netos. De este modo, sus señorías perciben un sueldo base medio de 5.078 euros limpios al mes.


2. Complemento por cargos parlamentarios
A ello se suman la retribuciones "complementarias" que perciben por el desempeño de cargos en algunas de las numerosas comisiones parlamentarias que desarrollan la actividad del Congreso (elaboración de leyes).
La actual legislatura cuenta con 33 comisiones, cada una de las cuales está formada por 38 diputados. Este sueldo extra es percibido por los cargos existentes en cada comisión: presidentes, vicepresidentes, secretarios y portavoces (también los adjuntos). De media, cada comisión cuenta con 13 cargos, haciendo un total de 436 cargos remunerados, con lo que de media toca a 1,2 cargos por diputado. La siguiente tabla resume las retribuciones por cargo:

TOTAL: 466.189 euros al mes, a repartir entre 350 diputados (los cargos están muy repartidos y, de hecho, numerosos diputados ocupan alguno de estos cargos remunerados en varias comisiones).
De este modo, el reparto otorga a cada diputado un sueldo medio extra de 1.332 euros limpios al mes (15.984 euros netos al año), ya que tampoco esta cuantía tributa a Hacienda.


3. Sueldo real
Así pues, la suma del sueldo base (5.078 euros netos) y el complemento por cargos (1.332 euros) arroja un salario medio de 6.410 euros limpios al mes. Sin duda, un nivel alto, equiparable al de un alto ejecutivo o directivo en una empresa privada.
Lo curioso, sin embargo, es que los diputados gozan de una tributación diferente a la del resto de los trabajadores. Y es que, en base a lo expuesto, el sueldo bruto de un diputado ronda los 93.121,78 euros al año que, aplicando el correspondiente tipo máximo del IRPF (retención del 43%), se deberían transformar en 53.078 euros netos al año, es decir, unos 4.423 euros limpios al mes.
Sin embargo, esto no es lo que sucede con sus señorías, ya que tan sólo tributan por su sueldo base inicial de 3.126,52 euros/mes (43.771,28 brutos/año), al que se le aplica un tipo del 37%. El resto de su sueldo (más de la mitad) queda libre de impuestos. De este modo, su sueldo bruto anual (93.121,78 euros) equivale, en realidad, a 76.920 euros netos. Es decir, Hacienda apenas les retiene 16.201 euros, que equivale a un tipo real del 17% en el IRPF, similar a la tributación que sufre un mileurista.
4. Miembros de Mesa y portavoces.
Por último, entre los mismos diputados existen también niveles. Así, por ejemplo, los portavoces de los grupos parlamentarios disponen de 1.978,62 euros para gastos de representación y 1.052,63 euros para gastos de libre disposición.
Tampoco es lo mismo presidir una comisión parlamentaria que el propio Congreso, como es el caso de José Bono. Los miembros de la Mesa del Congreso disfrutan de complementos mayores:

•El presidente de la Cámara cuenta con un complemento de 3.605,38 euros al mes como miembro de la Mesa, así como 3.915,16 euros para gastos de representación y otros 3.210,08 euros para gastos de libre disposición.
•Cada uno de los cuatro vicepresidentes percibe 1.374,53 euros al mes como complemento por ser miembro de la Mesa, 1.148,68 euros extra para gastos de representación y otros 803,52 euros para gastos de libre disposición.
•Igualmente, cada uno de los cuatro secretarios de la Mesa tiene un complemento de 1.073,28 euros al mes más 930,07 para gastos de representación y otros 769,72 para gastos de libre disposición.


5. Prebendas
*.- Entre otras ventajas, disfrutan igualmente de ordenador portátil y blackberry. A ello se suma el personal fijo de apoyo en el Congreso, a modo de ayudantes o secretarios de los diputados (441 funcionarios, a una ratio de 1,26 por diputado).
*.- Además, gozan de indemnizaciones por cese de actividad. El ex presidente del Congreso y los ex ministros y ex secretarios de Estado cobrarán el 80% de su salario en el momento del cese durante dos años, compatible con otras remuneraciones públicas o privadas. Y ello, sin contar la pensión de oro de sus señorías.

Pero, la cuestión clave no es tanto si cobran mucho o poco, sino si realmente se merecen el sueldo. La mayoría de sus señorías carecen de experiencia en el sector privado y, a la luz de lo que opinan algunos expertos, la formación media de los políticos les impediría disfrutar de semejantes sueldos en la empresa privada.

Zapatero, sí o no

El presidente del Gobierno no puede jugar a las adivinanzas en el decisivo reto de su relevo
(Editorial de El País).

Convertir en adivinanza un eventual relevo a la cabeza de una de las principales fuerzas políticas del país, o del Gobierno, constituye una incomprensible ligereza. Mucho más cuando quien lo hace es el inquilino de La Moncloa y secretario general del partido que encarna la opción mayoritaria en la izquierda española. Tras la última remodelación del Gabinete, Zapatero se ha empleado en propagar unos rumores que, por otra parte, aseguraba querer desmentir. Porque los rumores inevitablemente se propagan cuando un jefe del Ejecutivo acosado por la crisis económica y castigado por las encuestas responde con ambigüedad, más frívola que calculada, a las preguntas sobre su continuidad, según ha venido haciendo hasta ahora Zapatero.

Como presidente y como secretario general de los socialistas, Zapatero está en su derecho de dejar paso a otros líderes de su partido si lo cree conveniente. Pero no de llevar a cabo su decisión como si fuera parte de un juego privado, no de una decisión trascendental que afecta a las instituciones, a la credibilidad del país ante las incertidumbres de la crisis y, también, a los millones de ciudadanos que le dieron su voto. Su particular forma de Gobierno durante los años de bonanza no puede dejar paso a un desprecio de formas elementales en un sistema parlamentario cuando el clima se le ha vuelto adverso. Ni su entorno familiar ni su secreto confidente en el partido socialista están ni más ni menos preparados que la opinión pública para conocer su decisión de continuar o retirarse. Los ciudadanos no son niños a los que hay que entretener con señuelos y trampantojos, sino titulares de una soberanía política cuya representación han depositado en él.

Si Zapatero ha decidido retirarse, hace tiempo que debería haber trazado la estrategia de un relevo que no sería sencillo. La impresión que transmite pretendiendo rodear de gratuito misterio sus palabras es que no dispone aún de esa estrategia. A efectos de la lucha contra la crisis económica, y de las propias expectativas electorales del partido socialista, la apertura de un proceso de primarias en las que Zapatero conservara la secretaría general, pero renunciara a ser cabeza de cartel en las próximas elecciones, resultaría una operación suicida. Tampoco minimizaría los previsibles costes políticos el hecho de que cediera la jefatura del Ejecutivo a otro líder que debería someterse a una incierta investidura parlamentaria. Y la celebración de un congreso extraordinario detraería una atención imprescindible a la tarea de Gobierno.

El callejón sin salida en el que podría estar adentrándose Zapatero se haría manifiesto si, como vaticinan las encuestas, el partido socialista sufriera un importante revés en las próximas elecciones municipales y autonómicas. En ese supuesto, lo que estaría en juego no sería la continuidad de Zapatero o de su Gobierno, o de ambos a la vez, sino el futuro de la opción política que encarna el partido socialista en España. La gravedad de la encrucijada no permite jugar a las adivinanzas.

Las contradiciones de Z

Kosovo

En Kosovo, Occidente concedió honorabilidad a una narcoguerrilla secesionista cuyos crímenes van saliendo a la luz.- Jon Juaristi.

KOSOVO es la vergüenza de Europa, y, a medida que vamos conociendo nuevos episodios de lo que fue allí la guerra humanitaria resuelta tras los bombardeos de Belgrado por las fuerzas de la OTAN, el asunto huele mucho peor. Resumiendo: los occidentales concedimos un plus de credibilidad inmerecido a unas mafias locales convertidas, de la noche a la mañana, en ejército de liberación nacional con pretensiones de representar la voluntad unánime de los albanokosovares; consentimos en admitir como verosímiles noticias y reportajes de supuestas matanzas prefabricadas por los bandidos del UCK (el flamante Ejército de Liberación de Kosovo) con cadáveres traídos de quién sabe dónde e imputadas a los militares y paramilitares serbios. Finalmente —y aunque, por fortuna, los gobernantes españoles consideraron que la indecencia había ido demasiado lejos y se negaron a dar su conformidad—, se avaló desde un buen número de cancillerías europeas el proceso secesionista de la región que llevó a la creación de la actual República de Kosova, un rough State financiado por la comunidad internacional, charca de corrupción y de tiranía apenas encubierta, donde día tras día se escarnecen los derechos humanos, en especial los de la minoría serbia.
Y todo para castigar a los serbios. Si alguna enseñanza contiene esta siniestra historia es que, tanto en el marco de los estados nacionales como en las relaciones entre los mismos, los gobiernos deben aprender a contenerse y a evitar la lógica vindicativa que prescribe compensar las injusticias del ayer con injusticias simétricas en el presente. Que es, precisamente, la lógica que se ha aplicado contra Serbia en Kosovo. Las guerras que destruyeron Yugoslavia pasarán a la historia como los más garrafales errores de la política exterior de unas democracias liberales que fueron incapaces de impedir las atrocidades del ejército serbio en Bosnia y, para resarcirse de su culpable inhibición en aquella fase de la contienda, avalaron la farsa montada por una narcoguerrilla cuyo interés prioritario era entonces blindar el pasillo kosovar de la droga con destino a Europa occidental. Lo que hacía necesario, claro está, amputar una de las regiones históricas de Serbia y someterla a un Estado gamberro y racista bajo la protección de los Estados Unidos. Para ello contaron con la colaboración estúpida de Slobodan Milosevic, el sátrapa serbio excomunista que no perdió ocasión de perder todas las oportunidades posibles para dar al contencioso kosovar una salida pacífica.
El informe del europarlamentario suizo Dick Marty sobre los asesinatos de prisioneros serbios y su posterior descuartizamiento por los esbirros del UCK para extraerles los riñones y ponerlos a la venta en los circuitos clandestinos de occidente trae a la memoria los horrores del campo de exterminio de Jasenovac, donde más de medio millón de serbios fueron masacrados durante la Segunda Guerra Mundial por los milicianos fascistas del dictador croata Ante Pavelic, que, por cierto, también coleccionaba órganos de sus víctimas. Los crímenes de la guerrilla albanokosovar de Hashim Taci, actual presidente del tinglado pseudonacional de Kosova, no deberían quedar impunes.

El principal problema económico de España no es ZP, como dijo Rajoy. Es que todos creen que gobernar es gastar

 A usted, como a mí, le sorprenderá cómo se sigue tirando el dinero a pesar de la situación de España y de los tirones de orejas que nos da esa Señorita Rottenmeier de la Unión Europea que es Angela Merkel.
No hay día en que no sepamos que una autonomía que no tiene litoral ha concedido una subvención de tropecientos mil euros a una Fundación para el fomento del camarón de porreo.
O que un Ayuntamiento que debe cientos de millones a sus proveedores otorga no se cuántos miles de euros para la clásica ayuda a la dictadura cubana.
O las empresas públicas repes y duplicadas de la Administración, nidos de paniaguados colocados sin mérito, igualdad, capacidad ni publicidad y que gastan el dinero como si lo regalaran.
El principal problema económico de España no es ZP, como dijo Rajoy.
El principal problema es que todos, PSOE y PP, nacionalistas y antiguos comunistas, creen que gobernar es gastar. Que si no se gasta, no se nota que se gobierna y, por tanto, se corre el riesgo de que la gente no los vote.
Me encantaría haber ido apuntando todas los despilfarros estatales, autonómicos, municipales y provinciales que he ido oyendo por la radio o leyendo en los periódicos no desde que empezó la crisis, sino en la última semana.
Ni aunque Europa nos amenace con la intervención aquí se deja de tirar el dinero.
Yo me echo a llorar cada vez que paso por las calles donde hubo obras anunciadas demagógicamente con el cartelón del Plan E.
Se tiraron los 8.000 millones de euros del primer Plan E, más los 3.000 millones del segundo, en arreglar aceras y en estrechar calles, en poner esa cursilada del «mobiliario urbano». ¿Se imaginan que con esos 11.000 millones del Plan E los ayuntamientos hubieran pagado todos los atrasos a sus proveedores y éstos hubiesen podido seguir empleando gente, en vez de tener que despedirlos?
¿Cuánto paro redujo el despilfarro del Plan E?
A la vista están los datos del desempleo: cero cartón del nueve.
Fueron 11.000 millones tirados a la calle y nunca mejor dicho: a las aceras y calicatas de la calle.
De un dinero que, además, ahora se ha visto que no teníamos, que era prestado por los matatías internacionales.
Tenía una cierta explicación que España presumiera de gran potencia cuando las vacas gordas. A cada barrio se le hizo un polideportivo, una piscina cubierta, un centro cívico y un instituto. En cada ciudad, un palacio de congresos, un auditorio y un pirulí de La Habana. En cada provincia, una Universidad. O dos. Se llevó el AVE a todas partes. Obama, al elogiar nuestra red de AVE, dijo que Estados Unidos no tenía posición para esos lujeríos. Así estamos, que la Deuda Pública es ya el 57,7 del PIB y que las autonomías deben 107.624 millones de euros, ¡y viva el AVE a Valencia y a Castellón si hace falta!.
Y encima, vamos de redentores por el mundo. ¿Usted sabe cuánto nos hemos gastado desde 2002 para que nuestro glorioso Ejército, ahora degradado a ONG armada, haga caridades en Afganistán? Pues 2.040 millones de euros. Que nuestras tropas sigan repartiendo chocolatinas en Afganistán nos cuesta 1,2 millones de euros ¡cada día! ¿Cuántos empleos podrían crearse en España si esa cantidad se concediera en créditos a los autónomos y a las pymes, o en hipotecas a las parejas que buscan piso? Ya sé, me dirán que eso es el chocolate del loro. Qué loro, ni qué loro. Aquí seguimos despilfarrando el dinero en tantos chocolates del loro que esto es la fábrica de Nestlé, la de Lindt, la de Cadbury, la de Elgorriaga, la de Milka y la de Valor juntas. ANTONIO BURGOS.- ABC.

Algo muy reaL

Pura improvisación, mera incompetencia y egos desbordados.
Y que en el caso de Zapatero comienzan a revelarse como ego herido, agotamiento y extremadas dificultades para afrontar la dirección en los momentos más críticos.
Un drama y no una comedia, como la sátira de Armando Ianucci. Y que agrava los problemas, sobre todo para el país, pero también para su partido.
Porque un liderazgo en estas condiciones, errático, caprichoso e imprevisible, multiplica la incertidumbre.
Todas las teorías de las últimas semanas sobre las intenciones de Zapatero en torno a la candidatura electoral o a su relevo son meras apuestas en el aire.
Deseos de encontrar racionalidad a palabras y actos que no la tienen mayor que las del inepto y vanidoso ministro británico de «In the Loop» al que preguntan por la posible guerra y suelta lo primero que le viene a la cabeza: «Para el avión que va entre la niebla, la montaña es imprevisible, pero de pronto se convierte en algo muy real e imprevisible».

Licencia para gastar

En imitación de James Bond, a quien su padre, Ian Fleming le concedió «licencia para matar», los políticos —nacionales, autonómicos o locales— que han surgido al calor de la Transición se consideran con «licencia para gastar».
Y derrochan.
El sistema de que nos hemos dotado es caro e injusto en la aplicación del gasto.
Por ejemplo, suele ser bien admitido el hecho de que tengamos en España más de un millón y medio de alumnos en la Universidad y que, independientemente de su dedicación y aprovechamiento, satisfagan como precio total una matrícula que apenas llega a cubrir una décima parte del coste total de la enseñanza que reciben y los medios que utilizan.
El resto lo satisfacen los impuestos de los demás, incluidos los de los viejecitos sin posibles que viven, de milagro, con una escuálida pensión. A eso se le llama Estado de bienestar. Supongo que se refiere a los estudiantes y no a los viejecitos.

Lo del coche oficial, que suele ser tildado de «perejil del loro», no es baladí.
Es un síntoma claro de abuso de autoridad.
Salvo en actos oficiales de gran ringorrango protocolario, no encuentro más de un centenar de personas en toda la Nación que justifiquen, por su cargo y función, un coche de alto nivel atendido por los conductores suficientes para completar la disponibilidad diaria y sin límites horarios.
Todo lo demás es exceso.
Como lo es el ofensivo privilegio de plazas de aparcamiento reservado en la vía pública para esos eventuales del poder que olvidan que sus prerrogativas se limitan a las horas de trabajo y no imprimen carácter.
Si, un concejal de no sé qué o un director general de no sé cuantos no pueden viajar en su propio automóvil, en autobús o en metro, esto no necesita reformas.
Se requiere una revolución.

Cálculo del peso ideal.

*.- Cuanto más engordamos, más aumenta el riesgo de padecer enfermedades indeseables.
Cuando comemos y cuando bebemos aportamos calorías que después gastamos con la actividad cotidiana. Si la relación entre las calorías que aportamos es equivalente a las que gastamos el peso corporal debe mantenerse estable, pero si no es así, es decir, si ingerimos más calorías de las que quemamos, aparece la obesidad.


¿Cómo podemos saber si nuestro peso es correcto?.
En muchas ocasiones una simple miradita en el espejo ya nos indica que nuestro peso no es el correcto, pero… ¿podemos saber en qué estadío se encuentra nuestro sobrepeso u obesidad?.
Existen diversas tablas de medición acerca del peso, pero en la actualidad la más utilizada es la del llamado índice de masa corporal (IMC). Este IMC es un indicador excelente de la cantidad total de grasa corporal y un factor fiable para predecir las posibilidades de sufrir enfermedades asociadas a un peso excesivo (o insuficiente).


El IMC se calcula con la siguiente fórmula:
*.- IMC = [peso en Kg] / [talla en metros x talla en metros]
Por ejemplo, para una persona de 1,80 metros de talla y 75 kg de peso, el IMC sería:
IMC = 75 / [1,80 x 1,80] = 23,15


Interpretación del IMC:
– IMC inferior a 18,5: falta de peso.
Si se encuentra en esta categoría debe tratar de ganar peso.
Si tiene problemas para engordar o pierde peso con rapidez, consulte con su médico.


– IMC 18,5 - 24,9: peso saludable.
Ésta es una categoría normal para la estatura y el peso y se debe intentar mantener combinando dieta sana y actividad física.


– IMC 25,0 - 29,9: sobrepeso.
Si está en esta categoría, no debe engordar más. Intente comer menos dulce y menos grasa y potencie el ejercicio físico para volver a la categoría anterior.


– IMC 30,0 - 39,9: obesidad.
Si está en este índice significa que usted es obeso. Corre un gran riesgo de padecer enfermedades importantes. Debe perder peso y solicitar ayuda de su médico.


*.- Limitaciones del IMC:
El IMC no se puede aplicar a todo el mundo. En el caso de personas muy musculosas, puede aparecer un resultado de más de 25 y tener poca grasa corporal. Igualmente si se tiene poco músculo puede sin embargo haber demasiada grasa corporal.
En estos casos, midiendo la cintura puede saber si necesita perder algo de peso. El umbral de riesgo es de 102 cm para los varones y 88 cm para las mujeres. Si mide menos de 1,50 de alto se aplicará un umbral inferior.
Todo lo anterior es de carácter orientativo. Si está preocupado por su peso, consulte con su médico.

¿Les conviene a las Autonomías ser independientes?.

Un documento de 2005:
LA cuestión nacionalista -cuya radicalidad hay quien oculta refiriéndose a ella con la eufemística pretensión de que se trata de debatir sobre un «proyecto de convivencia territorial»- se encuentra ya en el orden del día de la política inmediata.
Acontecimientos como el boicot catalanista a la candidatura olímpica de Madrid -a su vez desencadenante de una campaña contra el consumo de cava del Penedés-, la más que simbólica decisión de segmentar el Archivo Histórico de la Guerra Civil de Salamanca, la adopción por los socialistas vascos del concepto de «comunidad nacional» -cuya raíz totalitaria al parecer se les ha escapado-, y, como colofón momentáneo, la aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria, son hechos que obligan a reflexionar seriamente sobre el fondo del asunto y a preguntarse si, más allá de la escalada demagógica que ayuda a cosechar votos, a los ciudadanos residentes en las distintas regiones de España les interesa que éstas acaben constituyéndose en naciones independientes.
Los economistas, siempre dispuestos a discutir los pros y contras de las decisiones políticas en la perspectiva del bienestar, han avanzado algunas respuestas bien interesantes sobre ese problema, amparándose tanto en las ideas teóricas como en las evidencias empíricas.
Éstas señalan, de entrada, que durante el último medio siglo ha habido una auténtica proliferación de nuevos países, de manera que, si al finalizar la Segunda Guerra Mundial se contabilizaban 74, en la actualidad son 193 los que se sientan en el foro de las Naciones Unidas.

Dos son las causas de este fenómeno: por una parte, la descolonización de los imperios europeos que fue muy intensa entre los años cincuenta y el decenio de los setenta; y, por otra, las secesiones impulsadas por el nacionalismo, sobre todo en el antiguo bloque soviético, que han tenido lugar con posterioridad a la caída del Muro de Berlín.
Entre ambos procesos existe una diferencia fundamental, pues si el primero discurrió de manera que las naciones emergentes mantuvieron, por lo general, una relación económica privilegiada con su antigua metrópoli, el segundo se ha desenvuelto en medio de enfrentamientos -muchas veces armados- que han diluido en gran medida las viejas rela-ciones comerciales y financieras.
Se ha señalado que esta creación de nuevas naciones se encuentra relacionada con la globalización, de manera que la creciente apertura de las economías y la consiguiente reducción de las barreras al comercio, parece haber proporcionado la oportunidad para su independencia.
Así, en el período señalado, mientras la protección arancelaria media mundial se ha dividido entre cinco, el número de países se ha multiplicado casi por tres.
Alberto Alesina y sus colaboradores han explicado que esa apertura, al multiplicar las oportunidades de acceso a los mercados exteriores, hace que las pequeñas economías puedan aprovechar sus ventajas de especialización, pues la obtención de los menores costes que se derivan de una gran escala de producción no depende, en esas condiciones, de la dimensión de su mercado interno. En otras palabras, dentro de un mundo globalizado, el tamaño de la nación deja de influir sobre las posibilidades de al-canzar unos buenos resultados económicos.
Esta teoría ha podido explicar, en alguna medida, la emergencia de las naciones que resultaron de la desmembración de los imperios coloniales, pero resulta de imposible aplicación a las que han sido fruto de un proceso de secesión.
Pues, en este caso, se han levantado barreras donde no existían y ha empezado a operar lo que los economistas denominamos como «efecto frontera».
Con este concepto -que inicia su andadura en los trabajos de McCallum y Helliwell sobre Canadá y, en particular, sobre Quebec, publicados al tiempo que se celebraba el segundo referéndum secesionista de esta provincia- se designan los costes que, para el comercio, implica la necesidad de atravesar las fronteras. Unos costes que se manifiestan en el hecho de que es mucho más fácil intercambiar mercancías en el interior de cada país -entre zonas geográficas con las que se comparte una misma lengua, un mismo marco institucional, una misma idiosincrasia y unos mismos sentimientos de pertenencia- que con el exterior, incluso en ausencia de aranceles.
 Pues bien, la existencia de este «efecto frontera» hace que, según los estudios disponibles, la intensidad de los intercambios internos a cada país sea entre cinco y veinte veces mayor que los externos, siempre que se consideren espacios de similar tamaño situados a la misma distancia.

Cuando la secesión destruyó la base común que compartían algunos de los países surgidos en la década de los noventa, el «efecto frontera» irrumpió inexorablemente en sus relaciones mutuas, reduciéndolas de manera drástica y produciendo estragos en sus posibilidades de crecimiento.

El ejemplo de las antiguas repúblicas soviéticas, de Yugoslavia o de Checoslovaquia, así lo revela, pues la intensidad de sus intercambios descendió entre tres y cinco veces y el PIB disminuyó, en algunos casos dramáticamente -como en Ucrania (68 por ciento de caída durante el decenio), Letonia (51 por ciento), Rusia (46 por ciento), Bielorrusia (40 por ciento) y Lituania (35 por ciento)- y en otros de forma más moderada -como en Estonia (16 por ciento), Croacia (8 por ciento) y la República Checa (2 por ciento)-, anotándose sólo dos excepciones en las que apenas creció -Eslovenia, con un 11 por ciento de aumento, y Eslovaquia, con un 5 por ciento-.
En definitiva, la promesa del nacionalismo al propiciar la secesión es, de acuerdo con esta experiencia, una invitación al empobrecimiento, a la ausencia de horizontes, al abandono del tren del progreso.

¿Qué podemos decir, a todo esto, de las regiones españolas? Un reciente estudio de Salvador Gil, Rafael Llorca, José Antonio Martínez Serrano y Josep Oliver, realizado en la Universidad de Valencia, señala que el «efecto frontera» provoca que esas regiones comercien entre sí, por término medio, con una intensidad veinte veces más grande que con cualquier otro país extranjero, a igualdad de tamaño y distancia.

En la mayoría de las Comunidades Autónomas dicha intensidad se sitúa próxima a la media, pero en varios casos es mucho más grande -como ocurre en Baleares (60 veces), Cantabria (53), Extremadura y Asturias (42), Canarias (37) o La Rioja (31)- y sólo en dos resulta notoriamente más reducida -los de Castilla-León (14) y Madrid (9)-.
En estas circunstancias, cualquier proceso de secesión, como el que lamentablemente se ha desencadenado ya en el País Vasco, dará lugar a una importante pérdida de bienestar para los ciudadanos de la región en la que se emprenda.
Citaré como ejemplo, aún a riesgo de repetir lo que ya conocen mis lectores, la estimación de los efectos a corto plazo del plan Ibarretxe: una reducción de entre el 14 y el 23 por ciento de la actividad económica en Euskadi; una destrucción de empleo de entre 128.000 y 214.000 puestos de trabajo; una tasa de paro que puede llegar a superar el 30 por ciento; y, como colofón, un aumento de impuestos y un empeoramiento de los servicios públicos, en particular de las pensiones.

La secesión es un mal negocio.
El interés material de la ciudadanía de cualquiera de las Comunidades Autónomas no está en que éstas se conviertan en naciones independientes.
Cuando los partidos nacionalistas propugnan la desmembración de España, pretenden hacernos ignorar que las leyes de la economía imponen su ineludible dictamen más allá de cualquier voluntad humana.
En esos partidos se recurre a la vieja aspiración totalitaria de subordinar la economía a la política.
Pero la experiencia de la Historia nos enseña que están condenados al fracaso y que, si no lo impedimos, nos veremos arrastrados por ellos a un tiempo de penuria y desgracia.
MIKEL BUESA. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. ABC, enero de 2005.

Blecua: «Una sociedad necesita buenos hablantes»

Para muchos «café solo» y «café sólo» no es lo mismo, a pesar de que la Ortografía deje al arbitrio del usuario, que en ocasiones es bastante arbitrario, esa tilde polémica. El nuevo director de la Real Academia Española, que es un hombre prudente, elude la cuestión con una pregunta sin ambigüedades, una pregunta que no deja nada al azar:

-El café, ¿con leche?.

José Manuel Blecua proviene de una familia de filólogos. Su apellido es un apellido de filólogos, de hombres vinculados a las humanidades, educados en la voluntad del estudio, que es una voluntad escasa, extraña, en una sociedad donde se valora el éxito temprano, inmediato. Antes que él lo usó su padre –la huella de sus trabajos sigue viva, por ejemplo, en la edición que hizo de la poesía de Quevedo– y después su hermano. Pero es él quien ha recibido de los académicos la confianza para dirigir la RAE durante los próximos años. Una tarea ardua, en la que tendrá que litigar con los preparativos del tercer centenario y con la nueva edición del Diccionario.

-¿Cuáles son los retos que plantea ahora América?.
-Los problemas son diferentes. No son iguales los países monolingües, como Guatelama, que los que tienen dos idiomas, como EE UU. Además, el español de esta nación no es unitario. En Chicago tienen más influencia los mexicanos. En Luisiana, los canarios... En estas zonas se plantean las dificultades de las lenguas en contacto, la relación del léxico. Pero eso también les da su peculiaridad y exotismo. El español de Puerto Rico, por ejemplo, es muy castizo.

-¿Hay que reforzar vínculos?.
-Sí, con proyectos en común. El Diccionario, para 2013, por ejemplo. El pasado viernes, además, se acordó un homenaje, con un volumen de estudios y análisis, a José Rufino Cuervo, del que se cumple el centenario de su muerte el 17 de julio de 2011.

-¿Seguirán convocándose los congresos internacionales que se iniciaron con Zacatecas?.
-No tienen que ser cada tres años. Y habría que revisar los criterios. El modelo está agotado. Debería haber una innovación. Habrá que reunir las comisiones y sacar conclusiones y también resolver las cuestiones económicas, que no son fáciles de solucionar.

-También se está trabajando en un nuevo portal para la RAE.
-Sí. Tiene que ser un encuentro de la lengua española. Poner todos recursos que tengamos a disposición de los usuarios, que no son una unidad, sino una población heterogénea de la que también forman parte los hispanistas. Tiene que ser dinámico, con un buen gestor. Ahí pondremos, como la Biblioteca Nacional ha hecho en su caso, nuestro Fuero de Zamora, el manuscrito de «El libro del buen amor» que conservamos y la cantidad de documentos de los concursos literarios que convocaba la RAE en el siglo XVIII, del que salieron poetas como Meléndez Valdés. Y también tendrá todos los diccionarios, claro.

-¿Cuáles serán las innovaciones que incorporará el Diccionario?.
-La actualización y renovar algunos campos. Hemos terminado el del automóvil. Ahora habrá que tocar la botánica, zoología. Sobre todo afectará a los campos más especializados.

-¿El área científica es una deuda para el español?.
-La ciencia sólo tiene una lengua y es el inglés. Todas las revistas son en este idioma. No se puede entrar. El mundo científico se rige por otras normas. Otra cosa es la incorporación del léxico a la lengua española. Pero es un problema común a los demás idiomas. Hay que asegurar algunos términos para unificar y que los hablantes los acepten de una manera natural. Y tampoco se puede poner nombre a todo lo que salga nuevo. Hay que buscar normas generales.

-Siempre se ha hablado de mejorar la presencia del español en la red.
-El problema no es de número, es de calidad, de la utilidad de las páginas que existan. Que haya millones no sirve de nada, porque ¿qué vamos a hacer entonces cuando entren todos los chinos? Entre todas, hay que saber a dónde acudir y a dónde no acudir, qué medios son útiles para el aprendizaje.

-La enseñanza es un problema.
-Cada vez que se extiende la enseñanza a toda la población se produce un descenso brusco. Ya ha pasado con anterioridad. A eso hay que sumar que no existe una unidad en los planes de estudio. Las Comunidades Autónomas tienen el suyo, y el Ministerio de Cultura, sólo influye en una parte pequeña. A los chicos se les enseña muchas cosas y quizá habría que centrarse sólo en lo fundamental, que desarrollen sus capacidades intelectuales y su capacidad crítica en la lengua. Habría que retornar a enfrentar al alumno con el texto, que tiene sus propias fases pero también sus resultados. Y, por supuesto, mejorar el lenguaje oral, que se ha abandonado. A mí me han confesado que hay alumnos que no han escrito un folio.

-En España descuidamos el lenguaje, en cambio, en Iberoamérica, no.
-La moda ahora es que no se cuida la lengua, aunque es cierto que América se la cuida mejor. En España lo que ha sucedido es que se han roto los registros que antes existían. Ahora, hay cosas que a nadie se le ocurría decir antes en la televisión y la radio, y, sin embargo, se dicen, y a las cinco de la tarde, que es el horario de audiencia para jóvenes. Algo similar a este fenómeno pasó en el siglo XVIII. Se produce una inseguridad en la fronteras del idioma y se mezcla el lenguaje tabernario con el que se utiliza en los medios que son de ámbito público. No es nada recomendable. Si ese fenómeno se extiende en la sociedad, a la larga, modificará el idioma. Pero eso sólo se corrige con la enseñanza.

-Ya ha insistido en ese punto.
-El problema esencial es la enseñanza. Es fundamental para los hablantes. Los estudiantes deben comprender que la vida profesional de, por ejemplo, un ingeniero será mejor si sabe escribir bien. La lengua es un medio que necesita todo el mundo. También hay que cimentar el respeto por el profesor. Hay que dignificar esas relaciones en los institutos. Está claro, de todas formas, que una sociedad necesita buenos hablantes.

La convivencia del castellano y el catalán.
José Manuel Blecua lleva cincuenta años viviendo en Cataluña y, según afirma, nunca ha tenido «el más mínimo problema» con el bilingüismo, aunque es consciente de que la situación del catalán «es muy débil, porque el castellano es una lengua de una potencia tremenda», informa Efe. «El catalán tiene que sobrevivir. No se trata de vivir, sino de sobrevivir, y la inmersión lingüística es de las pocas cosas que le permite hacerlo». El nuevo director dijo que en estos años «el catalán y el español conviven sin dificultad en Cataluña». Y lo dice quien ha sido «el representante de la lengua española en la universidad» de Barcelona desde 1968.

Los sindicatos huelguistas han recibido del Gobierno 3,5 millones desde el 29-S

Mientras amenazan con otro paro, logran al mes casi 1,2 millones de euros / Con los más de 206 millones que han «ganado» en 2010 se descongelarían cerca de 820.000 pensiones.

Los sindicatos huelguistas han recibido del Gobierno 3,5 millones desde el 29-S.
Da igual que convocasen una huelga que finalmente fue un fracaso. No importa que, pese a no conseguir sus objetivos, sigan cargando y cargando contra el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Y da igual que, a pesar de todo, tengan en mente más protestas, manifestaciones y se planteen otro paro general para el mes de enero.

Nada de esto preocupa a los socialistas, y mucho menos a los sindicatos, que siguen poniendo el cazo para recibir las subvenciones que, mes a mes, les dona un Gobierno que no hace más que congelar pensiones, anunciar recortes y reclamar austeridad a los ciudadanos. Y es que, en prácticamente tres meses –desde el 29-S– se han embolsado al menos 3.564.442 euros, a una media de unos 1,2 millones de euros mensuales. Para proyectos y actuaciones de todo tipo de los que Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) son los grandes beneficiados.

Un día después de la huelga general la chequera seguía abierta con 380.000 euros que salían del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. ¿Para qué? Para la web de la Federación Agroalimentaria de CC OO, para una aplicación informática de UGT que controlase la igualdad en las empresas y para dinamizar y mejorar la información en el medio rural. Al poco, el 4 de octubre, se hacían con casi 10.000 euros de la Dirección General de Formación Profesional, mientras que el día 9 de ese mismo mes su hucha se llenaba con más de 460.000 euros llegados desde Educación.
No habían pasado ni 3 días y ya recibían otros 250.513 euros para, entre otros, elaborar una guía de los trabajadores autónomos de UGT o para organizar un foro sobre la responsabilidad social en las empresas de CC OO. Y mientras, se recortaban sueldos y se congelaban pensiones.
Llegaba noviembre y con él más dádivas, en esta ocasión, chocantes, pues se trata de ayudas a pensionistas, como a los que se les congelan las pensiones, pero no eran pensionistas normales y de la calle: los jubilados sindicales se hacían con 427.210 euros, una cantidad excesivamente superior, por ejemplo, a los 44.000 que sólo recibió la Fundación Alzheimer en esa misma partida del Ministerio de Sanidad.
Ese mismo mes CC OO, UGT y otras centrales seguían llenando sus bolsillos por un lado y criticando por el otro. Obtenían 142.560 euros para los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Universidades, mientras que unos días después el cheque que lograban era de 358.110 euros para las organizaciones sindicales representativas en los centros públicos de enseñanza no universitaria. Pero no se detuvieron ahí las ayudas de noviembre. Cerca de 200.000 euros repartió el Gobierno entre los sindicatos para formación permanente del profesorado y trabajos como «Construimos unidades didácticas con Power Point». Otros 10.000 logró UGT para sus archivos históricos en un mes en el que el Ejecutivo les prometía otros 1.271.646 euros por estar presentes en las Mesas Generales de Negociación en las que participa la Administración General del Estado.
Por último, en lo que va de diciembre se han hecho con al menos 54.403 euros para, entre otros, proyectos archivísticos, formación del profesorado o programas contra la trata de seres humanos.
Y otro dato: mientras que los sindicatos critican que con la reforma laboral el Gobierno quiere «recortar las pensiones», con los más de 206 millones que han recibido en 2010 se descongelarían más de 820.000 subsidios.

El Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades.
El Tribunal de Cuentas denunció ayer la existencia de un «posible reparto previo» de la asignación de recursos de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales entre CC OO. y UGT, ejecutado con independencia del contenido de las acciones y del resultado de las mismas, lo «que puede afectar al grado de eficacia y economía con que se desarrollan». En un informe, la Fundación destaca que entre 2007 y 2008 tres de las organizaciones sindicales pertenecientes al patronato de la Fundación (Unión General de Trabajadores-Confederal, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud –ISTAS–, y la Confederación Intersindical Galega) solicitaron y ejecutaron el 90,2 por ciento del importe total de las acciones aprobadas, informa Ep.

Ante la sugerencia de un Comentario en esta entrada, añado:
En el presente año, CEOE recibirá 13, 29 millones de euros de subvenciones para fines como el capítulo de formación; las ayudas destinadas a apoyar la promoción de las empresas en el exterior o en concepto de representación institucional de la patronal.
La CEOE, como los sindicatos, está presente en los consejos de muchos organismos dependientes, en este caso, del Gobierno central. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Consejo Superior de Estadística, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria o el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Así, y según se recoge en el directorio de la patronal, hasta casi 60 instituciones, organismos o consejos consultivos dependientes del Gobierno en los que figuran las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
En la patronal, como en los sindicatos, hacen hincapié en que estas subvenciones tienen carácter finalista.
Es decir, que los recursos públicos que recibe la CEOE por este concepto no pueden tener otro fin que ése.
Y, en segundo lugar que, obviamente, el gasto tiene que estar debidamente justificado.
El capítulo de las ayudas tendrá un gasto de 10, 22 millones de euros.
Por lo tanto, el superávit ya mencionado de 3,07 millones que es la razón de que, en principio, las cuentas totales puedan aproximarse al equilibrio, aunque en los gastos faltan 45.000 euros por explicar.

"Se escribe más que nunca, pero la gente no comprende lo que lee"

"Yo también me resisto en ocasiones a escribir solo sin tilde".
"La crisis de la educación es lo que ha deteriorado la lengua".
José Manuel Blecua.
En los años ochenta, además, se haría popular con el programa divulgativo Hablando claro, de TVE: "Lo hacíamos en directo, antes del Telediario y cuando solo había una cadena. Imagínese. Nunca había dado clase para ocho millones de personas. Hoy nadie se atrevería con algo así".
Autor también del tomo de fonética y fonología que, "antes de la feria del libro", completará la flamante Nueva gramática publicada el año pasado, Blecua recibe en la sala en la que se reúne habitualmente con sus compañeros de la comisión de lenguaje científico y técnico.

Pregunta. ¿Por qué quiere un académico ser director de la RAE?.
Respuesta. Porque para un profesor de lengua es una experiencia muy interesante. Es un honor, aunque cada vez me siento menos honrado. Me pesa tanto la responsabilidad que no me deja dormir. Es un trabajo bonito. Siempre de acuerdo con la junta de gobierno, el pleno, las academias de América... el director tiene muy poquita libertad.

P. ¿Y no supone aparcar la filología para atender a periodistas y presidentes de Gobierno?.
R. Pero también eso es aprender cosas que forman parte de la filología.

P. Hay tensión en la Academia entre creadores y filólogos. Los escritores son más reticentes a los cambios de la Ortografía.
R. Es lógico, pero no hay tensiones. Tampoco los lingüistas son un ejército de falanges macedónicas que siguen las mismas tendencias. Los escritores, que tienen que luchar diariamente con la lengua, están muy apegados a una codificación de años. Yo también me resisto a veces a escribir solo sin tilde.

P. La gran difusión del trabajo de la RAE coincide con la cada vez menor presencia de las letras en la enseñanza.
R. No solo eso, el bachillerato es más corto, han aumentado las asignaturas de la vida cotidiana -la informática, por ejemplo- y la literatura ha quedado reducida a ser parte de la lengua, cuando siempre tuvo su autonomía.

P. Las humanidades no están de moda.
R. Han quedado reducidas a una pincelada de la vida de un autor y a unos pocos fragmentos de un libro difícil de entender. Habría que pensar en unas humanidades del siglo XXI, pero hacerla con retazos viejos del siglo XVI tampoco es una solución porque acaba siendo un saber enciclopédico que no lleva a nada. ¿Qué más da que Garcilaso naciera en Toledo o no?.

P. ¿Cómo deberían ser las humanidades del siglo XXI?.
R. Hay que volver a lo que hacían los grandes maestros del humanismo, para los que era fundamental el comentario lingüístico, la comprensión lectora, todo eso que con el informe PISA, vemos ahora que fracasa. El texto ha sido fundamental para las humanidades, y ahora resulta que pretendemos sustituirlo por el dato de dónde nació Petrarca con tres líneas de un soneto, y eso no es. Además, es una contradicción, porque, con Internet, nunca la escritura y los textos han tenido tanta presencia en la sociedad.

P. Si a eso se suma la influencia de los políticos y los medios... ¿Hablamos tan mal como se dice?.
R. No crea usted que los políticos hablan peor que los profesores. Es verdad que los que tenemos la posibilidad de estar frente a un micrófono tenemos una responsabilidad. La crisis de la educación es lo que ha deteriorado la lengua. Como la educación no nos ha afianzado ni la capacidad expositiva ni la argumentativa, nos convertimos en modelos pobres que imita la sociedad.

P. La lengua es más rápida que la RAE.
R. La fuerza de los medios hace que hoy la dinámica del cambio lingüístico sea muy rápida. Uno enciende la radio por la mañana y ve que sensibilidad ha cambiado de significado totalmente en tres meses. O que no se hace nada sin un plan b, casi nadie habla ya de alternativa.

P. ¿La lengua se empobrece?.
R. Las lenguas no son ni pobres ni ricas. En cada momento funcionan de acuerdo con las necesidades que tiene una sociedad y en este momento parece que la nuestra tiende a elementos muy simples.

P. ¿El pensamiento se vuelve también más simple?.
R. Es al revés.

P. Siempre se habla de la vitalidad del español. ¿No corre ningún peligro? ¿Ni siquiera por el spanglish?.
R. El spanglish no es una lengua. No es un problema porque no llega a los medios de comunicación ni a la literatura. Vargas Llosa unifica mucho más de lo que pueda disgregar el spanglish.
JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS. El País.

Duda metódica: ser o no ser. Ésta es la cuestión,

Responde el maestro de instituto denunciado por la madre de un alumno musulmán que consideró inapropiado hablar del jamón en clase

Indignado con el revuelo que ha causado su mención al jamón, y con el caso ya en los tribunales, José Reyes Fernández está molesto por el daño que esta denuncia hace a su «honor, imagen y ética profesional». En una nota enviada a los medios de comunicación, el profesor califica la denuncia de «ridícula, insostenible y grotesca» y anuncia que no descarta querellarse contra la madre del alumno musulmán.


«La denuncia es tan ridícula, insostenible y grotesca que para poder sustentarla esta señora ha tenido que echar mano de la difamación, la mentira y la calumnia. Y ahí entra ya en confrontación con mi honor, mi imagen y mi ética profesional», asegura en el escrito.


Reyes Fernández desmiente «tajantemente» que en algún momento dijera al chico que se fuera a su país, sino que le emplazó a cambiar de centro educativo si no se sentía cómodo en el que sucedieron los hechos.

El Príncipe y el director de la RAE ignoran la norma que quita la mayúscula al Rey o a la Princesa

El Príncipe y el director de la RAE ignoran la norma que quita la mayúscula al Rey o a la Princesa.

ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS / MADRID

Caso omiso a la recomendación.

Eso es lo que ocurrió ayer en la presentación de la nueva Ortografía de la Lengua Española.
Una obra en la que los académicos de la Española y de las 21 academias de América y de Filipinas han estado trabajando ocho años con el fin de propiciar la unidad en el uso del idioma, pero que introduce algunos cambios tan difíciles de asimilar que ni siquiera sus propios artífices los han incorporado.
Por ejemplo, la palabra Rey de toda la vida ahora es «rey», con minúscula y acabada en una letra que se llama ye. Majestad es majestad y Papa, papa.

Tan difíciles de asimilar parecen algunas de las nuevas normas que ayer, en el estreno de la Ortografía, se ignoraron unánimemente las recomendaciones del nuevo texto en cuanto al uso de mayúsculas. Lo más sorprendente es que ni siquiera las siguió la Real Academia Española. Tampoco lo hizo su director, Víctor García de la Concha, cuyo discurso estaba plagado de «incumplimientos», como «Altezas», «Señor», «S.M. el Rey» o «Reina», igual que las invitaciones que envió esta institución o la página web de la RAE, donde ponía «los Príncipes de Asturias» y «Director». Ni siquiera el orden del día de la sesión académica incorporaba las nuevas normas ortográficas, pues añadía la mayúscula a todos los cargos y tratamientos. Incluso el Heredero de la Corona, tan respetuoso siempre con las instituciones, se saltó la recomendación y mantuvo su tradicional «la Princesa y yo», en lugar del moderno «la princesa y yo».

Carga que limita la libertad
Aunque Don Felipe tampoco ha incorporado esta recomendación, sí que destacó en su discurso la importancia de la Ortografía, como derecho y como deber, en «la preciosa unidad del español». «Si la descuidáramos, la dejaríamos empobrecerse». No obstante, el Príncipe agregó que «la Ortografía da forma a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos» y advirtió que «una concepción equivocada de la Gramática o de la Ortografía puede ver en ellas una carga que limita la libertad del individuo; algo que se nos impone ya elaborado y que no podemos modificar». «Lejos de eso, la Gramática y la Ortografía confirman nuestra morada vital», afirmó. El Heredero de la Corona tomó prestadas las palabras de Antonio de Nebrija: «La verdad es hija del tiempo».


En la sesión académica de ayer también intervino el coordinador de la Ortografía, el académico Salvador Gutiérrez Ordóñez, quien reconoció que la cuarta parte de la obra, la que regula precisamente el uso de las mayúsculas y minúsculas, «es la parte de la escritura menos regulada, la que presentaba mayor grado de incertidumbre y de usos mudables; por lo tanto, mayor cantidad de problemas». No obstante, Gutiérrez Ordoñez áseguró que «esta obra es un canto a la unidad» y es «la primera Ortografía de la lengua española realizada por todos y para todos. Una obra concebida desde la unidad para la unidad», manifestó.

Con minúscula como norma.
La nueva Ortografía dedica el apartado 4.6 a la mayúscula de relevancia, que es el uso tradicional «no justificado» de «la mayúscula inicial» que responde únicamente «al deseo de poner de manifiesto la especial relevancia que quien escribe otorga al referente designado por la palabra así escrita». Dicen los académicos que «ninguna de las mayúsculas de relevancia está justificada desde el punto de vista lingüístico» y que la mayúscula presenta en muchos casos «el inconveniente añadido de su carácter extremadamente subjetivo y de la consiguiente falta de consenso en el inventario de palabras que serían susceptibles de llevarla, lo que hace imposible su regularización ortográfica. Por lo tanto, se recomienda evitarla o, al menos, restringir al máximo su empleo, que en ningún caso debe convertirse en norma».
En su apartado 4.2.4.1.6., la Ortografía también hace alusión a la mayúscula en títulos y cargos. Así, establece que Rey o Reina «deben escribirse con minúscula inicial por su condición de nombres comunes, tanto si se trata de usos genéricos como si se trata de menciones referidas a una persona concreta». Además, recomienda poner los cargos o títulos con minúscula en el encabezamiento de las cartas dirigidas a las personas que los ostentan u ocupan. Incluso, en los textos protocolarios.
En cuanto al tratamiento, el apartado 4.2.4.1.5. establece que se admite que se utilice la mayúscula cuando no va seguida del nombre propio de la persona: «Su Majestad sancionará la ley». Sin embargo, obliga a poner minúscula cuando el tratamiento se acompaña del nombre: «su santidad Benedicto XVI». Aunque obliga a poner todos los santos con minúscula, hace la excepción con San Fermín, cuando se refiere a las fiestas de Pamplona.