Estado de alarma en educación.

Ya que en la doctrina constitucional progresista el fin justifica los medios, apliquémosla a una buena causa
FERNANDO FERNÁNDEZ , ABC
UN aniversario previsiblemente insulso de la Constitución nos ha traído sin embargo una inesperada novedad.
El estado de alarma puede ser decretado para devolver la normalidad a los servicios públicos esenciales. Ese es al menos el aparente consenso de constitucionalistas y opinión pública.
No lo comparto porque me cuesta calificar de calamidad pública o catástrofe natural el cierre del espacio aéreo.
Pero como no soy experto jurista, acato su sabia doctrina y me limito a extraer las consecuencias oportunas.
Teníamos un problema y lo hemos resuelto es el nuevo catecismo de la izquierda. Sobra recordar que cuando Aznar pronunció esa frase ardió Troya, pero la vida cambia y las opiniones también, según el color del gobierno de turno.

El estado de alarma ya puede invocarse para resolver un problema de negociación colectiva, para suspender convenios y derechos sindicales, para saltarse el Estatuto de los Trabajadores, para suplir la incapacidad de los legisladores para aprobar una ley de huelga. Con una sola salvedad, que los trabajadores afectados sean unos privilegiados. Me cuesta creer que esa fuera la voluntad de los padres constituyentes, pero tal ha sido el juicio casi unánime de la opinión pública. Que se echen a temblar los altos funcionarios del Estado, los directivos de banca, los conductores de Renfe o del metro de Madrid. Ellos pueden ser los siguientes, porque es fácil argumentar que con casi más de cuatro millones y medio de parados son unos privilegiados.
España tiene un problema con la educación que debería producir alarma. Si las pérdidas de la huelga salvaje de los controladores, sabiamente infladas, pueden ascender a quinientos millones de euros, las de suspender repetidamente el examen de Pisa son incalculables. Y los afectados, cuarenta y seis millones de españoles, nuestros hijos y nuestros nietos. Y si la imagen del país quedó tocada el viernes, ha sido definitivamente hundida ayer. No solo suspendemos sino que aparecemos con todos los PIGS -Portugal, Irlanda, Grecia y hasta Italia. No se salva ni uno, muy lejos del Reino Unido, Francia, Alemania y no digamos Finlandia. Por no hablar de los mejores, todos ellos países asiáticos donde son tan antiguos que insisten en que hay que estudiar, dedicarle horas, examinarse y competir. Pobrecitos, no han entendido que la economía no es el PIB sino la búsqueda de la felicidad.
Propongo aplicar a la educación la doctrina Rubalcaba, no me atrevo a llamarla Zapatero porque todavía ando buscándole.
Hay un problema, resolvámoslo. Suspendamos los derechos sindicales de los profesores y maestros, recalculemos sus horas de trabajo para incluir solo las que están dentro del aula, retirémosles el derecho a elegir a los directores de Centros y de organizar su jornada de trabajo, ignoremos sus propuestas educativas pues solo piensan en mantener sus privilegios, liberémosles de la captura sindical, animémosles a delatar las presiones recibidas de sus colegas y representantes, amenacémosles con importar profesores —los hay a manadas en el mundo hispánico y a menor coste—, y si aún así se resisten procesémosles por sedición.
Convendrán conmigo que la calidad de la educación es mucho más determinante para el futuro de España que mantener abierto el espacio aéreo un fin de semana. Sin embargo a muchos les parecerá un exceso generalizar la doctrina Rubalcaba a la educación. Pero recuerden que se ha intentado ya casi todo. Y no funciona. Quizás un estado de alarma a tiempo permita cortar de raíz. Ya que parece que en la doctrina constitucional progresista el fin justifica los medios, apliquémosla a una buena causa.