miércoles, 29 de diciembre de 2010

La alternativa


Montilla cobrará más de cien mil euros anuales, con oficina, personal y coche oficial.
En Baleares, Murcia, Cantabria o Aragón, el ex presidente no tiene sueldo
La despedida en la presidencia de una Comunidad no es igual para todos.
Al contrario.
El día después de abandonar el despacho puede vivirse de muy distintas maneras. El coche oficial seguirá a la puerta, o no; y el sueldo se puede mantener, cambiarse por otro más modesto o desaparecer. La normativa y los usos que las Comunidades aplican sobre la figura del ex presidente son tan variados que van del todo a la nada.
Los consejos consultivos son en ocasiones el destino de quienes han ostentado la máxima representación autonómica y los más afortunados hasta mantienen un despacho y coche oficial.

Cataluña es, sin duda, la Comunidad más proteccionista en este sentido. El ya ex «president» de la Generalitat José Montilla dejará el cargo con el 80 por ciento del sueldo —135.000 euros brutos anuales— durante dos años, en virtud de la Ley de ex presidentes aprobada en 2003, coincidiendo con la retirada de Jordi Pujol. De hecho, fue la primera ley aprobada por el tripartito y Pasqual Maragall fue su principal impulsor, empeñado en investir de mayor reconocimiento a la figura del ex presidente, que Pujol no se planteó en sus 23 años al frente de la institución.
La normativa empleada entonces, que da amparo a Pujol y Maragall y a la que se acogerá a partir de enero Montilla, establece para los ex presidentes del Ejecutivo y del Parlamento catalán, y también para los ex consejeros, el 80% del sueldo asociado a su cargo durante la mitad del tiempo que lo hayan ostentado hasta un máximo de dos legislaturas y el 60% del sueldo a partir de la jubilación. Sin embargo, tanto Pujol como Maragall dejaron la Generalitat superados los 65 años, por lo que no recibieron el 80% del sueldo que sí recibirá Montilla, 56 años, a no ser que tras el congreso del PSC del próximo otoño asuma nuevas responsabilidades públicas o privadas.
Los ex presidentes catalanes tienen derecho, sin límite de tiempo, a disponer de tres personas a su servicio, con dedicación especial, además de una dotación presupuestaria para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, si es necesario, para alquiler de inmuebles. También cuentan con un vehículo de representación con chófer y servicios de seguridad. Estas atribuciones se han traducido en la oficina de Pujol en el Paseo de Gracia, la de Pasqual Maragall en el cruce entre Diagonal y Paseo de Gracia y, a partir de ahora, la de Montilla en la Rambla de Cataluña.
En Madrid, voluntario
Por contra, en la Comunidad de Madrid no existe un estatuto del ex presidente que fije los derechos a los que pueden acceder aquellos que hayan ocupado el sillón presidencial de la Real Casa de Correos, lo que afectaría solo a Joaquín Leguina (PSOE) y Alberto Ruiz-Gallardón (PP). La actual jefa del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, decidió hace dos años la integración voluntaria de los ex presidentes en el Consejo Consultivo de la Comunidad, de la misma forma que el Consejo de Estado también incluye a los ex titulares del Gobierno central. Los estatutos del Consejo fijan que los ex presidentes serán miembros natos siempre que no ocupen un cargo público y les asigna un sueldo idéntico al de un consejero del Gabinete autonómico, es decir, 87.440 euros anuales. Solo Leguina permanece en esta situación.
Sin regulación

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