El Gobierno se niega a reconocer el problema de los controladores aéreos como un conflicto laboral y prefiere introducir el debate político por el atolladero judicial, con la Fiscalía anunciando penas de hasta ocho años de cárcel por un presunto delito de sedición.
Nadie osará defender, ni siquiera matizar con atenuantes, el plante de los supuestos responsables del control del tráfico aéreo en nuestro país que, de una manera indirecta, han facilitado que el presidente se suba al pedestal de la necesidad para convertir en virtud los defectos de su nefasta gestión.
Ante la incapacidad para desenredar la maraña, Zapatero ha recurrido a la más patética solemnidad para aventurar incluso la prórroga del la situación de emergencia si continúa lo que el Gobierno entiende como una actitud de chantaje por parte de los controladores.
El estado de alarma durará hasta el domingo día 19 y no será hasta el 21 cuando el Pleno del Congreso resuelva la eventual prolongación del decreto acordado el sábado.
El lunes día 20 es la fecha mágica para comprobar el grado de resistencia de los empleados de Aena y la prueba del nueve que fundamentará la decisión del Gobierno.
Zapatero tiene hasta entonces para sacar a pasear su mano izquierda, representada por Rubalcaba, sin saber lo que hace la mano derecha que maneja José Blanco como gran adalid en la militarización de los controladores.
El ministro de Fomento se ha salvado de la quema porque el presidente no puede mostrar flaqueza en sede parlamentaria, pero el vicesecretario del PSOE no debería confiar su suerte a una renovación del estado de alarma.
Los controladores, con sus pompas y sus obras, han servido como coartada perfecta para decretar jurídicamente una situación que ya padecen de hecho muchos miles de españoles, pero si la emergencia persiste de oficio será Blanco quien se coloque junto a sus adversarios en el centro de la diana como chivo expiatorio de Zapatero.
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