Montilla

La Justicia frena a Montilla
ADEMÁS de la reacción social que reflejan los múltiples apoyos al Manifiesto por la Lengua Común, parece que también los Tribunales ponen las cosas en su sitio.

Es muy significativa, en efecto, la sentencia del TSJ de Cataluña por la cual se obliga a la Generalitat a cumplir la ley del castellano en los colegios.

Aplicar la tercera hora en la lengua común supone impartir 665 horas de castellano en Primaria desde el próximo curso, sobre la base de un dato concluyente: según la sentencia, el 95 por ciento de los centros incumplía esta norma.

Si bien por razones técnicas, el Tribunal no entra a valorar el fondo del asunto, afirma de forma tajante que el fundamento para adoptar las medidas cautelares que impone consiste en no causar «perjuicios irreparables» a los alumnos de este ciclo educativo.

Tiene toda la razón el órgano jurisdiccional en su planteamiento jurídico.

Sin embargo, la respuesta de los políticos catalanes resulta inadmisible: con tal de garantizar la supervivencia del tripartito, José Montilla acepta una vez más el chantaje de sus socios radicales y admite que ERC se salga con la suya por el procedimiento insólito de hacer oídos sordos a la sentencia.
Rodríguez Zapatero, muy en su estilo, prefiere acusar a los impulsores del manifiesto de «apropiarse» del castellano, pero su obligación como presidente del Gobierno es hacer que se cumplan la Constitución y las leyes.

El artículo 118 de la Norma Fundamental establece que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones de los jueces y tribunales. Por ello, sin perjuicio de los recursos que procedan, las autoridades catalanas tienen que poner los medios para que la tercera hora de castellano se ponga en práctica desde el próximo curso sin pretexto de ningún tipo.

En un Estado de Derecho, cumplir las leyes y las sentencias es una obligación sustancial y no puede quedar al arbitrio de los equilibrios partidistas.

En todo caso, la resolución del TSJ catalán llega en un momento muy oportuno, porque muchos ciudadanos están dispuestos a ejercer los derechos individuales que les otorga el ordenamiento jurídico frente a las medidas discriminatorias impulsadas por una mentalidad sectaria y localista que es contraria al espíritu de los tiempos.
El castellano es la lengua oficial del Estado y su cooperación positiva con el resto de las lenguas españolas en los diversos territorios bilingües supone un enriquecimiento para todos. En cambio, no son tolerables ni la exclusión ni la imposición autoritaria que impiden de hecho vivir en castellano en algunas comunidades autónomas.

El Gobierno prefiere hacerse el sordo con tal de no molestar a sus socios radicales, pero por fortuna la reacción social y el principio de legalidad empiezan a poner freno a estas maniobras partidistas.

El aspecto educativo es sólo uno de los elementos del problema lingüístico. Los padres tienen, sin duda, derecho a escolarizar a sus hijos en castellano, pero además todos los ciudadanos tienen la facultad de usar la lengua oficial en toda España en sus relaciones con la Administración, en el rótulo de los establecimientos o en cualquier acto de naturaleza pública. Si no se imparte de forma adecuada durante el periodo escolar, los niños no llegarán a dominar un idioma de dimensión universal que enriquece decisivamente su bagaje humano y cultural. Esto es, como dice la sentencia, se producirán perjuicios de imposible o muy difícil reparación que justifican en nuestro derecho la adopción de medidas cautelares.

Ni Rodríguez Zapatero ni Montilla pueden eludir su responsabilidad, por mucho que el PSOE quiera utilizar la pluralidad lingüística para sus fines particulares o que el PSC necesite contar con el apoyo de ERC para sostener un gobierno frágil e ineficaz.

El Estado de Derecho exige imperativamente que la Generalitat se ponga a trabajar desde ahora mismo y que, a la vuelta de las vacaciones, todos los colegios catalanes cumplan efectivamente con la normativa en vigor.