PODRÍA haber sido el episodio de un esperpento, pero desgraciamente lo que sucedió ayer por la mañana fue real, bien real: el Gobierno anunció el alargamiento del periodo de cómputo para fijar la cuantía de las pensiones de 15 a 25 años y, cuatro horas más tarde, decidió dar marcha atrás.
La propuesta figuraba en el Programa de Estabilidad 2009-2013, presentado ayer ante la Comisión Europea, en el que se calculaba que la extensión de la jubilación hasta los 67 años y el aumento del periodo de cómputo de las pensiones permitirían un ahorro de recursos del 4% del PIB en 2030 (a precios actuales, unos 40.000 millones de euros).
A primera hora de la tarde y tras una dura reacción de los sindicatos, el Gobierno envió una nota a los medios de comunicación en la que señalaba que no se trataba de una propuesta sino de «un ejemplo», «una simulación» que había sido interpretada de forma «errónea». Es evidente que no se trataba de un ejemplo ni de una simulación ya que el Gobierno se había tomado la molestia de evaluar su impacto sobre las cuentas públicas. Pero es que además la medida ya figuraba, aunque sin cuantificar, en el proyecto de reforma de las pensiones aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
Estamos, pues, ante una increíble chapuza que revela la ligereza con la que actúa el Gobierno en materia de política económica. El Programa de Estabilidad es una cosa muy seria y las pensiones lo son todavía mucho más, por lo que se podía suponer que el documento presentado en Bruselas era algo meditado y reflexionado. ¿Qué pueden pensar los dirigentes europeos y los inversores internacionales después de tamaña muestra de improvisación y de los bandazos de este Ejecutivo?
La imagen de España se deteriora cada día que pasa, como revelan las manifestaciones de Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos, que equiparó ayer a España con Grecia y Portugal, palabras que se suman al diagnóstico de Paul Krugman de que nuestro país es hoy una grave amenaza para la estabilidad de la zona euro.
Iniciativas como las planteadas por el Gobierno para la reforma de las pensiones deberían haber formado parte de un gran pacto nacional consensuado con los partidos, las comunidades autónomas y los agentes sociales. Pero Zapatero optó por no pactar nada, creyendo ingenuamente que la crisis remitiría en unos meses.
La situación es hoy desoladora, como refleja el propio plan de estabilidad, en el que se plantea un recorte de un 4,3% sobre el PIB en el gasto de las Administraciones Públicas en el plazo de tres años, un esfuerzo de austeridad que parece imposible en un Gobierno acostumbrado a derrochar el dinero público.
Desgraciadamente para Zapatero, el equipo económico que encabeza Elena Salgado -que hace mes y medio defendió unos Presupuestos que hoy son papel mojado- ha perdido toda credibilidad. Máxime si el patinazo de ayer se salda sin que nadie asuma la responsabilidad de un fallo tan garrafal. Alguien tiene que pagar por el error.
Da la impresión de que el Gobierno es una nave a la deriva, que cambia de ruta en función de los vientos, pero que no sabe a dónde va. Hasta hace muy poco, Zapatero había sido persistente en sus políticas, aunque nos parecieran erróneas. Ahora, ha empezado a dar una serie de bandazos que ha desconcertado tanto a sus simpatizantes como a sus detractores porque lo peor, en una situación como ésta, es improvisar.
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