O SE REFORMA el Título VIII de la Constitución o asistiremos a la fractura de nuestra Carta Magna. Demasiado tiempo ha resistido ya. Desde hace 10 años vengo insistiendo en que se cierre el Estado de las Autonomías con la obligada reforma constitucional. Ni una trasferencia más ni un chantaje más ni una coacción más. Y, por supuesto, la recuperación plena para el Estado de las competencias en Educación, suicidamente transferidas a las Comunidades Autónomas.
«Que los dos grandes partidos nacionales -escribió hace unas semanas Jorge de Esteban en uno de los artículos más lúcidos que he leído en mucho tiempo- lleguen al acuerdo y al convencimiento de que la única forma de arreglar este desaguisado, es rectificando a los padres constituyentes, para proceder a la reforma total del Título VIII de la Constitución y, previamente, de la ley electoral, porque sólo así se podrá evitar la amenaza a nuestra Constitución».
Para Jorge de Esteban, el Gobierno de Zapatero, aun no siendo culpable directo de los errores de la Constitución, «cometió la imprudencia de soltar las amarras que frenaban a los nacionalismos vasco y catalán». El error añadido de nuestros constituyentes, aparte de empeorar el sistema de descentralización territorial de la II República, se potenció con una ley electoral que prima a las minorías nacionalistas y las permite coaccionar de forma abusiva a los grandes partidos nacionales. Cuando el PSOE o el PP no alcanzaron la mayoría absoluta han tenido que someterse al chantaje de los partidos nacionalistas para la investidura, primero, y para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, después, y así cada año. Las últimas y suculentas tajadas las ofreció Zapatero en septiembre pasado redondeando el festín de los nacionalistas. Amelia Valcárcel, que es una mujer muy inteligente, podría explicar lo que éticamente eso supone. Ha concluido, por cierto, un sólido trabajo sobre Ética, religión y normativas de género, que ha alcanzado las calificaciones más sobresalientes.
Se ha transferido a las Autonomías mucho más de lo que era prudente. Se ha pagado mucho más de lo que se debería haber pagado. Y la voracidad nacionalista, como anticipó Ortega y Gasset a Manuel Azaña, permanece intacta. Nunca se sacia. De las exigencias de transferencias se ha pasado ya al secesionismo abierto proclamado y con fechas.
Artículos como el de Jorge de Esteban plantean a la opinión pública la realidad política de la Constitución amenazada. Los partidos políticos deberían meditar detenidamente lo que el catedrático de Derecho Constitucional ha expuesto, pero andan siempre zascandileando por las ramas en la defensa de los intereses partidistas, sin tiempo para ocuparse del interés de España. Y el interés de España exige ya, con urgencia, un pacto entre el PSOE y el PP para reformar el Título VIII de la Constitución.
Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.
«Que los dos grandes partidos nacionales -escribió hace unas semanas Jorge de Esteban en uno de los artículos más lúcidos que he leído en mucho tiempo- lleguen al acuerdo y al convencimiento de que la única forma de arreglar este desaguisado, es rectificando a los padres constituyentes, para proceder a la reforma total del Título VIII de la Constitución y, previamente, de la ley electoral, porque sólo así se podrá evitar la amenaza a nuestra Constitución».
Para Jorge de Esteban, el Gobierno de Zapatero, aun no siendo culpable directo de los errores de la Constitución, «cometió la imprudencia de soltar las amarras que frenaban a los nacionalismos vasco y catalán». El error añadido de nuestros constituyentes, aparte de empeorar el sistema de descentralización territorial de la II República, se potenció con una ley electoral que prima a las minorías nacionalistas y las permite coaccionar de forma abusiva a los grandes partidos nacionales. Cuando el PSOE o el PP no alcanzaron la mayoría absoluta han tenido que someterse al chantaje de los partidos nacionalistas para la investidura, primero, y para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, después, y así cada año. Las últimas y suculentas tajadas las ofreció Zapatero en septiembre pasado redondeando el festín de los nacionalistas. Amelia Valcárcel, que es una mujer muy inteligente, podría explicar lo que éticamente eso supone. Ha concluido, por cierto, un sólido trabajo sobre Ética, religión y normativas de género, que ha alcanzado las calificaciones más sobresalientes.
Se ha transferido a las Autonomías mucho más de lo que era prudente. Se ha pagado mucho más de lo que se debería haber pagado. Y la voracidad nacionalista, como anticipó Ortega y Gasset a Manuel Azaña, permanece intacta. Nunca se sacia. De las exigencias de transferencias se ha pasado ya al secesionismo abierto proclamado y con fechas.
Artículos como el de Jorge de Esteban plantean a la opinión pública la realidad política de la Constitución amenazada. Los partidos políticos deberían meditar detenidamente lo que el catedrático de Derecho Constitucional ha expuesto, pero andan siempre zascandileando por las ramas en la defensa de los intereses partidistas, sin tiempo para ocuparse del interés de España. Y el interés de España exige ya, con urgencia, un pacto entre el PSOE y el PP para reformar el Título VIII de la Constitución.
Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.
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