ZAPATERO está avanzando en la dirección equivocada, según advirtió ayer el nuevo comisario de Economía, Olli Rehn. Según las nuevas previsiones de la Comisión Europea, España registrará este año un crecimiento negativo del 0,6%, el doble de lo previsto por el Gobierno.
La estimación de Bruselas está en línea con la del Banco de España, que, según desveló EL MUNDO, contempla una caída del PIB del 0,5% para este ejercicio, y coincide exactamente con la del FMI.
Rehn vaticinó que habrá una ligera recuperación en el segundo trimestre, pero que la subida del IVA y los impuestos indirectos provocará una recaída en los seis últimos meses del año. Parece obvio que, en una situación de fuerte declive del consumo y la inversión, el alza de la presión fiscal que va a llevar a cabo el Gobierno es un grave error. Eso es, al menos, lo que cree Bruselas y lo que ya han dicho numerosos expertos.
Elena Salgado insistió ayer en mantener la previsión del Gobierno de una caída del 0,3% del PIB, pero aun cuando tuviera razón sería un dato malísimo, ya que la bajada de 2009 ha sido del 3,6%, por lo que estamos hablando de un descenso sobre otro descenso.
El negro panorama que prevé la Comisión coincide con el comienzo de las negociaciones entre el Gobierno y las fuerzas parlamentarias para alcanzar un pacto económico. Ayer, el Gobierno se limitó a presentar un listado de temas, anunciando que la semana que viene efectuará una serie de propuestas concretas.
Veremos hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo, pero de momento Elena Salgado se ha visto obligada a subrayar que respetará el alza del 0,3% de subida salarial laboriosamente pactada con los funcionarios por su colega De la Vega. El día anterior, el secretario de Estado de Hacienda había sugerido que el Gobierno estaba estudiando un recorte, palabras que suscitaron una reacción de indignación de los sindicatos.
El hecho es que los salarios de los funcionarios no sólo no se van a revisar a la baja sino que además van a subir por poco que sea. Lo que sí va a hacer el Ejecutivo es no reponer el personal que se jubile, lo que permitiría un ahorro de la masa salarial del 4% en cuatro años. Muy poca cosa porque el total de las remuneraciones de los tres millones de funcionarios de todas las Administraciones Públicas supone 120.000 millones de euros, por lo que estamos hablando de un ahorro de 4.800 millones al cabo de cuatro años.
Se pone así en evidencia el temor del Gobierno a meter la tijera en el gasto cuando ello implica posibles protestas de los sindicatos o de los funcionarios, que el año pasado tuvieron una subida bruta de sus salarios del 3,6%. El propio Zapatero matizó el viernes pasado en Londres que el ajuste presupuestario se llevará a cabo cuando se reactive la economía, lo que evidencia su escasa o nula convicción en la necesidad de reducir el gasto público.
Estas reacciones revelan que ni Zapatero ni Elena Salgado son conscientes de la magnitud del problema. Esperan a que la reactivación de la economía internacional tire de España, mientras aplazan cualquier iniciativa que pudiera significar un atisbo de impopularidad. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el Gobierno desde el pasado verano? La respuesta es ninguna. Han proliferado, eso sí, decenas de planes y anuncios, pero ninguna reforma concreta.
La última esperanza reside en un acuerdo entre los dos grandes partidos en la negociación que comenzó ayer, lo cual parece muy difícil a juzgar por la vaguedad del Gobierno y el burlón escepticismo del PP.
La estimación de Bruselas está en línea con la del Banco de España, que, según desveló EL MUNDO, contempla una caída del PIB del 0,5% para este ejercicio, y coincide exactamente con la del FMI.
Rehn vaticinó que habrá una ligera recuperación en el segundo trimestre, pero que la subida del IVA y los impuestos indirectos provocará una recaída en los seis últimos meses del año. Parece obvio que, en una situación de fuerte declive del consumo y la inversión, el alza de la presión fiscal que va a llevar a cabo el Gobierno es un grave error. Eso es, al menos, lo que cree Bruselas y lo que ya han dicho numerosos expertos.
Elena Salgado insistió ayer en mantener la previsión del Gobierno de una caída del 0,3% del PIB, pero aun cuando tuviera razón sería un dato malísimo, ya que la bajada de 2009 ha sido del 3,6%, por lo que estamos hablando de un descenso sobre otro descenso.
El negro panorama que prevé la Comisión coincide con el comienzo de las negociaciones entre el Gobierno y las fuerzas parlamentarias para alcanzar un pacto económico. Ayer, el Gobierno se limitó a presentar un listado de temas, anunciando que la semana que viene efectuará una serie de propuestas concretas.
Veremos hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo, pero de momento Elena Salgado se ha visto obligada a subrayar que respetará el alza del 0,3% de subida salarial laboriosamente pactada con los funcionarios por su colega De la Vega. El día anterior, el secretario de Estado de Hacienda había sugerido que el Gobierno estaba estudiando un recorte, palabras que suscitaron una reacción de indignación de los sindicatos.
El hecho es que los salarios de los funcionarios no sólo no se van a revisar a la baja sino que además van a subir por poco que sea. Lo que sí va a hacer el Ejecutivo es no reponer el personal que se jubile, lo que permitiría un ahorro de la masa salarial del 4% en cuatro años. Muy poca cosa porque el total de las remuneraciones de los tres millones de funcionarios de todas las Administraciones Públicas supone 120.000 millones de euros, por lo que estamos hablando de un ahorro de 4.800 millones al cabo de cuatro años.
Se pone así en evidencia el temor del Gobierno a meter la tijera en el gasto cuando ello implica posibles protestas de los sindicatos o de los funcionarios, que el año pasado tuvieron una subida bruta de sus salarios del 3,6%. El propio Zapatero matizó el viernes pasado en Londres que el ajuste presupuestario se llevará a cabo cuando se reactive la economía, lo que evidencia su escasa o nula convicción en la necesidad de reducir el gasto público.
Estas reacciones revelan que ni Zapatero ni Elena Salgado son conscientes de la magnitud del problema. Esperan a que la reactivación de la economía internacional tire de España, mientras aplazan cualquier iniciativa que pudiera significar un atisbo de impopularidad. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el Gobierno desde el pasado verano? La respuesta es ninguna. Han proliferado, eso sí, decenas de planes y anuncios, pero ninguna reforma concreta.
La última esperanza reside en un acuerdo entre los dos grandes partidos en la negociación que comenzó ayer, lo cual parece muy difícil a juzgar por la vaguedad del Gobierno y el burlón escepticismo del PP.
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