La Generalitat de Montilla ha aprobado sustituir diputaciones por veguerías sin reformar la Constitución, en contra de lo que proponía el texto del ahora ministro de Justicia que, en un Informe de 2004, sostenía que las veguerías no cabían en la Constitución
Francisco Caamaño, actual ministro de Justicia, publicó hace seis años un informe, cuando era secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en el que aseguraba que la creación de veguerías, y la supresión de provincias, requeriría la necesidad de reformar la Constitución, un paso que el Gobierno de José Montilla ha obviado.
«Más temprano que tarde habrá que decidir entre suprimir la provincia y adjudicar a las CC.AA. la creación, según sus peculiaridades, sus particulares entes locales intermedios (llámense comarcas, veguerías o de cualquier otro modo) lo que obligaría a una reforma de la Constitución».
La aprobación, el martes, de la Ley de veguerías, que abre un proceso de reorganización territorial en Cataluña, obligará a reformar tres leyes orgánicas estatales. Es decir, que nunca saldrá adelante sin la aceptación del Gobierno y el apoyo del PSOE en el Congreso de los Diputados.
El proyecto de la Generalitat conserva las provincias como mapa de la administración del Estado y circunscripción electoral para evitar precisamente la necesidad de reformar la Carta Magna. Pero elimina las diputaciones, recogidas en la legislación básica del Estado, y supone la creación de dos mapas administrativos superpuestos: provincias para la Administración del Estado y veguerías para la autonómica.
Las actuales Diputaciones serán sustituidas por siete Consejos de Veguería, que actuarían también como administración supramunicipal y se financiarán con los fondos estatales destinados a la Administración Local que ahora administran las diputaciones. Se trata de una vieja reivindicación del nacionalismo catalán, que siempre ha visto en el mapa provincial una rémora del franquismo.
La segunda ley aprobada por el ejecutivo de Montilla es la recuperación del Área Metropolitana de Barcelona, una entidad que agrupa a 36 municipios de la conurbación barcelonesa en la que viven más de tres millones de personas, la mitad de la población de Cataluña. Se trata en este caso de una reivindicación socialista, desde que Jordi Pujol suprimió en 1987 el gobierno metropolitano por temor a que actuara como contrapoder de la Generalitat.
Tanto CiU como PP y C´s anunciaron su oposición al proyecto del gobierno que preside Montilla, mientras PSC, ERC e ICV amenazaban con imponer su rodillo en el Parlamento autonómico para aprobarlo antes de que concluya la actual legislatura.
CiU dejó abierta la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad porque nace sin consenso territorial y político, y el PP fue más allá y aseguró que «no descarta» recurrirlo ante el Consejo de Garantias Estatutarias.
Según la portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Dolors Montserrat, el proyecto de ley es «un desprecio y un desafío» al Tribunal Constitucional (TC) que, a su juicio, este mes podría sentenciar sobre el Estatut.
Resulta llamativo que mientras se crean «espacios europeos» y áreas de cooperación multinacional, la coalición de socialistas y nacionalistas en Cataluña apueste por reorganizar esta comunidad con un modelo fragmentario de la Edad Media. Ahora bien, mientras el Tribunal Constitucional no resuelva los recursos contra el Estatuto de Cataluña, el gobierno de José Montilla tendrá la base legal para seguir engordando un desarrollo estatutario que hará mucho más difícil la reposición del orden constitucional en la comunidad catalana, siempre que la sentencia declare la inconstitucionalidad, total o parcial, del Estatuto.
La parálisis del TC deja libre el camino al tripartito para demostrar que el Estatuto no es una norma de gobierno autonómico, sino un texto de efecto constituyente que ha alterado el modelo constitucional del Estado español al margen de los procedimientos de reforma de la Constitución, diga lo que diga el TC.
Por otro lado, el proyecto del tripartito responde más a una nueva concesión al radicalismo nacionalista, porque la creación de veguerías no es necesaria administrativamente ni es demandada socialmente. Además, su tramitación y posterior entrada en vigor ocupará un tiempo superior al que resta hasta las elecciones autonómicas de octubre, si no hay adelanto electoral. Por tanto, parece una cierta frivolidad plantear nada menos que una reorganización territorial de Cataluña -y del Estado, por supuesto- sin esperar a la sentencia del TC, ni al resultado de las próximas elecciones, aunque todo puede explicarse si se trata de una apuesta meramente electoralista para mantener el apoyo de los sectores nacionalistas más radicales. Como hasta ahora.
Francisco Caamaño, actual ministro de Justicia, publicó hace seis años un informe, cuando era secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en el que aseguraba que la creación de veguerías, y la supresión de provincias, requeriría la necesidad de reformar la Constitución, un paso que el Gobierno de José Montilla ha obviado.
«Más temprano que tarde habrá que decidir entre suprimir la provincia y adjudicar a las CC.AA. la creación, según sus peculiaridades, sus particulares entes locales intermedios (llámense comarcas, veguerías o de cualquier otro modo) lo que obligaría a una reforma de la Constitución».
La aprobación, el martes, de la Ley de veguerías, que abre un proceso de reorganización territorial en Cataluña, obligará a reformar tres leyes orgánicas estatales. Es decir, que nunca saldrá adelante sin la aceptación del Gobierno y el apoyo del PSOE en el Congreso de los Diputados.
El proyecto de la Generalitat conserva las provincias como mapa de la administración del Estado y circunscripción electoral para evitar precisamente la necesidad de reformar la Carta Magna. Pero elimina las diputaciones, recogidas en la legislación básica del Estado, y supone la creación de dos mapas administrativos superpuestos: provincias para la Administración del Estado y veguerías para la autonómica.
Las actuales Diputaciones serán sustituidas por siete Consejos de Veguería, que actuarían también como administración supramunicipal y se financiarán con los fondos estatales destinados a la Administración Local que ahora administran las diputaciones. Se trata de una vieja reivindicación del nacionalismo catalán, que siempre ha visto en el mapa provincial una rémora del franquismo.
La segunda ley aprobada por el ejecutivo de Montilla es la recuperación del Área Metropolitana de Barcelona, una entidad que agrupa a 36 municipios de la conurbación barcelonesa en la que viven más de tres millones de personas, la mitad de la población de Cataluña. Se trata en este caso de una reivindicación socialista, desde que Jordi Pujol suprimió en 1987 el gobierno metropolitano por temor a que actuara como contrapoder de la Generalitat.
Tanto CiU como PP y C´s anunciaron su oposición al proyecto del gobierno que preside Montilla, mientras PSC, ERC e ICV amenazaban con imponer su rodillo en el Parlamento autonómico para aprobarlo antes de que concluya la actual legislatura.
CiU dejó abierta la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad porque nace sin consenso territorial y político, y el PP fue más allá y aseguró que «no descarta» recurrirlo ante el Consejo de Garantias Estatutarias.
Según la portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Dolors Montserrat, el proyecto de ley es «un desprecio y un desafío» al Tribunal Constitucional (TC) que, a su juicio, este mes podría sentenciar sobre el Estatut.
Resulta llamativo que mientras se crean «espacios europeos» y áreas de cooperación multinacional, la coalición de socialistas y nacionalistas en Cataluña apueste por reorganizar esta comunidad con un modelo fragmentario de la Edad Media. Ahora bien, mientras el Tribunal Constitucional no resuelva los recursos contra el Estatuto de Cataluña, el gobierno de José Montilla tendrá la base legal para seguir engordando un desarrollo estatutario que hará mucho más difícil la reposición del orden constitucional en la comunidad catalana, siempre que la sentencia declare la inconstitucionalidad, total o parcial, del Estatuto.
La parálisis del TC deja libre el camino al tripartito para demostrar que el Estatuto no es una norma de gobierno autonómico, sino un texto de efecto constituyente que ha alterado el modelo constitucional del Estado español al margen de los procedimientos de reforma de la Constitución, diga lo que diga el TC.
Por otro lado, el proyecto del tripartito responde más a una nueva concesión al radicalismo nacionalista, porque la creación de veguerías no es necesaria administrativamente ni es demandada socialmente. Además, su tramitación y posterior entrada en vigor ocupará un tiempo superior al que resta hasta las elecciones autonómicas de octubre, si no hay adelanto electoral. Por tanto, parece una cierta frivolidad plantear nada menos que una reorganización territorial de Cataluña -y del Estado, por supuesto- sin esperar a la sentencia del TC, ni al resultado de las próximas elecciones, aunque todo puede explicarse si se trata de una apuesta meramente electoralista para mantener el apoyo de los sectores nacionalistas más radicales. Como hasta ahora.
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