SIEMPRE complaciente con dictadores que se proclaman de izquierdas, algunos sectores del «progresismo» español buscan en cambio cualquier pretexto para atacar a la Iglesia católica.
La Mesa del Congreso de los Diputados admitió a trámite recientemente una peregrina propuesta de IU-ICV para que la Cámara se pronuncie sobre una «reprobación» del Papa por sus palabras acerca del sida durante la visita a África.
Con un criterio aparentemente formalista, la mayoría consideró que las funciones del órgano de gobierno del Congreso excluyen el control del contenido de las iniciativas que presentan los grupos. Se trata de un criterio más que discutible porque, con este mismo argumento, tendría que admitirse el debate sobre propuestas manifiestamente contrarias a la Constitución o incluso ofensivas para las instituciones democráticas.
Por otra parte, existen precedentes que excluyen la discusión sobre cuestiones que afecten a jefes de Estado extranjeros o que alteren las relaciones diplomáticas entre España y otros sujetos del Derecho internacional, como es el caso de la Santa Sede. Desde este punto de vista, es muy lógico que monseñor Rouco -en su calidad de máximo representante de la Iglesia en nuestro país- haya trasladado su protesta y malestar a José Bono por este ataque injustificado a la persona del Papa y al derecho más elemental a la expresión de su mensaje espiritual. Dadas las circunstancias, el voto favorable de dos representantes del PP en la Mesa (Ana Pastor y Celia Villalobos), frente al rechazo de otros dos diputados de la oposición (Jorge Fernández e Ignacio Gil-Lázaro), demuestra una cierta ingenuidad puesto que el acuerdo contaba ya con mayoría suficiente y era fácil percibir la trampa política oculta bajo los criterios formalistas sobre la admisión a trámite. En todo caso, es absurdo alimentar una polémica artificial puesto que el Grupo Popular ha dicho ya con toda claridad que votará en contra de esta propuesta disparatada.
El Parlamento debe dedicar su tiempo y su esfuerzo a los asuntos que realmente preocupan a los ciudadanos, como la recesión, el paro, o el riesgo sanitario derivado de la gripe porcina. Es inaceptable que IU-ICV malgaste el tiempo de nuestros parlamentarios y el dinero de todos los españoles en lanzar un mensaje sectario sobre unas palabras del Papa evidentemente manipuladas y sacadas fuera de contexto. Las «proposiciones no de ley» son un instrumento de orientación política en virtud del cual la Cámara expresa su criterio sobre un asunto de su competencia. Por tanto, no deberían utilizarse al servicio de un interés partidista, con un ejercicio abusivo del derecho a presentar iniciativas. Si la Mesa del Congreso se limita a comprobar el cumplimiento de los requisitos burocráticos, su función resulta perfectamente inútil ya que podría ser realizada con mayor eficacia por un órgano técnico y administrativo. Por ello, es necesario que ejerza sus competencias como órgano directivo, en el marco de la Constitución del Reglamento parlamentario, para evitar que puedan pronunciarse en la sede de la soberanía nacional expresiones que ofenden al sentimiento mayoritario de los españoles. La sospecha de que el laicismo radical que inspira últimamente al Gobierno tenga algo que ver con esta iniciativa contribuye a que merezca ser rechazada de forma rotunda.
El Parlamento debe dedicar su tiempo y su esfuerzo a los asuntos que realmente preocupan a los ciudadanos, como la recesión, el paro, o el riesgo sanitario derivado de la gripe porcina. Es inaceptable que IU-ICV malgaste el tiempo de nuestros parlamentarios y el dinero de todos los españoles en lanzar un mensaje sectario sobre unas palabras del Papa evidentemente manipuladas y sacadas fuera de contexto. Las «proposiciones no de ley» son un instrumento de orientación política en virtud del cual la Cámara expresa su criterio sobre un asunto de su competencia. Por tanto, no deberían utilizarse al servicio de un interés partidista, con un ejercicio abusivo del derecho a presentar iniciativas. Si la Mesa del Congreso se limita a comprobar el cumplimiento de los requisitos burocráticos, su función resulta perfectamente inútil ya que podría ser realizada con mayor eficacia por un órgano técnico y administrativo. Por ello, es necesario que ejerza sus competencias como órgano directivo, en el marco de la Constitución del Reglamento parlamentario, para evitar que puedan pronunciarse en la sede de la soberanía nacional expresiones que ofenden al sentimiento mayoritario de los españoles. La sospecha de que el laicismo radical que inspira últimamente al Gobierno tenga algo que ver con esta iniciativa contribuye a que merezca ser rechazada de forma rotunda.
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