miércoles, 30 de noviembre de 2011

No me digas lo que eres, déjame ver lo que haces.

La ley de la Memoria Histórica, que cualquier persona con sentido común podría suscribir, se ha convertido en un despropósito. 
El zapaterismo la ha convertido en un instrumento para acusar a muchos españoles de pecados cometidos hace 75 años por unas generaciones que han desaparecido.
Nuestro antiguo Gobierno parece olvidar que, puestos a acusar a alguien, podrían mirar para su propia casa, ya que buena parte de los altos dirigentes del PSOE, de los que acusan con el dedo, son hijos de los jerarcas del régimen que tanto denigran, cuando no fueron ellos los que desempeñaron algún carguillo en las postrimerías del mismo.
Quizás por ello tienen tan presente la Guerra Civil de 1936.
La realidad es que en la España actual los únicos que se siente herederos de los tristes sucesos de nuestra Guerra Civil, ya que lucen con orgullo las mismas siglas, al tiempo que presumen de 100 años de honradez, son los militantes del PSOE. En la actualidad lo único que tenemos claro es que el PSOE (de 1936), el PCE y la CNT fueron tan culpables de la guerra como los requetés, falangistas y militares sublevados. Y que todo es historia, afortunadamente nada más que historia. 
Justo antes de abandonar el escenario el PSOE se ha sacado su último conejo de la chistera, su postrera cortina de humo, desenterrar a Franco, sacarle del Valle de los Caídos. 
Señores socialistas, los españoles tenemos muchos problemas –encontrar trabajo, llegar a final de mes, que ETA no siga en la instituciones, etc.– para pensar en qué hacer con la momia de un viejo general que gobernó hace muchos años y que está enterrado en una iglesia, preciosa e impresionante, en medio de la sierra madrileña. Dejen a los españoles en paz. No lancen sobre el nuevo Gobierno problemas que no existen, pues bastante difícil lo tienen con los problemas reales que les han dejado en herencia como para lanzarles encima a Franco. Señores del PSOE, ¡Franco a muerto! No se preocupen, Luis E. Togores.



La Resolución de la Comisión Constitucional del Congreso que obtuvo el voto unánime de todos los grupos parlamentarios (20 de noviembre de 2002) afirma:

Memoria histórica: Resolución ignorada del Congreso de los Diputados sobre la Guerra Civil española (2002).

 "Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática".
Asimismo, en ella se habla del deber de nuestra sociedad democrática de "proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión franquista".

Añade: 
"Cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, deberá evitar que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la guerra civil".


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