Su jefe dice que no debieron destruirse y que dejaron tareas sin realizar por ello.
Tedax de Madrid propusieron trasladar los trenes del 11-M a un apeadero del distrito de Vicálvaro donde tenían previsto buscar durante semanas pruebas y muestras de explosivo a través de una inspección exhaustiva de los convoyes explosionados.
De hecho, dejaron parte de su trabajo sin realizar porque contaban con que se haría así.
Para su sorpresa -que, años después, compartió el Tribunal Supremo-, empezaron a ser retirados para su desguace esa misma noche.
El inspector jefe de los Tedax de Madrid declaró ayer por cuarta vez -y está citado para una quinta- en el procedimiento en el que están imputados por posible destrucción de pruebas el que era su comisario jefe en aquella fecha, Juan Jesús Sánchez Manzano, y su perito químico.
Fuentes jurídicas que participaron en el interrogatorio afirmaron que el testigo consideró que los trenes no debieron destruirse para obtener los mejores resultados en la investigación.
Así, explicó cómo los artificieros bajo su mando abandonaron las tareas más dificultosas de búsqueda de prueba -por ejemplo, la extracción de piezas metálicas o la inspección ocular de zonas de difícil acceso- porque daban por hecho que podrían llevarlas a cabo con tranquilidad y discreción durante las semanas siguientes, sin el apremio que se les exigía en las horas posteriores al 11-M y sin interferirse con los servicios de emergencia o con otros cuerpos policiales.
Casi ocho años después de la matanza, se desconoce quién ordenó la destrucción de los trenes, que el Tribunal Supremo consideró «sorprendente» y «apresurada» en su sentencia.
En el sumario del 11-M no consta que fuese su instructor, Juan del Olmo, y la Audiencia Nacional aún no ha respondido al requerimiento que le hizo en ese sentido la juez Coro Cillán, que es la que mantiene imputado a Sánchez Manzano.
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M se querelló en julio de 2009 contra ex comisario jefe de los Tedax por los presuntos delitos de encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos -precisamente, porque de los cientos de muestras que los artificieros de Madrid aseguraron haber recogido, a los peritos que designó el tribunal apenas les llegaron 23 de pequeño tamaño, algunas en pésimo estado-, y también por un posible falso testimonio en el juicio por la matanza.
La Fiscalía también entiende que existen indicios de delito porque a las instalaciones de la Unidad Central de los Tedax -la de Manzano- llegaron evidencias procedentes de los cuatro focos de las explosiones «y en algún momento desaparecieron sin que nadie dé razón de su destino».
La causa sigue tramitándose aunque está pendiente de la resolución de un recurso de apelación de la defensa ante la Audiencia de Madrid.
Ayer también testificó el actual general de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, Germán Gómez, que en el 11-M era el responsable del cuartel de Intxaurrondo. A preguntas del letrado José Luis Abascal, confirmó que en las horas posteriores al atentado su equipo activó un protocolo para comprobar la posible implicación de ETA y de etarras que estuviesen bajo su control. Según dijo, comenzaron a descartarlo rápidamente, en cuanto él conoció que Arnaldo Otegi había asegurado que la banda no había tenido nada que ver con la matanza.
sábado, 26 de noviembre de 2011
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