UN cúmulo de Mentiras, medias verdades y manipulaciones fueron utilizadas para desterrar de la plural España el trasvase del Ebro.
A punto de producirse su derogación (junio de 2004), estaban ya concluidos los proyectos constructivos de la mayor parte de los tramos, incluso de aquéllos con plazos de redacción más largos (túneles). El resto tenía el grado de ejecución necesario para concursar las obras en los plazos prefijados, y estaba licitada la adjudicación de tuberías para el trazado por un importe de 1.500 millones de euros. Además, había obras iniciadas en Vinaroz, Fuente la Higuera, Archena y Huércal-Overa.
La pretendida negativa de la UE al proyecto, la facción interesada por la derogación manipuló sin escrúpulos sus propias noticias. En las declaraciones de la ministra Narbona se repitió “un referente a la negativa de la UE a financiar las obras del dispositivo hidráulico”. Pero la realidad es que el pronunciamiento de la UE respecto del trasvase únicamente se hubiese producido, oficialmente, una vez resuelto el expediente de solicitud de ayudas que, por cierto, ya estaba en tramitación.
(Es cierto que hubo informes espurios internos de unidades o funcionarios que no intervenían en dicha tramitación, todos ellos realizados con clara intencionalidad electoralista días antes de las elecciones del 14-M y coincidiendo con los inicios de las obras.
El propio comisario de Política Regional hizo público un comunicado desautorizando aquellos intentos que, invocando a la propia UE, pretendían boicotear el proyecto).
La cuestión ambiental fue esgrimida de modo sectario y de acuerdo con los intereses políticos de quienes estaban por la labor de obstaculizar las obras, pero los estudios existentes advertían de las muchas incertidumbres respecto del impacto ambiental asociado al uso intensivo de la desalación, tales como los efectos sobre la biocenosis marina en la mecánica de la captación, filtración, posterior vertido de materia orgánica al mar, reactivos, etcétera.
En los estudios realizados por el Mimam, estos posibles efectos se ignoran o minimizan sin análisis científico riguroso.
La actitud política seguida Gobierno contrasta con la feroz crítica ambiental que se hizo de las obras del trasvase. En todos los estudios de viabilidad realizados sobre alternativas de recursos hídricos basados en el Análisis de Ciclo de Vida (LCA), la opción de desalación resulta la de mayor intensidad energética y la que emite por metro cúbico más GEIs, debido tanto al consumo propio de energía como a la reposición de las membranas osmóticas, cuya vida útil en los casos más favorables es de 5-10 años.
Utilizando los temores sobre los impactos del cambio climático, sorprende haber optado por una solución que exige mayor consumo de energía. En el Anejo Energético correspondiente al proyecto del Trasvase del Ebro se justifica un consumo medio de 2,2 Kwh./m3 para el agua trasvasada, mientras que los datos que maneja Acuamed en el programa AGUA, para la desalación, es de 3,75 Kwh./m3, y el IDAE estima como valor actual 3,5 Kwh. + 0,5 de impulsión, previendo que -para cuando se mejoren las instalaciones- tal cifra podría bajar hasta 3,2 Kwh./m3.
El funcionamiento de las desaladoras en época estival (puntas de consumo energético y caída en la producción hidroeléctrica) ya ha causado problemas de suministro.
En la actualidad, ninguna de las desaladoras construidas, y aun proyectadas, están funcionando atizadas por energías de corte renovable, si bien, en todo caso, las medidas de fomento de la energía renovable serían tan aplicables a la desalación como al derogado trasvase.
La cancelación del trasvase del Ebro ofrece un confuso horizonte para aquella política hidráulica que determina, para el agua, la ausencia de fronteras administrativas.
Es el punto final a la ejemplar historia en la gestión del agua en España, que, por cierto, según el Libro Blanco (1999), se anticipa a la Directiva Marco (2001) al considerar que la gestión basada en la oferta y con la restricción previa que supone la opción de mantener un medio ambiente aceptable, sustituye a aquella otra en donde la demanda obligaba a la construcción de artilugios hidráulicos ad hoc. Asuntos tan sensibles como es el mantenimiento del Tajo-Segura quedan condicionados intelectualmente de tal forma que es posible que a corto plazo la gestión unitaria del agua sea un asunto trasnochado históricamente: ¡la cuestión territorial, por desgracia, se ha impuesto!
En relación a Aragón, opuesta a las transferencias de agua en la desembocadura del río Ebro, lejos de los límites de su territorio, pues resulta difícil compadecer dos posturas tan contradictorias: de un lado, considerar improcedente la detracción de 1.150 hectómetros cúbico en la desembocadura y, de otro, reservar para uso y disfrute de los propios aragoneses la cantidad de 6.550 hectómetro cúbico. ¿Para qué?.
Extracto del artículo: “Una derogación perversa”.- (Juan Guillamón, Ingeniero de caminos, ABC, 2 de abril)
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