Alguno pensará que la tengo cogida con el trasvase del Ebro. ¡No!. Es que día a día se evidencian más incoherencias y la cortedad de miras de quienes nos gobiernan, por no llamarlo de otra manera.
El agua, las carreteras, el AVE... estructuran una nación, unen a sus gentes, posibilitan la solidaridad entre los "nacionales" y permiten el desarrollo de los territorios limítrofes (dentro de la misma nación) haciéndolos realmente autónomos.
Somos dependientes en fuentes de energía, compramos y no vendemos, la desertización avanza... y la cordura no se impone.
En el colmo de la incoherencia, PSOE y PAR no ven necesaria una autopista entre Madrid y Zaragoza.
El PP se quedó sólo ayer en las Cortes de Aragón en su defensa de una autopista que conecte Madrid con Zaragoza y que sirva de alternativa moderna y segura ante las múltiples deficiencias que arrastra la autovía A-2.
Los populares presentaron una proposición no de ley para reclamar al Ministerio de Fomento esta obra, pero CHA e IU optaron por la abstención y la coalición del gobierno regional, PSOE y PAR, votaron en contra por entender que esa autopista no es necesaria.
Socialistas y aragonesistas no ven que haga falta un nuevo trazado porque entienden que la reforma a que se va a someter la A-2 será suficiente.
Pero esas obras no llegan, la multimillonaria inversión anunciada por el Gobierno central no va a acabar con los problemas (el Ministerio de Fomento no tiene previsto rectificar tramos peligrosos de la A-2, según trascendió en la prensa regional hace unas semanas). El arreglo del firme no es suficiente para acabar con los problemas que arrastra la A-2 desde que fue construida «con una desacertada planificación, deprisa y aprovechando la antigua carretera N-II y dando como resultado un trazado muy peligroso, cargado de puntos negros, curvas muy pronunciadas e incluso mal peraltadas, desniveles excesivos o considerables cambios de rasante».
Lo mismo que con el agua:
Del «ni una gota de agua del Ebro para el Levante» del entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a la propuesta de su sucesor, José Montilla, de trasvasar agua de un afluente del Ebro, el Segre, ha llovido poco por culpa de la sequía, pero han pasado más de cuatro años durante los que se habría acabado el trasvase del Ebro y no se hubieran dejado escapar miles de millones de litros de agua potable.
Con el trasvase acabado, Barcelona tendría agua de beber, para regar y para las piscinas asegurada para 100 años, pues necesitaba 190 hectómetros cúbicos anuales extras para garantizar sus necesidades. Y se pierden casi 19.000.
El problema: la cuestión del agua en España está en manos de políticos, influidos por “ecologistas” y cegados por sus prejuicios y otras cosas.
Los mismos políticos catalanes que se opusieron al trasvase del Ebro previsto por el derogado PHN de 2001, buscan ahora soluciones.
En su contradicción, han propuesto transportar agua por barco desde la desaladora de Carboneras (la desértica Almería) a Barcelona, con unos costes espectaculares, más caro en algún caso que si se la compraran a las más conocidas marcas de agua mineral.
En la misma línea han ofrecido realizar el transporte por tren...
Pero, el gran objetivo de la Generalitat, mantenido oculto hasta hace poco por intereses electorales, es el de completar un trasvase desde el Segre, a lo que se opone el Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero.
El ingeniero de Caminos Juan Guillamón se indigna: «Se negaban a realizar un trasvase desde la desembocadura del Ebro y ahora lo quieren hacer desde la cabecera de uno de sus afluentes. Estamos en un país de locos. Y encima aseguran que sería temporal ¿Pero saben lo que puede costar? ¡Un dineral!. Hay que colocar una bomba para salvar la Sierra del Cadí, recorrerla, superar el túnel del Cadí, instalar más de ocho kilómetros de tuberías ¡Si necesitan agua, que la cojan del Ebro, que le sobra!».
«Aquí, el gran problema -apunta- es la ministra Narbona, tan inteligente como perversa. España necesita el trasvase del Ebro, pero mientras ella siga no se hará nada. Está en manos de los ecologistas». «Se están cosechando los efectos de haber derogado el trasvase del Ebro». Se refiere Guillamón al riguroso estudio que ha realizado basado en datos oficiales y que demuestra que en el último cuatrienio «se han desperdiciado más de 18.970,56 hectómetros cúbicos». (Cada hectómetro es un millón de metros cúbicos).
Según estos cálculos y dando por buenos los datos oficiales que indican que, de 2004 a 2007, el Ebro ha aportado al Mediterráneo 36.000 hectómetros de agua, «la conclusión objetiva y científica es que se ha desaprovechado una cantidad de agua que equivaldría al abastecimiento de más de diez veces la población mundial durante un día», apunta Guillamón.
Tan asombrosa cifra se obtiene a partir del dato facilitado por Medio Ambiente según el cual el caudal ecológico necesario para el mantenimiento ambiental del Delta del Ebro es de 135 metros cúbicos por segundo. Es decir 4.257,36 hectómetros cúbicos al año, 17.029,44 en el cuatrienio citado. Restando esta cantidad a los 36.000 hectómetros vertidos se alcanzan los 18.970,56 hectómetros desperdiciados.
Los datos son más llamativos cuando se comparan con las cantidades de agua que el frustrado trasvase del Ebro hubiera detraído del río en estos últimos cuatro años: sólo 4.600 hectómetros. Es decir, que incluso con la obra, se hubieran seguido aportando al mar, para muchos desperdiciando, 14.370,56 hectómetros.
Un Plan Nacional del Agua
Por ello, los auténticos expertos del agua en España, los ingenieros de Caminos, piden cordura, una planificación y que el problema deje de ser una cuestión política. Su presidente, Edelmiro Rúa, recuerda que «antes de las elecciones enviamos una carta a Zapatero pidiéndole un consenso entre los dos grandes partidos para que se realizara una Política Nacional del agua. Hasta el momento, sólo hemos recibido la callada por respuesta».
El problema del agua necesita despolitizarse, como demuestran las explicaciones de Rúa: «La cantidad de agua que necesitan todos los españoles para su consumo es menor que el caudal ecológico del Ebro. Sólo ese caudal son más de los 3.000 hectómetros cúbicos de agua que podríamos consumir todos los habitantes a 150 litros habitante y día, una cantidad respetable. El problema no es que nos falte agua, es que está mal repartida. Sólo con el agua sobrante del Ebro se acabaría con la sequía en toda España».
Rúa se atreve a dar la solución: «Lo que hay que hacer es una planificación, con todo el mundo de acuerdo para estudiar de dónde hay que recoger agua, adónde hay que llevarla y cómo sería más rentable».
¿Quién pagará por su responsabilidad en esta locura?: la Generalitat gastará 44 millones cada dos meses en llevar agua en barco.
Poco a poco se va perfilando cómo se llevará a cabo el abastecimiento de agua para Barcelona y su área metropolitana mediante barcos, operación que, según reconoció ayer el consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat, Francesc Baltasar, resultará «cara». Una flota de diez barcos comenzará a transportar agua a partir de la primera quincena de mayo, y de manera progresiva, al puerto de Barcelona, desde Tarragona, Marsella (Francia) y Carboneras (Almería). Entre todos ellos se aportarán a la red de suministro 2,6 hectómetros cúbicos mensuales.
El coste económico de este dispositivo es de 22 millones de euros al mes, cifra que incluye el precio de compra del agua en origen, además de los costes de transporte, explotación de las infraestructuras de conexión al puerto de Barcelona y las maniobras de carga y descarga en los puertos implicados. El metro cúbico de agua saldrá a once céntimos.
El contrato de la Generalitat con las navieras es de dos meses (un total de 44 millones de euros), porque esa es la manera de proceder de estas empresas. El servicio es prorrogable por períodos de dos meses hasta un total de seis.
Marsella, Carboneras, Tarragona
Cinco de los barcos procederán de Marsella, tres de Carboneras y dos de Tarragona. La mitad de las embarcaciones tiene una capacidad de 40.000 metros cúbicos cada una y la otra mitad, de 28.000 cada una.
En cuanto al precio del agua en origen, oscila de media entre un euro el metro cúbico en el caso de la potable y dos euros la prepotable.
A los citados 22 millones de euros mensuales hay que añadir las inversiones totales en infraestructuras en los puertos, que ascienden a 35,2 millones de euros. La Agencia Catalana del Agua pagará 24,2 millones y el resto, el Ministerio de Medio Ambiente. Esta última cifra se refiere a la obras en el puerto de Carboneras. La Generalitat busca otros puertos, además del de Barcelona, para recibir los barcos, y estudia también usar trenes como complemento futuro al transporte de agua por mar.
El consejero Baltasar reconoció el alto coste de la operación, pero se impone «dar garantías a la población» de que no se llegará a los cortes de suministro en otoño. «Nadie sabe lo que comportarían los cortes en viviendas, industrias, comercios, etcétera», manifestó Francesc Baltasar.
Además de estas y otras medidas, como la recuperación de pozos o acuíferos, el responsable de Medio Ambiente continúa pensando que «la mejor solución» para llegar sin cortes hasta la primavera del próximo año, cuando comenzará a funcionar la desaladora del Llobregat, es lo que denomina «pinchazo del Segre».
Pese a la negativa del Gobierno a cualquier trasvase de agua de ese río hacia el área metropolitana de Barcelona -el último pronunciamiento en contra fue el del propio presidente Rodríguez Zapatero-, Baltasar no renuncia a ese plan. El consejero manifestó que intentará «convencer» al Gobierno de la viabilidad de esta opción y, de no lograrlo, está abierto a las propuestas del Ejecutivo para afrontar la grave sequía.
El consejero no piensa dimitir
Francesc Baltasar aseguró que no tiene intención de dimitir «ni ahora ni una vez resuelto este problema», aunque dijo que está a disposición del presidente Montilla. Su «único y principal objetivo» ahora es hacer frente a la sequía.
El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol acusó a la izquierda de obstruir durante años, cuando eran oposición, infraestructuras que hubieran atenuado la sequía que ahora padecen. «En este país no se puede hacer nada por la «cultura del no» y la ecología mal entendida», dijo.
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