Algo tendremos que hacer

EL pacto de la concordia que suscribimos la inmensa mayoría de los españoles en 1978 se basó en el acuerdo de que España era una Nación «patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2 de la Constitución); que el Estado adoptaba la forma política de «monarquía parlamentaria» (artículo 1.3 de la Constitución) y que todos los españoles disfrutaban de los mismos derechos, exhaustivamente recogidos en el Título I de la Carta magna y que éstos, con las correspondientes obligaciones, establecían el contenido sustancial del concepto de la ciudadanía.

En el artículo 16 de la Constitución, además, se declaraba que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», pero se añadía que «los poderes públicos tendrán en cuenta la creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones», de tal manera que el Estado no era confesional pero tampoco laicista.
Los sucesivos gobiernos democráticos persistieron en el mantenimiento escrupuloso de estas convenciones desafiando las recurrentes tentaciones de reverdecer el rencor de unos y de otros.
Ahora, sin embargo, la nación, la Monarquía y la ciudadanía, como los grandes conceptos del pacto constitucional de 1978, se han deteriorado hasta la provocación de la alarma social.
Algo podremos hacer.