viernes, 29 de enero de 2010

Una medida tan justificada como improvisada


EL GOBIERNO se dispone hoy a retrasar la edad de jubilación, que pasaría de los actuales 65 a los 67 años. La idea del Ejecutivo es aplicar la medida de forma gradual: la jubilación empezaría a demorarse dos meses por año a partir de 2013, de suerte que en 2025 toda la población dejaría de trabajar a los 67 años.
Lo primero que hay que señalar es que Zapatero no ha consultado para formular esta propuesta -que afectaría a todos los trabajadores mayores de 62 años- ni con la gran mayoría de los ministros, ni con los sindicatos, ni con la patronal, que ayer no sabían nada hasta que se enteraron por los medios de comunicación. En julio del año pasado, el propio ministro de Trabajo había manifestado que retrasar la edad de jubilación de forma forzosa «no es el camino».
Habrá que esperar unas horas a ver cómo se concretan los planes del Gobierno, aunque José Blanco defendía la necesidad de «hacer sacrificios y ajustes», dado el deterioro de la situación económica, mientras Zapatero anunciaba en Davos un drástico recorte de gasto público para no defraudar «la confianza» de los mercados.
El alargamiento de la vida laboral y el tijeretazo en el gasto -que el Gobierno explicará hoy- suponen un auténtico bandazo en la política económica de Zapatero, que hasta ahora se había comprometido a no tocar el actual nivel de prestaciones sociales y había mantenido una relación cordial con los sindicatos. Resulta difícil de entender que el mismo Ejecutivo que se jactaba de haber impulsado la costosísima Ley de Dependencia decida ahora alargar la vida laboral, una iniciativa que siempre ha suscitado el rechazo de UGT y CCOO. Y también es complicado comprender por qué Zapatero exige este sacrificio a los trabajadores cuando ha sido incapaz de reducir los dispendios de las comunidades autónomas y otros entes públicos.
Al margen de estas consideraciones, existen dos razones nada desdeñables que pueden haber impulsado al Gobierno a plantearse este importante cambio: la caída del superávit de la Seguridad Social, muy cerca de entrar en números rojos, y el fuerte envejecimiento de la población española.
Ayer, el INE hacía público un estudio -seguro que no de forma casual- que concluía que en 2049 la población menor de 16 años y mayor de 64 será equivalente a la que está en edad de trabajar. Estas estadísticas siempre están sujetas a un amplio margen de error, aunque la tendencia es clara: en 1975 había tres millones de pensionistas y ahora hay casi nueve millones, si bien la población activa sólo se ha duplicado.
Muy parecidas perspectivas tienen otros países como Alemania y Holanda, que ya han decidido retrasar la edad de jubilación para evitar que el sistema entre en quiebra, dado que en Europa Occidental las expectativas de vida están ya por encima de los 80 años de edad. Hoy existen muchas personas que gozan de excelente salud física y mental a los 65 años, lo que convierte en razonable el alargamiento de la vida laboral, para el cual se han creado ya incentivos legales positivos. Desde 2003, las personas que retrasan su jubilación en nuestro país obtienen un 2% más de pensión por año hasta cumplir los 70.
La inevitable tendencia a este alargamiento choca, sin embargo, con las prejubilaciones que han realizado en los últimos años grandes empresas españolas como Telefónica y los bancos. RTVE jubiló con su sueldo íntegro a 4.200 empleados mayores de 52 años, lo cual resulta contradictorio con la medida que se quiere tomar ahora. Dado que las prejubilaciones se financian en parte con el dinero de todos los contribuyentes, el alargamiento de la vida laboral debería comportar poner coto a esta nefasta práctica.
Habrá que ver cómo reaccionan los sindicatos y la oposición -sobre todo, el PP- a esta propuesta del Gobierno que ha cogido a todo el mundo con el paso cambiado. Lo que es seguro es que el debate no ha hecho más que comenzar.

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