Casi sincronizados, el Consejo de Ministros y el Ministerio de Cultura daban a conocer ayer la noticia más esperada por unos, y temida por otros, durante los últimos meses. La remisión del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que incluye una disposición adicional que permitirá cerrar las páginas web que vulneren los derechos de propiedad intelectual. La interrogante era quién sería el reponsable de tomar esa decisión, que finalmente asumirá un juez de la Audiencia Nacional. Lo hará en el plazo de cuatro días. Un juez podrá bloquear el acceso en aquellas webs que se hayan negado previamente, después de dos avisos de la Comisión de Propiedad Intelectual, a retirar de su página los contenidos protegidos por los derechos de autor, y que se lucren con ellos.
Escenario 1. Consejo de Ministros. En la Moncloa, aprovechando que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño tenía que comparecer a explicar la reforma del registro Civil, fue interrogado para que aclarara los cambios en la legislación. Comenzó afirmando que había que garantizar «dos derechos fundamentales» en conflicto, el de propiedad y el de libertad de expresión, y que nunca eso puede estar sin tutela judicial. Y además será competencia de un juez de la Audiencia Nacional, no de otros tribunales inferiores, porque no quedaría claro quién es el juez natural de un conflicto con una web domiciliada en una provincia cuyo propietario viva en otra. Incluso cuando el denunciante esté radicado en una tercera provincia.
Caamaño explicó que el plazo de cuatro días una vez recibido el informe de la Comisión de Propiedad Intelectual garantiza un procedimiento «muy ágil y muy eficaz» en defensa de los derechos de todos.
Escenario 2. Ministerio de Cultura. González-Sinde, en el ministerio, afirmó que las medidas aprobadas por el Gobierno tienen como fin «la promoción de un mercado cultural legal en internet», y que buscan «el equilibro para todos los ciudadanos, los usuarios de las web, los creadores y quienes viven de la cultura». La propuesta aprobada ayer permite a la Administración actuar «contra unos cuantos que se enriquecen ilegalmente en la Red, mientras se le da la última palabra a los jueces que deberán decidir rápidamente. Una propuesta «que aún puede ser debatida y modificada en las Cortes, indicó, «pero tenemos un muy buen punto de partida». Sinde se refería así a que la libertad de expresión e información en la Red «están garantizadas».
Se trata de un «sistema mixto» en el que la Administración y los jueces tienen cada uno su papel, «como en otros sectores como en la seguridad alimentaria o la lucha contra el fraude en los medicamentos», explicó la ministra. Y a continuación resumió el proceso: «Si un titular de derechos considera que están siendo vulnerados en una web presentará una petición a la sección segunda, que se creará en el marco de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que analizará el asunto (que puede llevar varias semanas o meses) y si hay pruebas suficientes remitirá a un juez de la Audiencia Nacional, de lo contencioso administrativo, autorización para solicitar el bloqueo a ese contenido completo o el acceso a esa obra que está siendo explotada sin permiso. El juez tiene 4 días para autorizar o no esta actuación». Durante ese breve periodo el magistrado «escuchará a las partes y determinará si hay derechos y libertades fundamentales afectadas, y si autoriza o no el bloqueo».
Sinde considera que esta medida no tiene porqué preocupar a los internautas, «porque tamos hablando de varias decenas o a lo sumo de un centenar de web». En ningún caso afectará a los intercambios entre particulares, y sólo podrán denunciar los contenidos ilegales aquellas personas afectadas directamente.
Después del verano
Esta medida, deberá todavía pasar un largo proceso de debate parlamentario, la creación de un reglamento, así como la del grupo de expertos -«que reflejará la pluralidad de intereses involucrados»- que evaluarán las denuncias, por lo que esta medida no empezará a funcionar hasta dentro de varios meses, probablemente después del verano. La ministra no supo concretar una fecha.
Escenario 1. Consejo de Ministros. En la Moncloa, aprovechando que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño tenía que comparecer a explicar la reforma del registro Civil, fue interrogado para que aclarara los cambios en la legislación. Comenzó afirmando que había que garantizar «dos derechos fundamentales» en conflicto, el de propiedad y el de libertad de expresión, y que nunca eso puede estar sin tutela judicial. Y además será competencia de un juez de la Audiencia Nacional, no de otros tribunales inferiores, porque no quedaría claro quién es el juez natural de un conflicto con una web domiciliada en una provincia cuyo propietario viva en otra. Incluso cuando el denunciante esté radicado en una tercera provincia.
Caamaño explicó que el plazo de cuatro días una vez recibido el informe de la Comisión de Propiedad Intelectual garantiza un procedimiento «muy ágil y muy eficaz» en defensa de los derechos de todos.
Escenario 2. Ministerio de Cultura. González-Sinde, en el ministerio, afirmó que las medidas aprobadas por el Gobierno tienen como fin «la promoción de un mercado cultural legal en internet», y que buscan «el equilibro para todos los ciudadanos, los usuarios de las web, los creadores y quienes viven de la cultura». La propuesta aprobada ayer permite a la Administración actuar «contra unos cuantos que se enriquecen ilegalmente en la Red, mientras se le da la última palabra a los jueces que deberán decidir rápidamente. Una propuesta «que aún puede ser debatida y modificada en las Cortes, indicó, «pero tenemos un muy buen punto de partida». Sinde se refería así a que la libertad de expresión e información en la Red «están garantizadas».
Se trata de un «sistema mixto» en el que la Administración y los jueces tienen cada uno su papel, «como en otros sectores como en la seguridad alimentaria o la lucha contra el fraude en los medicamentos», explicó la ministra. Y a continuación resumió el proceso: «Si un titular de derechos considera que están siendo vulnerados en una web presentará una petición a la sección segunda, que se creará en el marco de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que analizará el asunto (que puede llevar varias semanas o meses) y si hay pruebas suficientes remitirá a un juez de la Audiencia Nacional, de lo contencioso administrativo, autorización para solicitar el bloqueo a ese contenido completo o el acceso a esa obra que está siendo explotada sin permiso. El juez tiene 4 días para autorizar o no esta actuación». Durante ese breve periodo el magistrado «escuchará a las partes y determinará si hay derechos y libertades fundamentales afectadas, y si autoriza o no el bloqueo».
Sinde considera que esta medida no tiene porqué preocupar a los internautas, «porque tamos hablando de varias decenas o a lo sumo de un centenar de web». En ningún caso afectará a los intercambios entre particulares, y sólo podrán denunciar los contenidos ilegales aquellas personas afectadas directamente.
Después del verano
Esta medida, deberá todavía pasar un largo proceso de debate parlamentario, la creación de un reglamento, así como la del grupo de expertos -«que reflejará la pluralidad de intereses involucrados»- que evaluarán las denuncias, por lo que esta medida no empezará a funcionar hasta dentro de varios meses, probablemente después del verano. La ministra no supo concretar una fecha.
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