La
principal línea de investigación que sigue en este momento el juzgado del caso
de los ERE, sobre el destino de las sobrecomisiones que se pagaron en la trama,
estalló a primera hora de la mañana. La Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil detuvo a 24 personas, entre las que hay comisionistas, abogados o
testaferros aunque, según pudo conocer este periódico de fuentes de la
investigación, no se descarta que se produzcan más en los próximos días. Nueve
imputados fueron citados a declarar ante el juzgado y se realizaron 13
registros en Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de
Gran Canaria.
La
espina dorsal de la operación son las empresas mediadoras, que cobraron por
intervenir en los ERE comisiones que llegaron en unos casos al 20 por ciento.
De ahí que, entre los detenidos, se encuentren nueve responsables de Vitalia y
de Eurobank en Barcelona. Vitalia, junto con Uniter, eran las dos principales
empresas comisionistas, que se embolsaron, según calculan los investigadores,
en torno a 50 millones de euros. La juez Mercedes Alaya, que se reincorporó al
juzgado hace dos semanas, después de seis meses de baja por enfermedad, citó
también al administrador de Uniter José González Mata.
El
hilo que sigue la Guardia Civil es el de la introducción y lavado del dinero.
Para ello ya estaba rastreando más de 400 cuentas bancarias. En este engranaje
ilícito eran piezas importantes una serie de empresas pantalla y un grupo de
«hombres de paja». La Guardia Civil ya detuvo al testaferro Juan Francisco
Algarín Lamela. En esta operación, denominada Heracles, la UCO arrestó a otro
más, Eduardo Leal del Real, administrador de Estudios Agenciales SL y Atrado
Mensajería. Cobró 47 cheques que rondarían los 1,5 millones de euros entre 2003
y 2007.
La
última equis por despejar, y fundamental, es si este dinero volvió a los que
otorgaron las ayudas. No hay que perder de vista que el primer testaferro ya
dijo a la Guardia Civil que ejercía de correo, llevando dinero en metálico
desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo hasta una
cafetería en los bajos de la delegación de Trabajo en Sevilla. Fuentes de la
investigación confirmaron a LA RAZÓN que la Guardia Civil ha detectado que las
mediadoras establecían comisiones sobredimensionadas en todos los aspectos, con
el fin de que todos los que participaban se beneficiaran, «incluyendo a altos
cargos de la administración andaluza».
De
las detenciones en Barcelona, destacan las de directivos de Eurobank. También
se produjo el arresto del cuñado del conseguidor Juan Lanzas, Ismael Sierra; de
José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís imputado en
la causa; del hijo del hotel Posada del Moro, en Cazalla de la Sierra, «Goyo»
Martínez Piñero, quien, según declaró el ex chófer de Guerrero en el juzgado,
era el encargado de suministrar la cocaína que se pagó supuestamente a cargo de
los fondos públicos; y de la mujer del directivo de Vitalia Antonio Albarracín.
La investigación apunta que de los 24 detenidos, 22 puedan acabar enprisión.
Además
del administrador de Uniter, la Guardia Civil citó al juzgado al ex director
general de Empleo Francisco Javier Guerrero; el ex directivo de Mercasevilla
condenado por cohecho Daniel Ponce; el abogado de Estudios Jurídicos Villasís
Carlos Leal; y el conseguidor Juan Lanzas, que aún no ha pasado por el juzgado.
La mitad puede acabar, según fuentes de la investigación, en la cárcel de forma
preventiva. Con más probabilidad: González Mata y Juan Lanzas. Los registros se
practicaron en Jaén capital y Albánchez de Magina, el municipio jienense del
conseguidor Juan Lanzas. Además de en Sevilla, Madrid o y Jerez de la Frontera,
donde tiene sede Uniter.
La
Guardia Civil se enfrenta ahora a un trabajo ingente. La investigación se ha
dividido en cinco ramas diferentes. Ayudas sociolaborales; ayudas directas a
empresas; estudio de la gestión de las ayudas y los pagos realizados;
investigación de las empresas mediadoras; y análisis de la forma con la que
trabajaban los supuestos implicados y la forma de abortar los presuntos delitos
que se estaban cometiendo. Precisamente, de la investigación de las
«mediadoras», se permite determinar que «el negocio» se dirigía a empresas y
colectivos de trabajadores. Les ofrecían financiación pública para llevar a cabo
procesos de reestructuración de plantillas. Esta financiación, que estaba
sobredimensionada en todos los aspectos, proporcionaba al empresario un ahorro
importante al no tener que afrontar los cuantiosos gastos que conllevaban
dichas reestructuraciones. Igualmente, los trabajadores admitían las distintas
reestructuraciones al ofrecérseles condiciones muy ventajosas, vinculadas
generalmente a la adquisición de pólizas de seguros que les confirmaban un
sueldo hasta la jubilación, equiparable al que venían cobrando en su puesto de
trabajo.
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