sábado, 9 de febrero de 2013

Autonomía no significa soberanía



En defensa de la Constitución
EN la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, Soraya Sáenz de Santamaría confirmó que el Ejecutivo está dispuesto a impugnar la declaración soberanista del Parlamento catalán, a la vista del informe de la Abogacía del Estado y pendiente del dictamen del Consejo de Estado.
El informe jurídico, elaborado con todo rigor, apela a la indiscutible soberanía del pueblo español (artículo 1.2) y a la sujeción a la Constitución de todos los poderes públicos (artículo 9.1).
Recuerda acertadamente que si se quiere cambiar la Norma Fundamental hay que acudir al procedimiento de reforma previsto por el artículo 168, que Artur Mas intenta saltarse invocando un inexistente derecho a decidir. Como bien dijo la vicepresidenta, lo más democrático es siempre cumplir la Constitución en todos sus términos. Aclaró también la diferencia con el precedente del plan Ibarretxe, ya que en el caso actual se trata de un acto que produce efectos jurídicos, porque impone un mandato claramente inconstitucional a los órganos de la Generalitat.

En su momento, el Gobierno invocará el artículo 161.2 que le permite impugnar ante el TC los actos de las comunidades autónomas, con el efecto de provocar de forma automática la suspensión de los mismos.
Como ha dicho reiteradamente la jurisprudencia constitucional, autonomía no significa soberanía.
Artur Mas y sus socios de ERC pretenden usurpar la voluntad del pueblo español, incluida esa gran mayoría de catalanes que votaron en su día a favor de la Constitución de todos. Cumplidos los trámites pendientes, el Gobierno debe proceder con toda legitimidad a impugnar una declaración manifiestamente inconstitucional que pone en marcha un desafío intolerable en el Estado democrático.

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