LA LECTURA del sumario del caso Gürtel, cuyo secreto fue levantado ayer, ofrece un retrato devastador de los protagonistas de esta trama, organizada por buscavidas sin escrúpulos como Don Vito, expresivo nombre con el que aparece Francisco Correa en la contabilidad B, y su amigo El Bigotes. Ambos corrompieron a significados dirigentes del PP, que aceptaron lujosos regalos, dinero o favores a cambio de contratos del partido y de fuera del partido.
Algunas de las grabaciones que constan en el sumario rozarían lo esperpéntico si no fuera por el trasfondo de corrupción por el que aparecen atrapados personajes como Bárcenas, Sepúlveda, López Viejo, Ricardo Costa y otros que se prestaron a los turbios manejos de Don Vito.
Todo hay que ponerlo en condicional pues la Justicia aún no se ha pronunciado pero Jesús Sepúlveda, por ejemplo, habría llegado a cobrar un estipendio mensual de Correa mientras era uno de los responsables de la organización del partido. El propio Correa habría transferido un Suzuki que figuraba a nombre de su mujer a Ana Mato, entonces esposa de Sepúlveda. Bárcenas habría recibido maletines de dinero de contratos de Fomento, mientras Ricardo Costa se habría conformado con caros regalos.
La conducta atribuida a todas estas personas es absolutamente contraria no ya sólo a los más elementales principios de la ética sino, sobre todo, al programa y los valores que siempre ha defendido el PP, que en una época abanderó la regeneración de la vida política.
Es evidente que se trata de comportamientos minoritarios, que no se pueden hacer extensivos ni a los militantes ni a la dirección del PP. Pero, por ello mismo, Mariano Rajoy tiene que actuar de forma implacable, apartando a todas las personas que están causando un profundo daño a la imagen del partido.
Las nuevas revelaciones afectan a Ana Mato, que deberá explicar por qué aceptó ese vehículo después de que Correa regalara un Jaguar a su entonces marido, que trabajaba para Don Vito dentro del partido. Hay muchas cosas por explicar y otras que no están nada claras, pero el sumario ofrece suficientes elementos para plantear la cuestión de las responsabilidades políticas de cuantos entraron en el juego de estos personajes sin escrúpulos.
Esperanza Aguirre destituyó a López Viejo y obligó a dimitir a varios alcaldes y Rajoy prescindió de los servicios de Bárcenas, pero Ricardo Costa y Vicente Rambla siguen siendo los dos principales colaboradores de Francisco Camps. Puede que el presidente de la Generalitat desconociera los manejos de sus subordinados, pero él era el amigo de El Bigotes y, en todo caso, es responsable político de la conducta de ambos, sin perjuicio de que la trama tenga derivaciones en Galicia y otras comunidades.
El PP puede alegar con razón, como se desprende del sumario, que ha sido objeto de una exhaustiva investigación policial y judicial, probablemente sin precedentes, y también que ni siquiera se ha respetado la confidencialidad de la relación entre el abogado y su cliente.
Pero los hechos están ahí. A diferencia del montaje de Filesa, en el que el principal beneficiario era el partido, el caso Gürtel pone en evidencia que la motivación era el lucro de personas que utilizaban al PP para enriquecerse. Rajoy tiene que tomar la iniciativa al margen de lo que decidan los tribunales. No hace falta ser un delincuente para ser indigno de ocupar un cargo en el PP o formar parte de sus candidaturas.
Algunas de las grabaciones que constan en el sumario rozarían lo esperpéntico si no fuera por el trasfondo de corrupción por el que aparecen atrapados personajes como Bárcenas, Sepúlveda, López Viejo, Ricardo Costa y otros que se prestaron a los turbios manejos de Don Vito.
Todo hay que ponerlo en condicional pues la Justicia aún no se ha pronunciado pero Jesús Sepúlveda, por ejemplo, habría llegado a cobrar un estipendio mensual de Correa mientras era uno de los responsables de la organización del partido. El propio Correa habría transferido un Suzuki que figuraba a nombre de su mujer a Ana Mato, entonces esposa de Sepúlveda. Bárcenas habría recibido maletines de dinero de contratos de Fomento, mientras Ricardo Costa se habría conformado con caros regalos.
La conducta atribuida a todas estas personas es absolutamente contraria no ya sólo a los más elementales principios de la ética sino, sobre todo, al programa y los valores que siempre ha defendido el PP, que en una época abanderó la regeneración de la vida política.
Es evidente que se trata de comportamientos minoritarios, que no se pueden hacer extensivos ni a los militantes ni a la dirección del PP. Pero, por ello mismo, Mariano Rajoy tiene que actuar de forma implacable, apartando a todas las personas que están causando un profundo daño a la imagen del partido.
Las nuevas revelaciones afectan a Ana Mato, que deberá explicar por qué aceptó ese vehículo después de que Correa regalara un Jaguar a su entonces marido, que trabajaba para Don Vito dentro del partido. Hay muchas cosas por explicar y otras que no están nada claras, pero el sumario ofrece suficientes elementos para plantear la cuestión de las responsabilidades políticas de cuantos entraron en el juego de estos personajes sin escrúpulos.
Esperanza Aguirre destituyó a López Viejo y obligó a dimitir a varios alcaldes y Rajoy prescindió de los servicios de Bárcenas, pero Ricardo Costa y Vicente Rambla siguen siendo los dos principales colaboradores de Francisco Camps. Puede que el presidente de la Generalitat desconociera los manejos de sus subordinados, pero él era el amigo de El Bigotes y, en todo caso, es responsable político de la conducta de ambos, sin perjuicio de que la trama tenga derivaciones en Galicia y otras comunidades.
El PP puede alegar con razón, como se desprende del sumario, que ha sido objeto de una exhaustiva investigación policial y judicial, probablemente sin precedentes, y también que ni siquiera se ha respetado la confidencialidad de la relación entre el abogado y su cliente.
Pero los hechos están ahí. A diferencia del montaje de Filesa, en el que el principal beneficiario era el partido, el caso Gürtel pone en evidencia que la motivación era el lucro de personas que utilizaban al PP para enriquecerse. Rajoy tiene que tomar la iniciativa al margen de lo que decidan los tribunales. No hace falta ser un delincuente para ser indigno de ocupar un cargo en el PP o formar parte de sus candidaturas.
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