miércoles, 21 de septiembre de 2011

Sin acritud

Cinco días antes de las autonómicas, el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, alertaba en un mitin contra el programa de María Dolores de Cospedal porque iba a incluir privatizaciones y recortes en servicios públicos.
Al mismo tiempo, negociaba en secreto con Hacienda un plan de ajuste similar.
Si la dieta Cospedal ha causado polémica, también habría sido impopular el programa que Barreda pretendía aplicar si ganaba las elecciones.
Según el documento que remitió a Elena Salgado, estaba dispuesto a emprender un ajuste que incluía privatizar colegios, residencias y autopistas.
La respuesta que fue recibiendo de Hacienda era que sus medidas eran insuficientes para corregir el déficit, y se le reprochaba falta de concreción en el 70% del plan.
Todo ello en secreto, sin que ni Barreda ni Salgado hicieran públicos sus intercambios de ideas en plena campaña electoral autonómica.
El documento llamado Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y al que ha tenido acceso EL MUNDO, plantea a Salgado ahorrar dinero tras las elecciones del 22 de mayo con medidas como éstas:

PRIVATIZACIONES.
«Se llevarán a cabo los estudios necesarios con vistas a analizar la viabilidad de proceder a la privatización de determinados servicios públicos», planteó la vicepresidenta de la Junta María Luis Araújo.
Y mencionó «las residencias de mayores gestionadas actualmente por la Consejería de Salud y Bienestar Social [...] y algunos centros públicos de enseñanza no universitaria». En este último caso, se trataría de colegios e institutos que dejarían de impartir enseñanza pública para pasar a ser gestionados «en régimen de concierto».

También figuran en este bloque «las autopistas, autovías y otras infraestructuras de titularidad regional, que pasarán a explotarse a mediante el cobro a los usuarios de peaje».
Al igual que su sucesora al frente del Ejecutivo regional, María Dolores de Cospedal, Barreda también propuso «la privatización de la Radio y Televisión de Castilla-La Mancha». Esta última tiene un coste de 60 millones de euros.

SUBIDAS DE IMPUESTOS.
El proyecto, que quedó en borrador al no ser nunca aprobado por Hacienda, también establecía «el aumento del tipo autonómico» en el IRPF y «la creación de un nuevo tramo de la escala» para los contribuyentes castellano-manchegos.
También se comprometía a «estudios de similar naturaleza en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de cara a cuantificar el potencial incremento de ingresos derivado de la eliminación de los actuales beneficios fiscales incluidos en la normativa autonómica de este impuesto».
En la lista incluyó un incremento de entre el 20% y el 40% del Impuesto sobre Determinadas Actividades que Inciden en el Medio Ambiente, que grava «la producción nuclear de energía eléctrica, el almacenamiento de residuos radioactivos o la emisión de elementos contaminantes a la atmósfera».

UNIVERSIDAD.
«Se elevarán las tasas universitarias de forma que pasen a cubrir el 100% del coste de la provisión de la enseñanza, salvo en determinadas carreras que se consideran de interés regional y que se determinarán en función de las tasas de paro de los titulados tanto actuales y previstas», incluye el plan de ajuste.
Lo acompaña de un nuevo sistema de becas para los estudiantes «que sobresalgan por su rendimiento».

PERSONAL DOCENTE.
Barreda se propuso la «anulación de acuerdos retributivos pendientes con el personal docente», lo que privaba a los profesores de la subida salarial del 1,23% prometida, equivalente a 32 euros mensuales a cada uno de ellos con un ahorro regional de 14 millones.
También estaba dispuesto a «suspender el régimen de incentivos especiales a la jubilación anticipada del personal docente», con un ahorro adicional de seis millones.

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