EL plan anunciado ayer por el presidente del Gobierno dejó en el tintero una medida inaplazable, de carácter político: su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas. Lo sucedido en los últimos días con el Gobierno de España significa su inhabilitación como responsable de la política nacional, porque nada de lo que ayer dio a conocer Rodríguez Zapatero se habría adoptado si la UE -e incluso Estados Unidos- no hubiera decidido decretar una intervención inmediata de la economía española. La gravedad de nuestra situación se mide por la secuencia de injerencias directas protagonizadas por Merkel y Obama para exigir -no para pedir- reformas que hagan que España deje de ser una amenaza para el euro y la estabilidad occidental.
Esta es la situación real de España, como bien dijo Rajoy en uno de sus mejores discursos parlamentarios. España es un «protectorado» económico de Bruselas, y la razón es muy sencilla. Mientras que la crisis griega es un problema esencialmente griego, la crisis española es un problema europeo, agravado por la soberbia del presidente del Gobierno, que ayer mismo seguía anunciando el inicio de la recuperación a lomos de la décima de punto que, según el Banco de España, ha crecido la economía española en el primer trimestre de este año.
En sólo tres días, Rodríguez Zapatero se ha anulado a sí mismo como responsable de la gobernación de España, no por haber tomado medidas duras contra la crisis, sino por haberlo hecho tarde, mal y empujado por la presión internacional. No son decisiones soberanas del Gobierno de España, debatidas con la oposición parlamentaria española y aprobadas con el respaldo de la sociedad española. Son el producto de la desautorización europea a la gestión realizada por Rodríguez Zapatero. Por eso no puede Zapatero presentarse como líder de un giro en política económica que le viene impuesto. Nadie lidera estrategias ajenas. Su discurso es el de un portavoz de Bruselas, no el del presidente del Gobierno de España. De rechazar la semana pasada una aceleración en la reducción del gasto público, Zapatero ha pasado a mutilar algunos de los avances sociales con los que decoraba sus mandatos demagógicamente. Zapatero anunció ayer el mayor recorte social que se recuerda en la historia democrática, afectando aspectos tan nucleares del Estado del bienestar como los sueldos y las pensiones -siempre son gobiernos socialistas los que recortan pensiones, mientras que el PP las garantizó por ley-, y cancelando iconos de su política social como el «cheque-bebé» o los gastos de dependencia. Tendrá que explicar el Gobierno cómo va a dejar sin efecto, salvo que consiga apoyos suficientes en el Congreso, la ley de consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social de 1997, que estableció que las pensiones serán revalorizadas al comienzo de cada año en función del correspondiente índice de precios al consumo. Por otra parte, la reducción media del 5 por ciento del sueldo de los funcionarios es una decisión profundamente injusta e incluso tramposa, porque no hay medidas complementarias que impidan la contratación de más personal eventual y contratado. No se trata de que los funcionarios cobren menos; se trata de que haya menos gasto de personal, y esto sólo se consigue frenando, y luego reduciendo, el número de eventuales, asesores y gabinetes, lo que incumbe también a todos los gobiernos autonómicos. Además, no es aceptable que los pensionistas pierdan poder adquisitivo mientras la desproporcionada estructura administrativa del Estado (central, autonómica y municipal) permanece intacta. Antes que las pensiones deben ser prioritarios los ministerios ociosos, las subvenciones clientelares, los despilfarros autonómicos y el descontrol municipal.
Las medidas anunciadas ayer -y las que no anunció, pero sí insinuó, como una subida de impuestos- deben ser analizadas meticulosamente, porque no por ser duras van a ser eficaces. Sin duda, servirán de muy poco si el mercado laboral sigue sin ser reformado, si no hay reforma financiera y si no se pone en marcha un proceso legislativo urgente de armonización del Estado autonómico, para reforzar el Estado central y dotarlo de mecanismos de decisión económica y política que han sido transferidos pensando que en España no iban a ser necesarias políticas de cohesión nacional crítica.
En definitiva, hay más que crisis económica. El desprestigio internacional de España es absoluto y será a muy largo plazo. Patética está siendo la presidencia europea. El Gobierno socialista ha perdido definitivamente su discurso político, recortando derechos sociales, pero manteniendo las hemorragias de dinero público en gastos corrientes y en estructuras administrativas ineficientes. Ahora bien, no sólo es responsabilidad del Gobierno. A esta situación también se ha llegado por el coro de complacientes -sindicatos, gurús, minorías parlamentarias- que han secundado por intereses de menor cuantía -o de máxima, según el caso- la gran estafa política cometida por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero contra la sociedad española.
Esta es la situación real de España, como bien dijo Rajoy en uno de sus mejores discursos parlamentarios. España es un «protectorado» económico de Bruselas, y la razón es muy sencilla. Mientras que la crisis griega es un problema esencialmente griego, la crisis española es un problema europeo, agravado por la soberbia del presidente del Gobierno, que ayer mismo seguía anunciando el inicio de la recuperación a lomos de la décima de punto que, según el Banco de España, ha crecido la economía española en el primer trimestre de este año.
En sólo tres días, Rodríguez Zapatero se ha anulado a sí mismo como responsable de la gobernación de España, no por haber tomado medidas duras contra la crisis, sino por haberlo hecho tarde, mal y empujado por la presión internacional. No son decisiones soberanas del Gobierno de España, debatidas con la oposición parlamentaria española y aprobadas con el respaldo de la sociedad española. Son el producto de la desautorización europea a la gestión realizada por Rodríguez Zapatero. Por eso no puede Zapatero presentarse como líder de un giro en política económica que le viene impuesto. Nadie lidera estrategias ajenas. Su discurso es el de un portavoz de Bruselas, no el del presidente del Gobierno de España. De rechazar la semana pasada una aceleración en la reducción del gasto público, Zapatero ha pasado a mutilar algunos de los avances sociales con los que decoraba sus mandatos demagógicamente. Zapatero anunció ayer el mayor recorte social que se recuerda en la historia democrática, afectando aspectos tan nucleares del Estado del bienestar como los sueldos y las pensiones -siempre son gobiernos socialistas los que recortan pensiones, mientras que el PP las garantizó por ley-, y cancelando iconos de su política social como el «cheque-bebé» o los gastos de dependencia. Tendrá que explicar el Gobierno cómo va a dejar sin efecto, salvo que consiga apoyos suficientes en el Congreso, la ley de consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social de 1997, que estableció que las pensiones serán revalorizadas al comienzo de cada año en función del correspondiente índice de precios al consumo. Por otra parte, la reducción media del 5 por ciento del sueldo de los funcionarios es una decisión profundamente injusta e incluso tramposa, porque no hay medidas complementarias que impidan la contratación de más personal eventual y contratado. No se trata de que los funcionarios cobren menos; se trata de que haya menos gasto de personal, y esto sólo se consigue frenando, y luego reduciendo, el número de eventuales, asesores y gabinetes, lo que incumbe también a todos los gobiernos autonómicos. Además, no es aceptable que los pensionistas pierdan poder adquisitivo mientras la desproporcionada estructura administrativa del Estado (central, autonómica y municipal) permanece intacta. Antes que las pensiones deben ser prioritarios los ministerios ociosos, las subvenciones clientelares, los despilfarros autonómicos y el descontrol municipal.
Las medidas anunciadas ayer -y las que no anunció, pero sí insinuó, como una subida de impuestos- deben ser analizadas meticulosamente, porque no por ser duras van a ser eficaces. Sin duda, servirán de muy poco si el mercado laboral sigue sin ser reformado, si no hay reforma financiera y si no se pone en marcha un proceso legislativo urgente de armonización del Estado autonómico, para reforzar el Estado central y dotarlo de mecanismos de decisión económica y política que han sido transferidos pensando que en España no iban a ser necesarias políticas de cohesión nacional crítica.
En definitiva, hay más que crisis económica. El desprestigio internacional de España es absoluto y será a muy largo plazo. Patética está siendo la presidencia europea. El Gobierno socialista ha perdido definitivamente su discurso político, recortando derechos sociales, pero manteniendo las hemorragias de dinero público en gastos corrientes y en estructuras administrativas ineficientes. Ahora bien, no sólo es responsabilidad del Gobierno. A esta situación también se ha llegado por el coro de complacientes -sindicatos, gurús, minorías parlamentarias- que han secundado por intereses de menor cuantía -o de máxima, según el caso- la gran estafa política cometida por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero contra la sociedad española.
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