Garzón

Dice la resolución que Garzón no tiene ni idea de lo que es el proceso penal, que se orienta a dilucidar la responsabilidad de personas concretas y no a establecer la verdad histórica, que corresponde a los historiadores.


Señala que la tipificación de los delitos es incorrecta, puesto que no puede haber detención ilegal sin ofrecer razón del paradero de la víctima y luego le reprocha ampararse en «construcciones formales» que no existen en las leyes españolas.


Apunta también la sentencia que los delitos han prescrito y que es público y notorio que los responsables del levantamiento de 1936 habían muerto cuando se abrió la causa. El fallo le reprocha también a Garzón incurrir en una transposición arbitraria de los convenios de derecho internacional cuando el sistema jurídico español posee un método establecido para determinar su aplicación en el procedimiento penal y luego le acusa de interpretar esos tratados de forma retrospectiva.


Y, por último, el Supremo señala que la Ley de Amnistía de 1977 sigue estando en vigor y fue refrendada implícitamente por la Constitución, por lo que no es posible exigir responsabilidades penales ni al franquismo ni a las autoridades de la República.


En suma, Garzón queda retratado como lo que ha sido: un juez que no creía en el Derecho y que ha aplicado la ley de forma arbitraria para conseguir fines que nada tenían que ver con la Justicia. Afortunadamente, Garzón ya ha sido expulsado de la carrera judicial, lo que resulta tranquilizador a juzgar por el contenido de esta demoledora sentencia del Supremo.

Los porqués de una sentencia

Han transcurrido apenas unos días desde la condena a Baltasar Garzón y el clima de unanimidad impuesto en los comentarios aparecidos en la prensa parece no dejar lugar a dudas. O bien el Tribunal Supremo habría caído en manos de un franquismo redivivo que aspira a apoderarse de las instituciones democráticas, o bien la animadversión de los magistrados hacia un juez de renombre habría puesto en marcha una maquinación para satisfacer los más bajos instintos. En un caso o en otro, la sentencia no sería solo una sentencia; sería un episodio en una bien trabada conspiración. En ella estarían todos: los franquistas que esperaban el desquite, la derecha que no condenó la dictadura y que habría contado con la complicidad del máximo órgano jurisdiccional para silenciar a quien se propuso sanear una transición calificada de claudicante y vergonzosa, y, por descontado, los presuntos corruptos acusados de integrar una trama de financiación irregular al partido hoy en el Gobierno.

Lo más inquietante de esta explicación es que, al igual que hizo la derecha, una parte de la derecha, tras la victoria socialista en 2004, la izquierda, una parte de la izquierda, podría acabar cediendo a la tentación de interpretar su derrota en las elecciones no como un revés político, sino como un zarpazo a la legitimidad del sistema constitucional. Las elucubraciones sensacionalistas en torno a los atentados del 11 de marzo sirvieron para apoyar la idea de que el Partido Socialista no debería haber llegado al Gobierno y, por tanto, cualquier medio para desalojarlo resultaba aceptable. Si la sentencia contra Garzón fuese el resultado de esa conspiración largamente tramada y con extensas ramificaciones en las sentinas de la derecha, ¿cuál sería el inexorable corolario?, ¿qué lealtad constitucional se podría reclamar a nadie?

Las elucubraciones sensacionalistas en torno a los atentados del 11 de marzo fueron una patraña que puso al país al borde de la ruptura. Interpretar la sentencia contra Garzón como el último episodio de una conspiración también puede ponerlo, sobre todo si, como en el caso de los atentados, resultara que se apoya en elucubraciones sensacionalistas. El terreno está abonado para que proliferen, no solo porque la derecha se libró irresponsablemente a ellas y validó entonces un medio execrable de hacer política, sino porque uno de los argumentos más repetidos para criticar la sentencia contra Garzón es la dificultad para explicarla. Salvo que se pretenda confundir los planos, la dificultad para explicar una decisión jurídica no dice nada de la decisión misma, sino de la capacidad jurídica de quien se propone explicarla. Insistir tanto como se ha insistido en que la sentencia contra Garzón es difícil de explicar solo puede significar dos cosas: o que no se tiene competencia, y entonces mejor guardar silencio, o que lo que no se tiene es voluntad, y entonces habría que explicar por qué no se tiene.

El resultado, con todo, es siempre el mismo: a falta de explicación, se imponen las elucubraciones sensacionalistas. De la sentencia contra Garzón se ha contado más a la opinión pública acerca de la vida y milagros de los magistrados que la dictaron que de los hechos que consideraron probados y de los razonamientos en los que apoyaron la condena. Las contadas ocasiones en las que se ha aludido a la sentencia ha sido para decir que, como Garzón, otros jueces también ordenaron escuchar las conversaciones de los detenidos con sus letrados y no han sido castigados por ello. Criticar la sentencia contra Garzón sin pronunciarse sobre el punto esencial, esto es, sobre si los jueces pueden ordenar que se escuchen las conversaciones de los detenidos con sus letrados, equivale a escamotear un dato determinante para la totalidad del caso. Porque si la respuesta es no, y sería deseable que voces con competencia y voluntad ayudaran a forjarse una opinión, entonces quienes critican la sentencia argumentando que otros jueces han hecho lo mismo que Garzón sin ser condenados por ello no estarían defendiendo el Estado de derecho; en realidad, lo estarían defenestrando, porque la norma que estarían implícitamente reclamando para absolver a Garzón no sería la ley que rige para todos, sino la práctica de algunos jueces que, según el Supremo, la contradice.

Las elucubraciones sensacionalistas a la que se han librado tantos medios de comunicación en todo el mundo, y también en España, se alimentan en gran medida de una singular variante del “periodismo de investigación”. El modelo teórico sería el caso Watergate; el resultado práctico guarda con él poco parecido. Si Woodward y Bernstein no hubieran dado a conocer el espionaje del Partido Demócrata ordenado por Nixon, la maquinaria policial, judicial y política de Estados Unidos no se habría puesto en marcha. En España, por el contrario, el “periodismo de investigación” solo hace atronador acto de presencia cuando ya está en marcha la maquinaria policial y judicial, y en ocasiones también la política. En sentido estricto, ese periodismo no descubre nada, no investiga nada, sino que revela, adelantándolas a partir de filtraciones de documentos oficiales y sumarios bajo secreto, informaciones que las leyes ordenan mantener reservadas para respetar las garantías a las que tiene derecho cualquier ciudadano sometido a investigación. En ese adelanto de las informaciones está la clave, porque genera plusvalías simbólicas de las que se benefician a partes iguales filtradores y receptores de la filtración. Unos y otros logran construirse titánicas reputaciones en sus respectivas profesiones a través de un simple sistema de favores mutuos.

Gracias a esta singular variante del “periodismo de investigación”, para el que el papel de la prensa consiste en airear el contenido de las filtraciones y no en denunciar que algunos servidores del Estado quebrantan el deber de secreto al que están obligados, la creación de climas de opinión que, debidamente orientados, convierten los sumarios de instrucción en prácticas resoluciones de condena es un juego de niños. La trampa saducea que se tiende ante los tribunales encargados de juzgar es, o bien dictar sentencia de acuerdo con el clima de opinión previamente creado, y entonces nada sucede, o bien pronunciarse en contradicción con ese clima, y entonces se declara el desprestigio de la justicia y la indignidad de sus miembros. Por desgracia, el “periodismo de investigación”, ese “periodismo de investigación” que ha proliferado en todo el mundo, ha sentado cátedra en España; tanta, que ya no hace falta siquiera invocar el periodismo ni tampoco la investigación para considerar como una práctica admitida la creación de climas de opinión tendidos como trampas ante los tribunales encargados de juzgar. Basta reclamar atención pública como familiar de la víctima de un crimen horrendo, o como partidario de una causa incontestable, para considerarse acreedor de una justicia a la medida, cuando no de una inmunidad absoluta frente a los requerimientos de la ley.

Aparte de la condena por el caso de las escuchas, Garzón tenía abiertas otras dos causas, una por archivar correctamente una querella contra un banquero que accedió a financiar un curso organizado en Nueva York, y otra por abrir y cerrar una investigación sobre los crímenes cometidos por jerarcas de la dictadura sin tener supuestamente competencia para ello, que sigue pendiente de resolución. Salvo que una vez más se pretenda confundir los planos, cada causa es cada causa, y lo que cada causa reclama son argumentos y no la creación de un clima de opinión válido para todas. El porqué de la sentencia de acuerdo con ese clima creado ya se conoce, y remite a una conspiración en las sentinas de la derecha. Falta por conocer el otro porqué, el porqué jurídico, ese porqué que se ha escamoteado bajo el pretexto de que la condena a Garzón es difícil de explicar. Por difícil que sea, los ciudadanos tienen derecho a conocer ese porqué. No solo para decidir sobre el prestigio o desprestigio del Tribunal Supremo, sino también para saber si la legitimidad del sistema constitucional ha recibido un zarpazo o se trata, sin más, de una nueva e irresponsable elucubración sensacionalista.

José María Ridao (EL PAÍS, 23/02/12):

La «primavera valenciana» real: calefacción, dinero y delincuentes y confusión

El instituto Lluis Vives tiene 82.000 euros en el banco. Dos detenidos tienen antecedentes

Le quita la porra a un agente y le amenaza con ella. El policía lo reduce y cuando ambos caen al suelo el hombre muerde con fuerza en el muslo al agente. Resultado de la agresión, una herida con la marca de la mordedura

23 Febrero 12 - Madrid/Valencia - M. Romero / N. C.

Los organizadores de las protestas estudiantiles en Valencia han dado en llamar a su revuelta «primavera valenciana». Pero detrás de las reivindicaciones estudiantiles se encuentran una serie de elementos que desmontan esa idealización de las manifestaciones callejeras. La primera: el origen de este movimiento está en la supuesta falta de calefacción del instituto Lluis Vives. Al Instituto nunca le han cortado la calefacción. Fuentes de la Consejería de Educación, Formación y Empleo confirmaron a LA RAZÓN que este instituto, a fecha del 31 de diciembre, tenía ingresados 27.134 euros en su cuenta corriente. Un dinero que les ha permitido funcionar de manera normalizada durante todo el curso, incluso a pesar de la deuda del Gobierno valenciano, que debía a todos los centros educativos de la Comunitat los gastos de funcionamiento del tercer y el cuarto cuatrimestre de 2011. Con todo abonado a día de hoy, el Lluis Vives tiene ahora en el banco más de 82.000 euros, una cantidad que debe sumarse a los ingresos que recibe por alquilar sus instalaciones para la realización de unas ferias medievales que se celebran cada cierto tiempo y otras actividades. La titular de Educación, María José Catalá, aseguró el pasado martes que respeta las reivindicaciones de los alumnos pero que no entendía que, ya que no había habido cortes de suministros, los jóvenes se manifestaran contra unos recortes que soló afectan al personal docente y no a la calidad educativa.

La segunda, que como ya adelantó LA RAZÓN ayer, entre los principales instigadores de las manifestaciones hay muy pocos estudiantes del centro. De los 45 detenidos estos días, sólo uno pertenece al citado instituto. Pero no sólo entre los detenidos la estadística es demoledora, también entre los identificados por la Policía en el transcurso de las protestas. De los 300 que han sido identificados ni siquiera 30 están en edad escolar.

Unas cifras que no han sorprendido a la Policía, ya que gran parte de los manifestantes no eran ni mucho menos desconocidos. Habían participado en otras protestas orquestadas por grupos radicales de izquierda, se les había visto en altercados con los agentes y algunos incluso habían sido detenidos con anterioridad por diferentes tipos de delitos. Los policías les conocían y sabían que su forma de actuar no era ni mucho menos pacífica. Todo lo contrario, la violencia es y ha sido su máxima. No han tenido reparos ni a la hora de robarle la defensa a uno de los efectivos policiales.

Según informaron a este periódico fuentes del Sindicato Profesional de Policía, algunos de los detenidos tienen antecedentes policiales: una de las arrestadas ya está fichada por hurto y otro, por tráfico de estupefacientes. «Este tipo de concentraciones que en principio son pacíficas, se tornan violentas por culpa de los radicales antisistema», que «calientan» a los estudiantes con el fin de que la calle «reviente», afirma el presidente regional del Sindicato Profesional de Policía de la Comunidad Valenciana, José Manuel León. Cuando los agentes empiezan a actuar, entonces se quitan de en medio y dejan a los estudiantes en primera fila.

«Lo que no dicen en los medios de comunicación es lo que han tenido que soportar los policías», añade. Los primeros días de protestas, los policías no llevaban los instrumentos de defensa y protección, es decir, ni cascos ni escudos ni otros protectores. A pesar de los insultos, patadas, escupitajos y mordiscos, los agentes no hicieron uso del material de orden público y las detenciones se llevaron a cabo sin usar la fuerza.

Pero la agresividad de los manifestantes fue aumentando y el lunes estalló. Unas 500 personas se lanzaron contra la barrera policial lanzando piedras, botellas, y adoquines contra los agentes y consiguieron sobrepasarles, por lo que se tuvo que establecer una nueva barrera, esta vez sí, protegida con cascos, escudos y porras para dispersar a la gente. «Nos acusan de brutalidad, pero no hay ningún herido grave», declara León.

«Robo», amenaza y brutal mordisco a un agente

1. Durante la manifestación del lunes, un hombre le quita la porra a un agente y le amenaza con ella.

2. El policía consigue reducir al  manifestante y cuando ambos caen al suelo el hombre muerde con fuerza en el muslo al agente.

3. El resultado, de la agresión, una herida con la marca de la mordedura bastante visible.

Opinión / Concha Minguela

Vergüenza ante la brutal carga policial

Concha Minguela, 23 de febrero de 2012 a las 08:57

Una imagen vale más que mil palabras. Cuando se trata de mil imágenes, el equivalente es un millón de palabras. Sin palabras se ha quedado la izquierda valenciana, los grupos y organizaciones sociales y la prensa "casi" en bloque, ante las brutales y desproporcionadas cargas policiales contra los estudiantes de secundaria valencianos que protestaron por las recortes en Educación. De nada sirven las tibias explicaciones de responsables del Partido Popular y de miembros del Gobierno, dando a entender que las manifestantes violaban los derechos del resto de ciudadanos al cortar, sin permiso, el tráfico de las calles céntricas de la ciudad del Turia.

La delegada del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, que ha recibido a delegaciones del PSOE valenciano, a miembros de la dirección docente valenciana, y a los propios estudiantes, ha justificado la actuación de la policía, contra la evidencia de las salvajes imágenes, insinuando que fueron los cuerpos policiales los agredidos por los estudiantes y que la actuación de éstos sólo fue defensiva. El papel o el discurso pueden soportar cualquier manipulación, pero ahí están los vídeos, que deberían avergonzar a los responsables de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y llevar a dimisiones inmediatas.

Por si esto fuera poco, la delegada Paula Sánchez de León, compareció en rueda de prensa, sin inmutarse, ante un Jefe Superior de la Policía, Antonio Moreno, que se dirigió a los estudiantes como "el enemigo" y se quedó tan ancho. Mientras algunos medios entregados, advierten de que no debemos "parecernos a Grecia", en consonancia con las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que pide un poco de mesura para "cuidar la imagen" de España, en alusión a los lamentables disturbios de Valencia, los telediarios de los principales canales europeos destacan la dureza de la actuación policial criticando que la policía española no sepa distinguir entre estudiantes, muchos de ellos menores, y auténticos vándalos descontrolados.

Merecemos una policía preparada para actuar frente a protestas de adolescentes de instituto que están en todo su derecho de preocuparse, y llamar la atención, sobre su negro futuro en medio de una crisis que recorta a marchas forzadas los derechos y las esperanzas de todos los españoles. Y si los jefes policiales no saben controlar una protesta juvenil, que muestra los libros cómo única y peligrosa arma, más vale que dimitan porque de otro modo son ellos los que ofrecen una lamentable imagen de una España autoritaria más propia de otros tiempos, por fortuna, ya pasados.

Sobre la crisis.

El verdadero alcance de esta crisis consiste en haber dejado al desnudo la deriva de nuestro modo de vivir, de los valores que han dado un determinado sentido moral a nuestra existencia colectiva. Abandonados a la intemperie por la recesión, averiguamos ahora el curso de una enfermedad silenciosa y tenaz, abrigada bajo la alegre confianza en un bienestar económico y una perspectiva de constante desarrollo material, en la que determinadas preocupaciones parecían ser solo la extravagancia de intelectuales pintorescos o la nostalgia de reaccionarios recelosos ante la novedad. Habitantes de un continente que ha inspirado la mayor parte de los principios que han dado sentido a la historia del hombre y a su realización plena en la modernidad, vamos a pasar el testigo a una generación que tendrá que vérselas con un paisaje de ruina económica y destrucción de lazos sociales y que tendrá que hacerlo, además, expropiada de los recursos ideológicos que podían orientarla en su amarga travesía , cautiva y desarmada en una perpetua frivolidad y desprovista no solo del conocimiento, sino de la posibilidad de obtenerlo partiendo de la necesidad sincera de saber.

Conviene decirlo, cuando parece que solo nos acechan las penalidades materiales, hijas de la embriaguez del despilfarro. Porque lo que nos angustia no es solo la contundencia de la recesión, sino que las conductas económicas causantes de ella hayan formado parte de un mundo en el que todo estaba permitido, en el que todo era relativo, en el que el interés propio carecía de cualquier limitación colectiva, en el que la conversación se sustituyó por el ladrido político, la lectura privada por la consigna pública, la reflexión intelectual por la adormidera televisiva, y en el que la búsqueda frenética del placer inmediato se confundió con la serena madurez de la felicidad.

En estos años nos hemos conformado con bien poco. No se trata de que hayamos preferido tener a ser, aunque se le parezca bastante. Ahora, en el páramo de nuestra insolvencia económica y la falta de escrúpulos morales, algunos empiezan a añorar determinados preceptos y pautas, objeto antes de burla social y de manipulación política, proponiendo su retorno como condición para salir de nuestro declive. ¿Recuerda alguien las voces de alarma —escasas y vituperadas— que se alzaron cuando el sistema educativo exteriorizó la crisis de autoridad en el aula, el elogio de la promoción adquirida sin esfuerzo y la diversión en la escuela como eje central de la formación de los adolescentes? ¿Es preciso volver a señalar de qué modo se ha confundido la cultura con la evasión, y la expresión «matar el tiempo» ha reflejado abiertamente la negativa a «hacerlo vivir» mientras el ocio se travestía de anestésico y quedaba abolida la admiración por la inteligencia y la exigencia de responsabilidad?

Y, como la cultura no nos hace mejores, sino solamente más atentos a esa condición difícil del mundo, ¿deberemos recordar el modo en que se ha abucheado cualquier asomo de rectitud moral, de reflexión sobre la elección entre el bien y el mal, de ejercicio auténtico de la libertad y de sanción de su uso? ¿Es preciso que recordemos la manera en que la apasionante experiencia de vivir se ha convertido en un mero dejarse llevar por la lógica de un mundo sin raíces humanistas y sin compromiso con el valor social de la propia existencia?

Nuestra crisis ha sacado a la luz la indefensión de una sociedad que creyó posible olvidarse de sus propios fundamentos éticos y que dio la espalda a aquello que, en última instancia, explicaba el desarrollo económico y el alcance del bienestar. Aquella sociedad más sabia, aquella sociedad que tenía los dispositivos morales para encauzar el futuro de una juventud, para señalizar los obstáculos a batir por el esfuerzo personal; aquella sociedad del mérito recompensado y de la profesión bien ejercida, fue derogada a favor de otra, que se enorgullecía de su carencia de sedimento cultural, que parecía satisfecha por vivir sin un sentido de civilización en sus entrañas. Cuando la opulencia del mundo de la posguerra se estaba construyendo, hombres sagaces como Pasolini o Castoriadis llegaron a referirse a la pérdida de orientación cultural y al ascenso de la insignificancia. También los hubo en otra orilla ideológica, que se refirieron al malestar de una cultura que se nutría de su propia humanidad, de los valores que durante siglos sostuvieron en pie la vigorosa condición del hombre libre. Para nuestra desgracia, la penuria no encuentra ahora la solidez de un territorio moral desde el que emprender la marcha hacia el futuro, sabiendo a ciencia cierta quiénes hemos sido siempre y lo poco que teníamos que ver con ese mundo a solas, en el que todo lo que era importante pasó a considerarse un accesorio prescindible de nuestra estatura social.

Atrapados por el siglo.- Por Fernando García de Cortázar, director de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad (ABC, 19/02/12):

Integración de España en la Unión Europea.

Con la Transición y normalizadas las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, el gran objetivo de la política exterior fue el ingreso en la Comunidad Económica Europea.
Resultó bastante más difícil de lo que pudiera pensarse y no se consiguió hasta ocho años más tarde, tras duras negociaciones y no pocas concesiones, con el primer gobierno socialista ya en el poder.


El tratado de Roma se firmó en 1957.
Desde los años sesenta el gobierno de Franco solicitó la incorporación de España, la gran aspiración de los tecnócratas. Pero la CEE no era un simple acuerdo comercial de supresión de aranceles aduaneros, sino que también incluía la homogeneidad política dentro del sistema democrático (solo se consiguieron firmar acuerdos comerciales preferenciales, que hicieron de la CEE el primer cliente de nuestro comercio exterior).


Los Gobiernos de Suárez y Calvo Sotelo solicitaron el ingreso, pero pronto aparecieron las dificultades; dificultades no ya políticas, sino económicas.
*.- La estructura económica española (que chocaba con los intereses europeos, especialmente en agricultura y pesca).
Las negociaciones fueron muy difíciles, sobre todo por las reticencias francesas, que estaba presionada por los campesinos franceses.
Estas se salvaron por el apoyo de Alemania , que vinculó el aumento de los fondos comunitarios a la entrada de España y Portugal, (tras relacionar Felipe González la entrada en la Comunidad y la OTAN) y el cambio de postura francesa con la llegada al poder en 1982 del socialista Mitterand (las relaciones con el gobierno socialista entre Francia y España mejoraron mucho, consiguiendo España la colaboración francesa en la lucha contraterrorista).
*.- Los problemas internos de la Comunidad y en las consecuencias de la crisis del 73.


Así la petición estuvo ocho años sin ser admitida.
Con el primer gobierno de Felipe González y siendo ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán, el 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas.
El 1 de Enero de 1986 España se convirtió en país miembro de pleno derecho de la CEE.


España tuvo que aceptar unas condiciones excesivamente duras:
*.- La Comunidad exigió largos períodos transitorios para aquellos sectores españoles más competitivos o para aquellas cuestiones en las que los miembros de la CEE podían verse perjudicados.
*.- La libre circulación de los trabajadores no fue admitida hasta 1993.
*.- También hasta 1993 se extendió también la desaparición progresiva de los aranceles para los productos agrícolas generales.
*.- El libre comercio de frutas, hortalizas y aceite de oliva se retrasó hasta 1996.
*.- La posibilidad de pescar en caladeros comunitarios se pospuso hasta 2003. Luego estos períodos transitorios se fueron acortando en la práctica.
A cambio , España consiguió plazos largos para el desarme arancelario en el sector industrial, para el establecimiento de entidades bancarias y de seguros y para la liberalización de los monopolios fiscales, como el petróleo o el tabaco.


Desde su entrada, España ha apoyado todos los pasos dados en el proceso de formación de la identidad común europea. Estos han sido:
*.- La aprobación del Acta Única, en 1986 (la CEE se convertía en el Mercado Común eliminándose las fronteras para mercancías, capitales y personas);
*.- el Tratado de la Unión Europea, en 1991 (más conocido como el Tratado de Maastrich). Superaba los aspectos comerciales, para convertir a los países miembros en un ente supranacional europeo.
Sus acuerdos más importantes fueron:
- el reconocimiento del concepto de solidaridad entre las regiones europeas para sustituir las grandes diferencias entre ellas (los fondos de compensación y cohesión),
- mayores atribuciones al Parlamento europeo y a la ciudadanía de Europa, con lo que se avanzaba no sólo en el aspecto económico, sino también en el político,
- y el establecimiento de un calendario para una unión económica y monetaria, que ha acabado con las monedas nacionales, sustituidas a partir del año 2000 por el euro.
Su introducción se ha hecho de modo progresivo y para participar en la Europa del euro había que cumplir una serie de criterios económicos (tipos de interés, inflación, gasto público...) España los consiguió y la ocasión es considerada como la segunda gran fecha de la política exterior después de la entrada en la CEE.
*.- la ampliación de la Unión Europea a 15 miembros con la integración de Suecia, Finlandia y Austria en 1995,
*.- el Tratado de Schengen de 1995 (preveía una política exterior común. Pero sus logros han sido muy relativos, viéndose las carencias de este aspecto en el conflicto de Yugoslavia y, sobre todo, en la reciente guerra de Irak, donde las distintas naciones europeas que tenían firmado el acuerdo han optado por posiciones totalmente distintas).
*.- y la ampliación a los países del Este en la cumbre de Niza en 2000.




LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA LOS PROBLEMAS DE LA INTEGRACIÓN
España había hecho de la alianza con Francia y Alemania el eje de su política exterior. En el 2003, con motivo de la Guerra de Irak, el gobierno de Aznar rompe con ese eje y se alinea con EEUU e Inglaterra.


La entrada de España en la Europa Comunitaria no fue la solución para muchos problemas de España:
*.- Tuvo que realizar una intensa reconversión industrial para que nuestros productos fueran competitivos en Europa.
*.- Ésta provocó paro y la protesta de los sindicatos.
*.- Se agravó el problema del sector pesquero, fue necesaria una obligada reconversión de la flota y las negociaciones fallidas con Marruecos.
*.- El sector lácteo ha salido muy perjudicado por la cuota lechera que limita su producción.
A pesar de todo, el balance parece positivo a la mayoría de los grupos políticos y no se cuestiona, con la excepción de IU.


CONSECUENCIAS ECONÓMICAS


En 1995 España aportó al presupuesto más o menos la mitad de lo que recibió de la Unión Europea. Este saldo positivo provenía de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión.
Este beneficio neto del que disfrutó España se reducirá progresivamente por:
*.- el aumento de la riqueza española,
*.- la entrada de los países del este, más pobres, que nos restarán aportaciones de los fondos de cohesión.
*.- las previsiones de la "Agenda 2.000" que suprimirá los fondos de cohesión para todas aquellas regiones que se sitúen por encima del 75% de la media europea.


Con la entrada en la UE:
Sector Primario:
*.- El proceso de modernización del sector primario se ha acelerado.
*.- Las aportaciones de los fondos del FEOGA( Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola) han financiado a la agricultura y ganadería española (de hecho, la cuarta parte de los ingresos de los agricultores españoles proviene de las ayudas de la Unión). ¿Es el sector primario europeo un sector subsidiado y de desleal competencia?.
*.- Se han visto perjudicados ciertos productos y sectores agrícolas-ganaderos:
*.- La remolacha y el azúcar no pueden competir en el mercado europeo por sus precios poco competitivos.
*.- El plátano canario ha perdido el monopolio del mercado español.
*.- El aceite de oliva ha visto reducida sus ayudas.
*.- El sector lácteo, uno de los más perjudicados, ha tenido que reducir su producción por los cupos lácteos.
Además, la Unión Europea fomenta el abandono de las explotaciones menos competitivas, a fin de hacer más competitivo el sector agrario europeo.


Sector Industrial:
El sector industrial se ha visto afectado fuertemente en la siderurgia y la industria naval. *.- En siderurgia tuvo que hacer una profunda reconversión industrial, financiada en parte por la UE.
*.- El sector naval, está pasando por momentos difíciles y próximamente se le retiraran todas las ayudas, por lo que la situación será todavía peor.
*.- El resto ha resistido con mejor o peor fortuna la competencia de las tecnologías europeas, aunque se han beneficiado de la necesaria modernización, de las inversiones extranjeras con la liberalización del movimiento de capitales y de la ampliación del mercado.


El comercio:
El comercio ha sufrido un gran aumento, pero el tradicional déficit de la balanza comercial persiste.
La liberalización del transporte aéreo ha puesto en dificultades a Iberia, que ha tenido que reducir personal.
El balance sectorial es en su conjunto positivo. Sólo el sector pesquero y el naval parecen afectados de una crisis de muy difícil solución.

El 14 de abril: aparece una pésima política económica

«La Reforma Agraria nació muerta, y solo se orientó en forma de castigo político para quienes se sospechase habían tenido algún contacto con el golpe militar de Sanjurjo en agosto de 1932. Esto provocó una expropiación muy importante en los ruedos de los pueblos»
POR JUAN VELARDE FUERTES
Día 14/04/2011
CONFIESO que, como economista, me ha causado asombro que cualquier medio de comunicación decida conmemorar como algo que históricamente merece positivamente la pena el LXXX aniversario de la llegada de la II República española. Conviene, se ve que ante demasiados olvidos, recordar qué golpes sucesivos se dieron por aquel nuevo régimen político a nuestra economía.

En primer lugar, en relación con la agricultura.
Esta suponía, en 1931, respecto al total del PIB, el 24'2%. Como señalaba Flores de Lemus, del resultado de las cosechas dependía, en «lo fundamental, la coyuntura de España en lo que ella tiene de específicamente española», y esta influencia relativa pasaba a ser «mucho mayor que cualquier otro factor de la coyuntura». Por eso, «del resultado de la producción en nuestros campos irradia el poder que anima o deprime durante el año la vida económica de la nación».
La II República alcanzó el poder, como lo definió críticamente entonces el profesor Torres Martínez, con un mito: el del «pan barato».
Como la cosecha de trigo de 1931 había sido mala, decidió Marcelino Domingo importar trigo argentino, sin percibir que la depresión mundial reinaba, que podía saltar a España, y además que, como anunciaba «El Norte de Castilla», con su muestreo tradicional, la cosecha de 1932 iba a ser magnífica, como efectivamente sucedió.
La llegada de estos embarques, sumados a las perspectivas agrarias, actuó conforme señala la ley de King, que naturalmente también ignoraba Marcelino Domingo: se provocó tal caída de precios, que se hundió el poder adquisitivo de los campesinos, y con él, el de todos los españoles.

Pero esto se ligaba con una fuerte contracción del gasto público, para tratar de evitar la caída de la cotización de la peseta, a pesar de que Keynes, en 1930, en Madrid, había señalado cómo esta caída, al facilitar las exportaciones, ayudaba a España a salir de la crisis.

El déficit presupuestario fue, por eso, únicamente de un 0'2 por ciento en 1931, y de un 0'6 por ciento en 1932, del PIB.
Con lucidez extraordinaria, Lluc Beltrán, en su carta a Keynes del 17 de noviembre de 1934 —publicada en los «Anales de la Real Academia de Doctores de España» 2009— decía textualmente: «Al iniciarse la bajada mundial de los precios en 1929, la peseta comenzó a bajar en consonancia, con la feliz consecuencia de mantener… la normalidad de nuestra actividad industrial.
Sin saberlo, al contrario, en contra de nuestra voluntad, ya que en aquel momento se consideraba la bajada del cambio de la peseta, hacíamos lo que usted recomienda hacer en el capítulo 21 de su obra “Treatise on Money”. Las cosas seguían en este plan hasta 1932. Entonces, el tipo de cambio de la peseta dejó de seguir la tendencia de los precios mundiales. Al elevarse, dio lugar a una caída de los precios nacionales. Fue en ese momento cuando se empezaron a notar en España los efectos de la depresión mundial».

El freno planteado a las obras públicas y la crisis agraria provocaron de consuno un largo desempleo, descomunal para entonces, agravado por la política de Largo Caballero, favorable a la subida de los costes salariales, esencialmente en la agricultura al poner en marcha un arbitrio típico: la Ley de Términos municipales, de 28 de abril de 1931, por la que los empresarios rurales de cada municipio debían dar ocupación, con altos salarios, a los parados que existiesen en él.
Una escalofriante anécdota que relataba «El Norte de Castilla» el 17 de noviembre de 1933 le proporcionó a Perpiñá Grau, en «De Economía Hispana» (Labor, 1936), la base para señalar cómo esta política motivaba que estuviesen «un número muy considerable de ciudadanos del interior con un tenor de vida medieval».

Alguien podría decir que la II República puso en marcha una Reforma Agraria para paliar eso.
Pues bien, como sostuvo el profesor Torres, su base se encontraba en otro mito, el del «reparto».
Al decidir liquidar el proyecto del Banco Agrario, por ese miedo reverencial que a la gran Banca española tenía Azaña, ¿cómo sin crédito iban a prosperar los nuevos propietarios? ¿De qué iban a vivir hasta que vendiesen las cosechas? ¿Y cómo podrían comprar desde abonos hasta la cebada para las mulas?
Por eso, la Reforma Agraria nació muerta, y solo se orientó en forma de castigo político para quienes se sospechase habían tenido algún contacto con el golpe militar de Sanjurjo en agosto de 1932.
Esto, como investigó muy bien el profesor Juan Muñoz, provocó una expropiación muy importante en los ruedos de los pueblos, o sea en pequeñas propiedades ajenas al latifundismo. Así se creó, adicionalmente, un clima de odios en muchas pequeñas localidades agrarias que, dentro de los planteamientos por Malefakis, explica bastante de mil sucesos sangrientos a partir de 1936.
Todo esto provocó un considerable aumento del paro, lo que acentuó las tensiones sociales, las cuales, a su vez, frenaban la expansión, al empeorar las expectativas empresariales. Y para agravarlo todo, gracias a la puesta en marcha del Estatuto de Cataluña, como explicaron con contundencia Larraz y Calvo Sotelo, se rompió el mercado interior y se alteró profundamente la marcha de la Hacienda.
La síntesis de todo lo señalado se encuentra en estas frases de Jordi Palafox en «Atraso económico y democracia. La II República y la economía. 1892-1936» (Crítica, 1991, págs. 179 y 181): «El impacto sobre la economía de la proclamación de la República fue brutal», porque los acontecimientos «provocaron una profunda sensación de inseguridad entre los sectores económicos con más poder».

Simultáneamente, se acentuó el intervencionismo, y los fenómenos de un fuerte corporativismo ajeno al mercado se generalizaron.
Por eso sostiene Pedro Fraile Balbín, en su excelente trabajo «La intervención económica durante la II República» (en el volumen I de «1900-2000. Historia de un esfuerzo colectivo», Planeta. Fundación BSCH, 2000), que «el predominio de los responsables políticos sin formación profesional económica, o, lo que es aún peor, con las intuiciones que formaban el conocimiento común de lo económico en aquel tiempo, era patente entre todos los ministros desde 1931 hasta los últimos gobiernos».

¿Y el inicio de ese caos económico, que motivó que el PIB por habitante a precios de mercado disminuyese respecto a 1929 nada menos que un 9'5 por ciento en 1933, junto con un fuerte aumento de desempleo, es algo que merezca celebrarse? ¿O es que debemos olvidar eso que se llaman los costes sociales, los que pagan con dureza las familias para que, como fue lo sucedido entonces, se dictaminase con engolamiento que había sido un error la Restauración y no digamos la Dictadura de Primo de Rivera, a pesar de que no se contemplaba desde 1874 un caos económico tan considerable como el que surgió desde 1931?,
JUAN VELARDE FUERTES ES PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Las leyes fundamentales de la estupidez humana. (basado en Cipolla (1988), Allegro ma non troppo )

Primera Ley Fundamental:
Siempre e inevitablemente todos subestiman el número de individuos estúpidos en circulación.
A primera vista esta afirmación puede parecer trivial, o más bien obvia, o poco generosa, o quizá las tres cosas a la vez.
Sin embargo, un examen más atento revela de lleno la rotunda veracidad de esta afirmación. Cipolla considera que por muy alta que sea la estimación cuantitativa que se haga de la estupidez humana, siempre quedaremos sorprendidos de forma repetida y recurrente por el hecho de que:
a.- personas que uno ha considerado racionales e inteligentes en el pasado resultan ser inequívocamente estúpidas;
b.- Día tras día, con una monotonía incesante, vemos cómo entorpecen y obstaculizan nuestra actividad individuos obstinadamente estúpidos, que aparecen de improviso e inesperadamente en los lugares y en los momentos menos oportunos.
La Primera Ley Fundamental impide la atribución de un valor numérico a la fracción de personas estúpidas respecto del total de la población. Cualquier estimación numérica resultaría ser una subestimación. Por ello en las líneas que siguen se designará la proporción de personas estúpidas en el seno de una población con el símbolo σ.


Segunda Ley Fundamental:
La probabilidad de que cierta persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de esa persona.
No todos los humanos son iguales ya que unos son más estúpidos que otros. Según Cipolla, el grado de estupidez viene determinado genéticamente por la naturaleza pero no está asociado a ninguna otra característica de raza, sexo, nacionalidad o profesión.
El profesor Cipolla realizó amplios estudios demográficos con muy diversos sectores de la población. Inicialmente afirma haber comprobado que entre los trabajadores "de cuello azul" existía una fracción σ de estúpidos y que esa fracción era mayor de lo que esperaba, con lo que se confirmaba la primera Ley. Sospechando que podía deberse a falta de cultura o a marginalidad social estudió muestras de trabajadores "de cuello blanco" y a estudiantes, comprobando que entre ellos se mantenía la misma proporción. Más sorprendido aún quedó al medir el mismo parámetro entre los profesores de universidad. Decidió por tanto expandir sus estudios hasta la élite de la sociedad, los laureados con el Premio Nobel. El resultado confirmó el poder supremo de la naturaleza: una proporción σ de laureados con el Nobel son estúpidos.


Tercera Ley Fundamental (o de Oro):
Uuna persona estúpida es aquella que causa pérdidas a otra persona o grupo de personas sin obtener ninguna ganancia para sí mismo e incluso incurriendo en pérdidas.
El análisis de costes y beneficios de Carlo M. Cipolla permite clasificar a los seres humanos en cuatro tipos de personas, cada uno de los cuales ocupa un cuadrante en un sistema de coordenadas. Si representamos en el eje de abcisas el beneficio, positivo o negativo, que obtiene el individuo y en el eje de ordenadas el beneficio (+) o coste (-) que causa a los demás, podemos definir y estimar las coordenadas de los siguientes tipos:
· Desgraciado (D): aquel que se causa un perjuicio a sí mismo, beneficiando a los demás.
· Inteligente (I): aquel que se beneficia a sí mismo, beneficiando a los demás.
· Bandido (B): aquel que obtiene beneficios para sí mismo, perjudicando a los demás.
· Estúpido (E): aquel que causa pérdidas a otros, perjudicándose a la vez a sí mismo.


Distribución de FrecuenciaLa mayoría de los individuos no actúa consistentemente.
Bajo ciertas circunstancias una persona puede actuar inteligentemente y en otras actuar como desgraciado. La única importante excepción a esta regla es la de las personas estúpidas que normalmente muestran una fuerte tendencia hacia un comportamiento estúpido en cualquier actividad o empresa. Para los demás, podremos calcular su posición en el eje de coordenadas del gráfico 1 como una media de los resultados de sus acciones en términos de costes y beneficios causados sobre sí mismos y sobre los demás. Esta posibilidad nos permite hacer la siguiente digresión:
Consideraremos un "bandido perfecto" aquel que mediante sus acciones obtiene para sí mismo un beneficio igual al coste que origina en los demás. Es el caso del ladrón que roba a otro cien euros sin causarle ningún coste adicional. Esta situación puede ser definida como un "juego de suma cero" en el que el conjunto de la sociedad ni gana ni pierde. El "bandido perfecto" quedaría representado en el eje de coordenadas del gráfico 2 sobre la línea OM que bisecta el cuadrante B.
Sin embargo los "bandidos perfectos" son relativamente escasos. Es más frecuente que haya "bandidos inteligentes" (Bi) que obtienen más beneficios que los costes que causan, o "bandidos estúpidos" (Be), que para obtener algún beneficio causan un coste alto a los demás. Desgraciadamente los bandidos que permanecen por encima de la línea OM son relativamente poco numerosos. Es mucho más frecuente el individuo Be. Ejemplo de este último puede ser el ladrón que destroza los cristales de un coche para robar su radio o el que asesina a alguien para irse con su mujer a pasar un fin de semana en Montecarlo.


El poder de la estupidez.
Los estúpidos son peligrosos y funestos porque a las personas razonables les resulta difícil imaginar y entender un comportamiento estúpido. Una persona inteligente puede entender la lógica de un bandido. Las acciones de un bandido siguen un modelo de racionalidad. El bandido quiere obtener beneficios. Puesto que no es suficientemente inteligente como para imaginar métodos con que obtener beneficios para sí procurando también beneficios a los demás, deberá obtener su beneficio causando pérdidas a su prójimo. Ciertamente, esto no es justo, pero es racional, y siendo racional, puede preverse. En definitiva, las relaciones con un bandido son posibles puesto que sus sucias maniobras y sus deplorables aspiraciones pueden preverse y, en la mayoría de los casos, se puede preparar la oportuna defensa.


Con una persona estúpida todo esto es absolutamente imposible. Tal como está implícito en la Tercera Ley Fundamental, una criatura estúpida nos perseguirá sin razón, sin un plan preciso, en los momentos y lugares más improbables y más impensables. No existe modo racional de prever si, cuando, cómo y por qué, una criatura estúpida llevará a cabo su ataque. Frente a un individuo estúpido, uno está completamente desarmado.


Puesto que las acciones de una persona estúpida no se ajustan a las reglas de la racionalidad, es lógico pensar que tienen todas las de ganar porque:
a.- generalmente el ataque nos coge por sorpresa.
b.- incluso cuando se tiene conocimiento del ataque, no es posible organizar una defensa racional porque el ataque, en sí mismo, carece de cualquier tipo de estructura racional.


El hecho de que la actividad y los movimientos de una criatura estúpida sean absolutamente erráticos e irracionales, no sólo hace problemática la defensa, sino que hace extremadamente difícil cualquier contraataque. Y hay que tener en cuenta también otra circunstancia: la persona inteligente sabe que es inteligente; el bandido es consciente de que es un bandido y el desgraciado incauto está penosamente imbuido del sentido de su propia candidez. Pero al contrario que todos estos personajes, el estúpido no sabe que es estúpido y esto contribuye en gran medida a dar mayor fuerza, incidencia y eficacia a su poder devastador.


Cuarta Ley Fundamental:
Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas.
Los no estúpidos, en especial, olvidan constantemente que en cualquier momento, lugar y circunstancia, tratar y/o asociarse con individuos estúpidos se manifiesta infaliblemente como un costosísimo error.No hay que asombrarse de que las personas desgraciadas e incautas, es decir, las que en los gráficos 1 y 2 se sitúan en el cuadrante D, no reconozcan la peligrosidad de las personas estúpidas. El hecho no representa sino una manifestación más de su falta de previsión. Pero lo que resulta verdaderamente sorprendente es que tampoco las personas inteligentes ni los bandidos consiguen muchas veces reconocer el poder devastador y destructor de la estupidez. Es extremadamente difícil explicar por qué sucede esto. Se puede tan sólo formular la hipótesis de que, a menudo, tanto los inteligentes como los bandidos, cuando son abordados por individuos estúpidos, cometen el error de abandonarse a sentimientos de autocomplacencia y desprecio en lugar de preparar la defensa y segregar inmediatamente cantidades ingentes de adrenalina ante tamaña situación de peligro.


Uno de los errores más comunes es llegar a creer que una persona estúpida sólo se hace daño a sí misma, pero esto no es más que confundir la estupidez por la candidez de los desgraciados.


A veces hasta se puede caer en la tentación de asociarse con un individuo estúpido con el objeto de utilizarlo en provecho propio. Tal maniobra no puede tener más que efectos desastrosos porque:


a) está basada en la total incomprensión de la naturaleza esencial de la estupidez y
b) da a la persona estúpida la oportunidad de desarrollar sus capacidades aún más allá de lo originalmente supuesto. Uno puede hacerse la ilusión de que está manipulando a una persona estúpida y, hasta cierto punto, puede que incluso lo consiga, pero debido al comportamiento errático del estúpido, no se pueden prever todas sus acciones y reacciones y muy pronto uno se verá arruinado y destruido sin remedio.


A lo largo de los siglos, en la vida pública y privada, innumerables personas no han tenido en cuenta la Cuarta Ley Fundamental y esto ha ocasionado pérdidas incalculables.




Macroanálisis y Quinta Ley Fundamental:
La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe.
Las consideraciones finales de la Ley cuarta nos conducen a un análisis de tipo "macro", según el cual, en lugar del bienestar individual, se toma en consideración el bienestar de la sociedad, definido, en este contexto, como la suma algebraica de las condiciones del bienestar individual. Es esencial para efectuar este análisis una completa comprensión de la Quinta Ley Fundamental. No obstante, es preciso añadir que de las cinco leyes fundamentales, la Quinta es, de largo, la más conocida.

El corolario de la ley dice así:
El estúpido es más peligroso que el bandido.
La formulación de la ley y el corolario son aún del tipo "micro". Sin embargo, tal como hemos anunciado anteriormente, la ley y su corolario tienen profundas implicaciones de naturaleza "macro". Si todos los miembros de una sociedad fuesen bandidos perfectos, la sociedad quedaría en una situación estancada pero no se producirían grandes desastres. Todo quedaría reducido a transferencias masivas de riqueza y bienestar. Pero cuando los estúpidos entran en acción las cosas cambian completamente. La personas estúpidas ocasionan pérdidas a otras personas sin obtener ningún beneficio para ellas mismas y, por consiguiente, la sociedad entera se empobrece.
El gráfico 3 muestra un sistema de clasificación simple entre las acciones que causan beneficio o perjuicio a la sociedad como un todo. Toda actividad representable a la derecha de la línea NOM implica una redistribución con beneficio social neto, mientras que las actividades que caen a la izquierda o debajo de dicha línea implican pérdidas sociales netas.
El profesor Carlo M. Cipolla, erudito historiador que ha investigado intensamente la sociedad clásica romana, la sociedad medieval y muchas otras de la antigüedad, está perfectamente cualificado para afirmar, como hace, que el coeficiente σ es una constante histórica. ¿Por qué entonces unas sociedades prosperan y otras entran en decadencia? Depende exclusivamente de la capacidad de los individuos inteligentes para mantener a raya a los estúpidos.
Más aún: en las sociedades en decadencia, el porcentaje de individuos estúpidos sigue siendo igual a σ; sin embargo, en el resto de la población Cipolla observa, sobre todo entre los individuos que están en el poder, una alarmante proliferación de bandidos con un elevado porcentaje de estupidez. Y entre los que no están en el poder, un igualmente alarmante crecimiento del número de los desgraciados incautos. Tal cambio en la composición de la población de los no estúpidos es el que refuerza inevitablemente el poder destructivo de la fracción σ y conduce al país a la ruina.