Hotel Corona, el vivo recuerdo de la tragedia

La tragedia del Hotel Corona de Aragón cumplió ayer 30 años. Supervivientes y familiares de las víctimas se reunieron en Zaragoza para recordar lo ocurrido y rendir homenaje a quienes perecieron en el incendio que se llevó la vida de 78 personas e hirió a otras 114. Durante décadas, víctimas y familiares sufrieron el drama de estar en un limbo jurídico y técnico. A la tragedia se sumaba el misterio sobre qué había provocado aquella monumental antorcha en pleno corazón de Zaragoza, qué y quién estaba detrás de lo sucedido.
Las características del incendio, la celeridad con la que se habían extendido las llamas y los nombres de varios alojados aquel día reforzaron la tesis de que, en realidad, había sido un atentado terrorista. Pero hasta 1990 no se habló oficialmente de ello. Ese año, un informe del Consejo de Estado, basado en estudios del Colegio de Arquitectos, de investigadores del Ejército y de Sanidad, concluyó que había sido un atentado terrorista.
Pero hubo que esperar diez años más para que se reconociera como tal con efectos administrativos. El 23 de junio de 2000, el Ministerio del Interior, por fin, reconoció que había sido un atentado y que quienes lo sufrieron debían ser consideradas víctimas del terrorismo.
Algunos, como el catalán Benet Puig, tuvo que esperar 27 años a cobrar la indemnización. Fue en 2006: 36.000 euros. Su hermano, que también resultó herido, no pudo percibir cantidad alguna porque, después de tantos años, ya no guardaba las pruebas médicas y los documentos que demostraban que ese fatídico 12 de julio de 1979 estuvo alojado en el Hotel Corona de Aragón.
Ellos formaban parte de los habitantes de paso en este emblemático hotel zaragozano en el que, aquel día, también se encontraba la viuda de Franco, Carmen Polo, su hija y su esposo -los marqueses de Villaverde- y dos de sus nietos. Ese fue un dato que, de inmediato, llevó a pensar que el incendio había sido provocado con el objetivo de acabar con la vida de Carmen Polo y quienes la acompañaban.
Luego, los informes técnicos concluyeron que el fuego había sido provocado y que se usaron sustancias para acelerar la propagación de las llamas. Pero quedaron preguntas por responder, que han mantenido vivo el misterio y la sensación de que algo sigue pendiente con las víctimas y con su memoria.
«Impresa en el alma»
Es la sensación compartida de quienes ayer se congregaron para rendir homenaje: 30 años son incapaces de borrar un recuerdo grabado a sangre y fuego. Fue una tragedia que ha quedado «impresa en el alma» de quienes la sufrieron, afirmaba ayer Juan Domínguez, de 85 años. Resultó herido muy grave tras saltar desde la habitación que ocupaba en la sexta planta del hotel. Su cuerpo se dejó caer en busca de una de las lonas de los bomberos que, en la calle, trataban de salvar vidas mientras otros compañeros se jugaban las suyas escalando hacia los balcones.
Ayer, Juan Domínguez estaba entre los que acudieron a Zaragoza para mantener vivo el recuerdo del atentado. Como Eva Martínez, que tenía 5 años cuando perdió a su padre en esa tremenda pira en que se convirtió el Corona de Aragón. Eva se lamentaba ayer de las décadas que han tenido que aguantar el recuerdo de esa tragedia «sin reconocimiento y sin memoria», hasta que han logrado que se certificara oficialmente que aquello fue un atentado terrorista, conclusión avalada también por una sentencia del Tribunal Supremo.
Cambiar la ley aragonesa
El presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Antonio García Casquero, lamentó que la Ley Aragonesa de Víctimas del Terrorismo reconozca derechos desde 1982, lo que deja fuera a quienes sufrieron el atentado del Hotel Corona. En este sentido, representantes del PP que participaron en el homenaje de ayer se comprometieron a promover iniciativas ante las Cortes de Aragón para que esa ley regional surta efectos con carácter retroactivo desde 1968, año del primer atentado de ETA.

Llega, ya llega (Victoria Prego en El Mundo)

13.07.2009

En plena agitación de examen y cálculo sobre el modelo de financiación y su traducción en millones de euros para cada comunidad autónoma, el otro gran asunto que aún colea en este final de curso podría estar a punto de despejarse definitivamente. Hoy se reúnen en sesión plenaria los magistrados del Tribunal Constitucional para examinar la tercera, y esperemos que última, propuesta de sentencia -ya muy adelgazada en páginas porque se le ha quitado la mayoría de las citas de jurisprudencia- sobre la totalidad del Estatut, y hay que esperar que a partir de hoy se despeje la gran incógnita pendiente: cuándo se le va a dar por fin matarile al calvario jurídico y político en que se ha convertido esta sentencia de nunca acabar.
Lo que es seguro es que el esperadísimo fallo del TC no va a estar listo para cuando el presidente del Gobierno comparezca ante el Congreso, en torno al día 20 de julio. Por una cuestión estética más que nada: sería una chirigota que el Alto Tribunal hubiera estado esperando a que el Gobierno cerrara la negociación sobre financiación autonómica para presentarse inmediatamente después con la sentencia en bandeja como ofrenda a Zapatero. Eso no va a pasar, pero lo que sí es muy probable es que antes de que acabe julio sus señorías hayan por fin alcanzado un pacto.
La médula de las deliberaciones ha seguido invariable en su espíritu, de modo que se mantiene la información de que la sentencia va a dejar el Estatut en algo parecido al agua de borrajas porque, aunque en el fallo va a haber pocos preceptos declarados abiertamente inconstitucionales, habrá una enormidad de artículos que, a su paso por los fundamentos jurídicos, van a perder su virulencia.
En muchos casos -los más- y para no tener que declarar inconstitucionales un montón de preceptos, se va a hacer decir al Estatut lo que no dice o, al menos, lo que no quería decir, y se va a interpretar que el artículo equis dice algo que en realidad no se desprende de la letra del precepto ni tampoco se podría inferir de la voluntad expresada infinidad de veces por los redactores del Estatuto dentro y fuera del Parlament o de las Cortes Generales.
En otro puñado de casos, el artículo se va a convertir en inocuo porque a su redacción se le va a añadir la afirmación de que «este precepto no obliga al Estado»; con lo cual, ponga éste lo que ponga, resultará irrelevante.
Y en un tercer grupo de artículos se va a afirmar que el precepto es constitucional «siempre que se salven las competencias del Estado». Ésta es la repetición del famosísimo recurso en el que se refugiaron en 1979 los negociadores gubernamentales de los primeros estatutos vasco y catalán, que literalmente trufaron sus respectivos articulados con la coletilla «sin perjuicio de». Sin perjuicio de las competencias del Estado. Tres humildes palabritas que lograron, ellas solas, levantar una sólida empalizada de protección de la acción estatal en la gobernación de España. El Constitucional va a repetir ahora la fórmula.
Si las posiciones de los magistrados no dan mañana en el Pleno un vuelco inesperado, esto es lo que va a suceder con todas y cada una de las materias importantes del Estatut, porque éstos son los criterios que en esta tercera propuesta de sentencia - que en eso no varía en nada respecto de la anterior- se van a aplicar sistemáticamente a su articulado.
Pero hay excepciones. Hay casos en que el precepto ha salido tan tozudo y tan imposible de interpretar o de retorcer que sus señorías no han tenido más salida que llevarlo al fallo y declararlo directamente inconstitucional.
Van al fallo, por ejemplo, los artículos 90 y 91 sobre las veguerías, que hacían desaparecer las provincias y privaban de competencias a las diputaciones. La explicación del intento de cambiar provincias por veguerías es que la regulación de los recursos asignados a las provincias y sus entes locales corresponde al Estado en exclusiva.
Si las provincias desaparecieran en Cataluña, desaparecería también el control organizativo y presupuestario del Estado sobre todo el territorio catalán, que pasaría a estar bajo el control de la Generalitat. Eso es lo que quería el Estatut, y eso precisamente va a ser declarado inconstitucional sin paliativos.
Va también al fallo la creación del Consejo del Poder Judicial de Cataluña con las competencias que el Estatuto le otorga y, en general, todo el capítulo relativo a la Justicia.
Va al fallo, por inconstitucional, la pretensión de que el Parlament establezca los tributos locales, algo que corresponde al Estado.
En materia de financiación hay, sin embargo, muy pocas cosas más que se declaran inconstitucionales. Habrá que ver cómo interpreta el tribunal esa parte del Estatuto.
Nada de lo relativo a la lengua va al fallo. No iba en el segundo borrador y tampoco va en el tercero. También en este caso habrá que leer atentamente los fundamentos jurídicos para ver si el Constitucional hace, o no, una traducción del articulado que lo prive parcialmente de su fuerza.
El truco que esconde esta sentencia es evidente: consiste en decir sí en apariencia a lo que está diciendo no en realidad. De modo que tiene algo de timo, un timo que, sin embargo, podría permitir a los políticos catalanes vender como un éxito lo que previsiblemente acabe siendo todo un varapalo.
La sentencia tiene otra pega, y es que va a crear un campo inmenso de inseguridad jurídica. Las sentencias están para resolver conflictos, pero ésta va a multiplicarlos porque no deja las cosas claras. Como no expulsa ningún artículo del ordenamiento jurídico, sino que los deja todos dentro, permitirá que el Estatut se siga aplicando entero, lo cual va a generar recursos a go-gó. Seguro.
Por lo que se refiere a la posición de los 10 magistrados que han de emitir su voto -nueve más la presidenta-, algunos de los más renuentes asumen ya que, interpretado de esta manera, el Estatut deja de representar un peligro para el Estado, así que no se oponen. Por eso la relación de votos está a punto de llegar al 6-4 a favor de la sentencia tal y como está en la última propuesta. Y, apurando las cosas, incluso podría alcanzar el 7-3. Pero si ahora se produjera un vuelco que nadie quiere y se retrocediera hasta el empate del 5-5 -una proporción que convertiría la sentencia en un escándalo-, la presidenta del Constitucional prolongaría los debates hasta más allá de agosto para evitar que fuera su voto de calidad el que decidiera el fallo. Y tendría razón, porque no sería de recibo que, después de tres largos años, un asunto de esta envergadura acabara sustanciándose por los pelos.
María Emilia Casas ha invitado a todos los magistrados el día 29 a una copa de fin de curso. ¿Será verdad que sus señorías se van a ir de vacaciones con los deberes terminados? Cuando acabe el Pleno de hoy podremos aventurar fechas.
victoria.prego@elmundo.es

Curas asesinados

Vicenta Sagarna Uriarte se emociona sólo con recordar a su hermano: "He llorado todos los días desde que fue asesinado". José Sagarna no llevaba ni un año en la parroquia cuando fue asesinado por las tropas franquistas. Tenía entonces 24 años. Así lo rememora su hermana, que reconoce que la misa estuvo "muy bien", porque los obispos "han reconocido sus errores".
A esta familia, ligada por varios de sus miembros a la institución eclesiástica, sólo le queda ver cumplido un deseo: "Pedimos que coloquen una placa en la casa que nació, en Zeanuri [Vizcaya], que es donde seguimos viviendo".
En la celebración de ayer no faltaron tampoco los amigos de Gerbasio Albizu. La hija de la familia con la que este sacerdote vivió antes de su ejecución recuerda que, cariñosamente, le llamaban Asio. La misa fue un momento duro, porque le volvieron los recuerdos de su juventud a la memoria y se puso "triste". No obstante, se siente satisfecha y agradecida por la "buena acogida" que ha tenido esta recuperación de la memoria entre la ciudadanía.
El origen de sus desgracias se enmarca en el periodo de tiempo comprendido entre julio de 1936 y junio de 1937, cuando más de 60 sacerdotes y religiosos fueron ejecutados en la Diócesis de Vitoria, en los territorios controlados por uno y otro bando. Una parte de ellos, concretamente 14 presbíteros 12 sacerdotes diocesanos de Vitoria, un misionero claretiano y un carmelita descalzo fueron ejecutados por quienes luego vencieron en la contienda. Además de no contar en su día con una celebración pública de exequias, se extendió sobre ellos un silencio de 73 años de duración.
Relegados al olvido
Así, junto a Jose Sagarna Uriarte y Gerbasio Albizu Bidaur, quedaron relegados al olvido Jose Adarraga Larburu, Jose Ariztimuño Olaso, Martin Lekuona Etxabeguren, Alejandro Mendikute Lizeaga, Jose Otano Migelez C.M.F. (claretiano), Jose Joakin Arin Oiartzabal, Leonardo Guridi Arrazola, Jose Markiegi Olazabal, Jose Ignazio Peñagarikano Solozabal, Zelestino Onaindia Zuloaga, Jose Iturrikastillo Aranzabal y Roman de San Jose Urtiaga Elezburu O.C.D. (carmelita).
El único eclesiástico que logró escapar de las armas franquistas fue el obispo de Vitoria, Mateo Múgica, pese a condenar en su diócesis los abusos del bando sublevado contra clérigos y creyentes. Finalmente fue condenado al ostracismo hasta su muerte.
Pero la Iglesia fue la única que decidió correr un tupido velo sobre ellos, porque sus amigos y familiares no dejaron de pensar en ellos un solo día, tal y como demostraron ayer en la misa que por fin les dio un funeral.

El summitcrasher

JOSÉ MARÍA CARRASCAL Domingo, 12-07-09
¿HAN visto ustedes la cara de felicidad de Zapatero al dar la mano a Obama? Talmente la de un niño cuando su futbolista preferido le firma un autógrafo. Los pies de Aznar sobre la mesa del rancho de Bush no son nada comparado con el mendigar de Zapatero la entrada en las grandes reuniones internacionales. Al menos Aznar no pedía, exigía, y en Niza consiguió para España un estándar nunca alcanzado, que puede ya nunca alcanzaremos. Mientras lo de Zapatero es patético. Cuánto nos costó la silla que le cedió Sarkozy en la cumbre del G-20 en Washington nunca lo sabremos, pero seguro no fue poco, pues los franceses se venden caro. Sabemos, en cambio, lo que le ha costado colarse en la última reunión del mismo club, una vez finalizadas sus sesiones principales: de 30 a 40 millones de euros, que constará reconstruir la fortaleza de L´Aquila, como ha prometido a Belusconi, con aires de gran señor. En el mismo tono, habló de la lucha contra el hambre en el mundo, olvidándose de los 800.000 españoles que se han acercado últimamente a los comedores de Cáritas. Aunque lo más importante para él era coordinar con los canadienses su participación en la cumbre del G-8 a celebrar en aquel país en junio del año que viene. No irá como representante español, sino como presidente de la UE, que nos toca. Pero el caso es asistir. Dentro de poco, le llamarán el «summitcrasher», el que se cuela en las cumbres, como esas señoras que se cuelan en las recepciones para ponerse moradas de canapés. La única diferencia es que Zapatero lleva una fuente de canapés para el anfitrión y los invitados. Que pagamos usted y yo.
Siendo todo esto bochornoso, lo verdaderamente grave es que ocurre cuando en España la crisis económica continúa presentando su cara más torva, al no encarar las medidas tomadas por el gobierno los problemas de fondo. El ministro de Trabajo ha dejado para el otoño un pacto laboral, ya que sindicatos y empresarios no se ponen de acuerdo. La ministra de Hacienda tiene el próximo día 15 una cita con la financiación autonómica aún no cerrada, con muchas posibilidades de cerrarse en falso, y el FMI empeora las previsiones económicas para España, mientras las mejora para el mundo. Ante tal panorama, nuestro presidente ha hecho lo previsible en él: marcharse a L´Aquila a hablar del hambre en el mundo, y allá se las arreglen la Salgado y el Corbacho con las Autonomías, la patronal y los sindicatos.
De niños, todos hemos sentido esas ansias de escapar al no saber cómo salir del lío en que nos hemos metido. Es también la actitud de los gobernantes pusilánimes desbordados por los acontecimientos: buscar refugio en el exterior. Aunque una vez allí, lo único que sepan hacer sea sonreír de oreja a oreja, al no hablar otro idioma que el suyo. Suerte de sus interlocutores.

La impiedad de Sócrates fue su condena

La impiedad de Sócrates fue su condena
Un historiador británico sostiene que la sentencia a muerte del filósofo griego en el 399 a.C. fue un ejemplo de justicia y democracia
El juicio y condena a muerte del filósofo griego Sócrates (470 a.C.-399 a. C.) aún se enseña en algunas facultades de Derecho e Historia como el gran ejemplo de un uso retorcido de la justicia. Desde Platón, que fue su alumno, hasta la actualidad, el juicio al padre de la civilización occidental fue considerado poco menos que una farsa perpetrada por los señores poderosos de Atenas, que usaron los bajos instintos del pueblo para acabar con un crítico del status quo. Sin embargo, Paul Cartledge, historiador y profesor de la Universidad de Cambridge, defiende en un nuevo libro que el proceso al filósofo fue todo un ejemplo de justicia y democracia a la ateniense.
Sócrates fue acusado por el ciudadano Meleto de un doble crimen y sentenciado por un jurado formado por 501 hombres. En su declaración, este personaje denunció que el filósofo había violado la ley al no cumplir sus obligaciones religiosas con el panteón ateniense y por introducir nuevas divinidades. Además, definió al pensador como un corruptor de la moral de la juventud. Por todo ello, Meleto pidió la pena de muerte para Sócrates.
Meleto acusó a Sócrates porque corrompía la moral de la juventud
Desde la Apología de Platón, en la que el discípulo defiende a su maestro, la historia ha ninguneado la importancia del delito de impiedad y ha destacado el de corrupción en la condena de Sócrates. Este había sido tutor de algunos antidemócratas, como el traidor Alcibíades o Critias, y era ya considerado como muchos un sofista, es decir, un charlatán peligroso. El cargo de irreligiosidad es, para la mayoría de los historiadores, un instrumento para conseguir la condena.
Una democracia religiosa
El profesor Cartledge acaba de publicar Ancients Greek Political Thought in Practice (algo así como El pensamiento político de los antiguos griegos llevado a la práctica), editado por Cambridge University Press, en el que defiende la literalidad del caso. Cartledge afirma que fue el desprecio de Sócrates a la religión el que le llevó a su condena y que el otro cargo que se le imputaba, la acusación política, sólo sirvió para convencer a los indecisos.
Un jurado popular y el miedo religioso fueron la clavedel proceso judicial
El historiador británico se apoya en dos elementos para defender la justicia del juicio a Sócrates. Por un lado, asegura que "la ateniense era una democracia (la única existente entonces entre las grandes polis griegas) muy diferente a la actual". Todo se discutía y los ciudadanos al menos los bien situados eran participantes activos no sólo en la acción política sino que también tomaban parte en la administración de justicia. No había fiscales y la acusación era iniciada por cualquier ciudadano. La pena se decidía por votación.
El segundo elemento, despreciado por los historiadores, es la acusación de impiedad. Como escribe Cartledge en su libro, "la ciudad griega es una entidad viva colocada bajo la protección segura de los dioses, que no la abandonarán mientras ella no les dé de lado". Cuando Meleto acusa a Sócrates de descuidar sus obligaciones religiosas y de corromper a la juventud, está señalando a un personaje muy conocido que está repudiando a los dioses y que pretende traer a la ciudad nuevas y desconocidas divinidades.
El jurado, sin piedad
Para Cartledge, Atenas era una comunidad mediterránea cerrada que veía en cada novedad una amenaza al orden establecido. Fue esta combinación entre participación democrática y miedo religioso la clave del proceso judicial. Sócrates, en definitiva, sufrió la desconfianza de sus contemporáneos, a los que les disgustaba su actitud hacia Atenas y la religión establecida.
Por su parte, Sócrates usó en su defensa su técnica preferida: responder con preguntas a las inquisitorias de Meleto. Sin embargo, la mayéutica que usaba con sus discípulos no le valió en su propio juicio. De los 501 miembros del jurado, 280 le condenaron. Sólo quedaba decidir la pena y Meleto insistió en su ejecución.
En su turno de contrarréplica, Sócrates volvió a actuar con desdén. Pudo solicitar el destierro o el pago de una buena multa, pero insistió en que se le impusiera un pago ridículo, argumentando que un hombre como él, dotado de una misión filosófica, apenas tenía valor para el Estado.
Su discurso enfadó al jurado y, al final, unos 320 ciudadanos votaron por la pena máxima. Sócrates se dio muerte días después, tomando un brebaje a base de cicuta. Para el historiador, "con la condena y muerte del filósofo la democracia de los atenienses se vio limpiada y reafirmada".

11-M: la verdad pasa por saber lo que estalló

Inexplicable la rápida destrucción de las pruebas en un hecho tan grave.

07.07.2009
LA INICIATIVA de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M de querellarse contra el comisario Sánchez Manzano cosechó ayer diversas reacciones. El sindicato policial SUP se manifestó a favor de «saber la verdad cuanto antes» ya que, según su portavoz, «no puede quedar ninguna duda de lo que sucedió». El SUP, sin embargo, no está de acuerdo en la querella contra Sánchez Manzano, al que considera «el eslabón más débil de la cadena». Por su parte, Pilar Manjón se mostró abiertamente en contra de la querella, subrayando que cree en «su buena fe». La fe de cada uno es subjetiva, pero la querella no se basa en lo que creyera el comisario Manzano sino en sus incomprensibles decisiones y en sus falsos testimonios. Su actuación fue clave para que no hubiera un análisis científico fiable de los explosivos, desafiando el sentido común y los protocolos policiales. Eso es lo que debería explicar ante el juez.

Memoria Histórica... incorrecta.

Alfonso Guerra compara las reformas estatutarias en España con la disolución de la antigua URSS.
Aboga por recuperar la 'moderación'.
Lunes 03/04/2006 20:56 (CET) .-EFE

SEVILLA.- El presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra, ha calificado de "inquietante" la actual "desviación territorial" en detrimento de los planteamientos ideológicos, y advirtió de que una cosa parecida ocurrió en el momento de la disolución de la antigua Unión Soviética.
En una entrevista con la Agencia EFE, Guerra se refirió de esta forma al proceso de reformas estatutarias y dijo que "salvando todas las distancias, algo parecido ocurrió en el momento de la disolución de la URSS, en el que los dirigentes comunistas, viendo que aquello se disolvía, se envolvieron en las banderas nacionalistas de las repúblicas en que vivirían para seguir manteniendo el poder. Algo de eso, aunque más sutilmente, está sucediendo en España", señaló.
A su juicio, hay que tener un proyecto y, sobre esas ideas, construir una acción política, pero lo que se está produciendo es una desviación de las posiciones ideológicas hacia las territoriales, de forma que cuando un partido político de la derecha o la izquierda plantea una propuesta que cree que beneficia a su comunidad, da "igual" si ésta es conservadora o progresista, "todos se suman, nadie quiere quedar atrás".
Subrayó que el inicio de la "fiebre reformadora" procede de la última etapa del gobierno del PP, cuando el ex presidente José María Aznar "considera que una especie de cruzada antinacionalista le va a dar réditos y crea una especie de demonización de los partidos nacionalistas, lo que les induce a éstos a ir más allá de lo que habían pensado nunca".
"Los que tuvieron un Estatuto antes de la Guerra Civil consideran que representan un paso más que los que no lo tuvieron y, cuando los otros se igualan, ellos piden un escalón más, con lo que es una escalera que no tiene fin", advirtió Guerra, que opinó que todos "deberían poner fin" a esta escalada "excesiva".
Consideró, además, "curioso" que en un Estado de las Autonomías algunos pretendan que los estatutos se hagan "con una fotocopiadora, que es lo contrario de la autonomía", lo que le llevó a afirmar que "hay una especie de contaminación nacionalista".
"Que en Andalucía se defienda el término 'nación' es que se han vuelto literalmente locos porque el 99% de los ciudadanos dicen que eso es una tontería", indicó Guerra como ejemplo de lo que está ocurriendo y que achacó a la pretensión de "buscar un hueco político" en el actual proceso.
Puso también como ejemplo de la desviación territorial en detrimento de las ideas el hecho de que la derecha y la izquierda nacionalista coincidieran en la defensa, en el proyecto inicial del Estatuto catalán, de una financiación que suponía el "vaciamiento del Estado" y que introducía elementos "muy peligrosos" como el esfuerzo fiscal, un concepto "muy conservador e inventado porque el esfuerzo es el mismo para todos los españoles, vivan donde vivan".
Otro de los problemas de las reformas estatutarias se deriva, en su opinión, de la utilización del artículo 150.2 de la Constitución como instrumento para conseguir nuevas competencias, ya que con él el proceso constituyente "queda siempre abierto".
Guerra recordó que en su momento se opuso a dicho artículo, por el que el Estado puede delegar o transferir competencias mediante una ley orgánica, que considera un "error grave" porque permite que la Constitución se pueda modificar "sin pasar por el mecanismo establecido" por la propia Carta Magna para su reforma.
"Eso impide pensar en un cierre del reparto del poder político, económico y administrativo porque siempre queda el 150.2", insistió.
Convencido de la necesidad de recuperar la "moderación" en el proceso de reformas estatutarias, Guerra se congratuló, no obstante, del resultado final del Estatuto catalán, aunque reconoció que el consenso logrado es "limitado".
Como presidente de la Comisión Constitucional su principal preocupación era que todos aquellos aspectos del Estatuto catalán que tuvieran "visos de inconstitucionalidad" fueran suprimidos o modificados, un objetivo en el que "hemos tenido éxito", aunque en el otro reto de que hubiese un acuerdo entre los dos grandes partidos "no ha habido ningún éxito", reconoció.

Recalcó que el nuevo Estatuto catalán supone un "salto cualitativo" respecto al vigente, aunque si se compara con la propuesta salida del Parlamento autónomo "las diferencias son abrumadoras", pese a que "en la propaganda que hacen unos y otros carguen las tintas sobre lo que creen que hay que cargarlas".

Así, recordó que se ha modificado el preámbulo del Estatuto, además de 144 artículos, 18 disposiciones adicionales, una transitoria y tres finales, es decir, que es "otro Estatuto, se ha transformado tanto que es bastante irreconocible", pese a que "al inicio se jactaron de que no se cambiaría ni una coma".

Subrayó que "no es verdad" que el texto aprobado por el Congreso avale que Cataluña es una nación, ya que lo que recoge es que "el Parlamento catalán dijo que es una nación".

Por ello, consideró que la preocupación no se deriva de lo finalmente aprobado, sino de las "falsedades que se digan en la campaña del referéndum para conseguir votos".

Nucleares, ¿por qué no?.

Zapatero es un superviviente dispuesto a cualquier cosa por mantenerse en el poder. Es un tipo sin escrúpulos. Y, por desgracia, el asunto de las nucleares da para hacer ideología y engaño más que ningún otro tema de nuestra época. Si la discusión científica es larga y complicada, el uso ideológico que puede hacerse sobre la viabilidad de esta energía es materia principal de políticos populistas como Zapatero. La carencia casi absoluta de Ilustración, es decir, de conocimientos claros y distintos de la mayoría de la población sobre el presente y el futuro de la energía nuclear, convierte a Zapatero en un gran chamán que, independientemente de lo haga y decida sobre Garoña u otras centrales nucleares, no le pasará factura electoral o, al menos, no tanta como sospecha el PP.
Por eso, sencillamente, ha dicho que Garoña se cerrará en 2013. Desprecia el informe de los expertos y marca su territorio más allá de lo que le corresponde a un gobierno sensato. El saber sobre las nucleares no existe sino pasa por lo que dice el poder, o sea, el presidente del Gobierno. A la ciencia, al Comité de Energía Nuclear, le ha dejado claro que no es nada sin su consentimiento. Por otro lado, a los trabajadores también les ha mandado un recadito: les permite un poquito de vida hasta el 2013, pero siempre recordándoles que el futuro no depende de ellos sino del jefe supremo, Zapatero.
Ninguna razón ha dado el Gobierno sobre su decisión de cerrar la central nuclear de Garoña en 2013. Todo lo que ha dicho el ministro de Industria puede clasificarse en el ámbito de la mera irracionalidad. ¿Por qué se cerrará en 2013 y no, por ejemplo, en 2014, esta central nuclear? Nadie sabe la razón. El Gobierno sólo balbucea ideología. Son obvios los motivos electorales del Ejecutivo para cerrar en 2013. Trata de contentar a unos y otros y, sobre todo, dejar fuera de juego al PP, que no consigue abrir un verdadero debate sobre los cambios y las posibilidades de esta energía.
El asunto es complejo, pero por algún lugar podría empezarse, por ejemplo, por qué no se empieza el PP por informar que, hoy por hoy, el asunto de los residuos radiactivos, que tanto preocupan a los antinucleares, está casi resuelto. Así, al menos, lo ve un especialista de la talla de Lozano Leyva:
Las centrales nucleares son de los pocos complejos industriales cuyos residuos no sólo no contaminan el ambiente, sino que se pueden mantener concentrados y localizados. La vitrificación y el resto de técnicas de tratamiento y encapsulado de los residuos hacen prácticamente imposible la liberación de los elementos radiactivos y la posterior contaminación. Por otro lado, es realista pensar que en un futuro no muy lejano, incluso próximo, se puedan incinerar nuclearmente estos residuos disminuyendo drásticamente su vida media y sus niveles de radiotoxicidad. (Agapito Maestre)