De Blanca Torquemada (el 28/05/2008): El trasvase que no se llama trasvase y que quizá finalmente no sea trasvasado, porque ahora llueve a manta de Dios, pone en evidencia que Zapatero carece por completo de un proyecto nacional consistente.
En esto, como en todo lo demás, (ahora Patxi López le monta "ad hoc" una "contraconsulta" chapucerilla de tres al cuarto como réplica a Ibarretxe), el jefe del Gobierno se mueve a golpe de coyuntura saliendo al paso a trompicones de los más graves desafíos planteados, en un funambulismo de alto riesgo. Es una auténtica vergüenza que un bien estratégico de primer orden como es el agua no sea competencia exclusiva del Estado, por culpa de una conjunción de factores (ay, ese artículo 150.2 de la Constitución que permite transferir materias que jamás deberían quedar en manos del ombliguismo autonómico) y por las alegrías de un Ejecutivo "cortoplacista" que ha alentado un desmadre estatutario donde han cabido ( qué bochorno) las pretensiones de blindaje de los ríos. En ocasiones, como en Andalucía, con la anuencia del Partido Popular. Las aguas bajan turbias y emponzoñadas, porque nadie está libre de culpa y cada cual ha obrado según cálculos políticos: a unos (el PP) les compensó las sangría de votos en Aragón para recrecerse en sus feudos de Valencia y Murcia y a los otros, los socialistas, la cruzada de "defensa del Ebro" les ha servido para hacerse fuertes en plazas que antes de esta "guerra" no eran suyas, como el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero lo del PSOE es de traca: la misma dirigente (Cristina Narbona) que, siendo secretaria de Estado con Borrell llegó a presentar un completo programa de trasvases (¡¡entre todas las cuencas!!), se erigió luego, ya como ministra, como la detractora máxima de esas obras de infraestructura por "insostenibles". Y ahora Espinosa mantiene esa línea oportunista, inconsecuente y miope de la apuesta por las desaladoras, altamente contaminantes, que son un escupitajo al acuerdo de Kioto y una amenaza para el ya muy degradado litoral Mediterráneo. La gestión de los recursos hídricos debería ser no sólo competencia exclusiva del Gobierno central, sino objeto de un pacto de Estado, como la política antiterrorista, la educación, la inmigración y la política exterior, por encima del coro de grillos autonómico. Con el agua no se "dialoga". Simplemente, hay que administrarla de acuerdo con el interés general, antes de que se desborde, como en el Ebro.
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