Efectivamente, como ya dijo Zapatero, el concepto de Nación es "discutido" y "discutible". ¡Por algo será!.
Estuve en Barcelona desde 1977 a 1980. Recuerdo con agrado ese tiempo. Como profesor de Historia de la Filosofía en el COU nocturno de I.N.B. Pompeu i Fabra de Martorell (así se llamaban: Instituto Nacional del Bachillerato) tuve contacto con muchos "inmigrantes" peninsulares ("charnegos" como yo) que trabajaban de 8 a 10 horas en los Telares, en las cadenas de montaje de la SEAT o en la Solvay de productos Químicos.
Junto a ellos gentes naturales de Cataluña (de Sant Sadurní y de muchos otros lugares). La convivencia entre todos era estupenda.
Un día un alumno militante de Convergencia, y con el que hice bastante amistad, me comentaba que el día anterior había asistido a una cena de jóvenes convergentes a la que asistió Jordi Pujol. Les había dicho: "nosotros no, pero nuestros nietos serán independientes". En aquel momento no entendía una consigna que Pujol repetía hasta la saciedad, siempre y en todos los sitios: ¡"Hay que catalinizar Cataluña"!.
Ahora la voy entendiendo
Después se declaró en el Instituto Pompeu i Fabra, un centro en el que apenas había gente que sabía hablar catalán, este idioma como único oficial (comunicaciones con el centro, con los alumnos, las clases en catalán). Se daba la paradoja de que Ramón Tibau Gironés (Secretario del Centro, de los que estuvo en la "Capuchinada" y uno de los promotores de la exclusividad del catalán) escribía primero en castellano y luego lo traducía a un "mal catalán"; sus escritos se los devolvía otro profesor de Química (no catalán, pero gran conocedor de la lengua catalana) después de haber corregido los errores y sugiriendo que no destrozasen el Catalán.
Han pasado los años y algunos titulares de la prensa de hoy "El Tripartito (Partido Socialista de Cataluña, Izquierda Unida de Cataluña-Verdes, Ezquerra Republicana de Cataluña) y CiU exigen trato de Estado si el Tribunal Constitucional les acepta como nación".
"Los nacionalistas plantarán cara al Gobierno de Zapatero si el Tribunal diluye la relación de tú a tú con Cataluña." "Las especulaciones sobre la validez legal del Estatut ponen en pie de guerra a los padres del texto catalán".
La primera batalla de la guerra del Estatut concluyó con su aprobación en referéndum hace casi dos años. La segunda se dirime en estos momentos en el Tribunal Constitucional (TC), que está avanzando en sus deliberaciones sobre la legalidad del texto catalán, pesan en él siete recursos de inconstitucionalidad.
"Los nacionalistas plantarán cara al Gobierno de Zapatero si el Tribunal diluye la relación de tú a tú con Cataluña." "Las especulaciones sobre la validez legal del Estatut ponen en pie de guerra a los padres del texto catalán".
La primera batalla de la guerra del Estatut concluyó con su aprobación en referéndum hace casi dos años. La segunda se dirime en estos momentos en el Tribunal Constitucional (TC), que está avanzando en sus deliberaciones sobre la legalidad del texto catalán, pesan en él siete recursos de inconstitucionalidad.
Los trabajos del Alto Tribunal han puesto en alerta a los promotores del Estatut, que vieron con preocupación algunas informaciones periodísticas según las cuales la sentencia podría avalar la definición de Cataluña como nación, pero no su relación bilateral con el Gobierno de España.
El diario barcelonés «La Vanguardia» avanza que el TC podría dar por bueno el preámbulo del Estatut, el cual consagra la nación catalana. Según esta versión periodística, el Alto Tribunal podría dejar intacto este capítulo al interpretar que esta definición no tiene efectos jurídicos, es decir, que no da pie a quebrar el Estado de las Autonomías.
Sin embargo, el TC sí que invalidaría las relaciones de bilateralidad entre el gobierno de Cataluña y el de España que contempla el texto catalán.
Prudencia, avisos y festejos
No se puede todavía conocer con precisión el sentido de la sentencia en una fase de deliberación. En todo caso, los indicios que se manejan van en sentido contrario, ya que una mayoría de los magistrados podría interpretar como inconstitucional la nación catalana.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, del PSC, considera una «magnífica noticia» que el Alto Tribunal convalide la definición de Cataluña aprobada por el Parlamento catalán.
Artur Mas, por parte de CiU, se mostró contrariado porque, en su opinión, «no tendría sentido que se reconociera a Cataluña como nación y que una nación no pudiera hablar de tú a tú con el Estado al cual, teórica y prácticamente, pertenece».
Deliberaciones «secretas»
Desde el Gobierno de la Generalitat se evitó entrar en valoraciones porque las informaciones aparecidas no tienen la categoría de hechos consumados. En este sentido, el consejero de Economía, Antoni Castells (PSC), no se prestó a comentar «especulaciones» porque las deliberaciones del TC son «secretas». Fuentes de la presidencia de la Generalitat mantuvieron una actitud similar a la mostrada por Castells.
Más preocupado se mostró el portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Joan Ridao, que advirtió del «paso atrás» que supondría la eliminación de los mecanismos de bilateralidad que explicita el Estatut. Ridao expresó su temor por una regresión a «los inicios del Estado autonómico».
Por parte del PP catalán, su presidente, Daniel Sirera, pidió «sacar» del Estatut el término nación en caso de confirmarse que no tiene efectos jurídicos. «Lo que sería más claro para todos, teniendo en cuenta que el TC dice o dirá que Cataluña no puede ser considerada en términos jurídicos como nación, es que esta definición no aparezca en el Estatut», reclamó. Pidió, además, al Alto Tribunal que no trate de «salvar la cara» al tripartito.
En el mismo sentido se expresó Ciudadanos. Su portavoz en el Parlamento, José Domingo, pidió al TC que no avale el preámbulo del Estatut que afirma que Cataluña es una nación, y aseguró que «no es posible» una relación de bilateralidad entre esta comunidad autónoma y el Estado
Al respecto, con el título "Un preámbulo para la «nación» catalana", Carlos Vidal (Profesor titular de Derecho Contitucional de la UNED) expresa:
"Cuesta creer que el Tribunal Constitucional admita la alusión a Cataluña como nación o «realidad nacional» vinculándola a su inclusión en el preámbulo y a su hipotética falta de eficacia jurídica. Supondría contradecir las opiniones más autorizadas y la propia jurisprudencia del TC, que utiliza con profusión los preámbulos de leyes, decretos, estatutos, directivas comunitarias y, por supuesto, el de la Constitución, para construir sus argumentaciones. Desde la temprana Sentencia 64/1982 hasta varias del año 2005 puede constatarse el valor jurídico que a los preámbulos se da por parte del TC.
Los preámbulos constitucionales y estatutarios delimitan el marco de convivencia de una sociedad democrática, sintetizan sus valores, la base sobre la que luego se va a construir todo el articulado.
Prudencia, avisos y festejos
No se puede todavía conocer con precisión el sentido de la sentencia en una fase de deliberación. En todo caso, los indicios que se manejan van en sentido contrario, ya que una mayoría de los magistrados podría interpretar como inconstitucional la nación catalana.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, del PSC, considera una «magnífica noticia» que el Alto Tribunal convalide la definición de Cataluña aprobada por el Parlamento catalán.
Artur Mas, por parte de CiU, se mostró contrariado porque, en su opinión, «no tendría sentido que se reconociera a Cataluña como nación y que una nación no pudiera hablar de tú a tú con el Estado al cual, teórica y prácticamente, pertenece».
Deliberaciones «secretas»
Desde el Gobierno de la Generalitat se evitó entrar en valoraciones porque las informaciones aparecidas no tienen la categoría de hechos consumados. En este sentido, el consejero de Economía, Antoni Castells (PSC), no se prestó a comentar «especulaciones» porque las deliberaciones del TC son «secretas». Fuentes de la presidencia de la Generalitat mantuvieron una actitud similar a la mostrada por Castells.
Más preocupado se mostró el portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Joan Ridao, que advirtió del «paso atrás» que supondría la eliminación de los mecanismos de bilateralidad que explicita el Estatut. Ridao expresó su temor por una regresión a «los inicios del Estado autonómico».
Por parte del PP catalán, su presidente, Daniel Sirera, pidió «sacar» del Estatut el término nación en caso de confirmarse que no tiene efectos jurídicos. «Lo que sería más claro para todos, teniendo en cuenta que el TC dice o dirá que Cataluña no puede ser considerada en términos jurídicos como nación, es que esta definición no aparezca en el Estatut», reclamó. Pidió, además, al Alto Tribunal que no trate de «salvar la cara» al tripartito.
En el mismo sentido se expresó Ciudadanos. Su portavoz en el Parlamento, José Domingo, pidió al TC que no avale el preámbulo del Estatut que afirma que Cataluña es una nación, y aseguró que «no es posible» una relación de bilateralidad entre esta comunidad autónoma y el Estado
Al respecto, con el título "Un preámbulo para la «nación» catalana", Carlos Vidal (Profesor titular de Derecho Contitucional de la UNED) expresa:
"Cuesta creer que el Tribunal Constitucional admita la alusión a Cataluña como nación o «realidad nacional» vinculándola a su inclusión en el preámbulo y a su hipotética falta de eficacia jurídica. Supondría contradecir las opiniones más autorizadas y la propia jurisprudencia del TC, que utiliza con profusión los preámbulos de leyes, decretos, estatutos, directivas comunitarias y, por supuesto, el de la Constitución, para construir sus argumentaciones. Desde la temprana Sentencia 64/1982 hasta varias del año 2005 puede constatarse el valor jurídico que a los preámbulos se da por parte del TC.
Los preámbulos constitucionales y estatutarios delimitan el marco de convivencia de una sociedad democrática, sintetizan sus valores, la base sobre la que luego se va a construir todo el articulado.
Uno de los especialistas en la materia, Javier Tajadura, sostiene que «el Preámbulo constitucional contiene la síntesis de la decisión política fundamental de la nación española» y constituye un «factor de integración nacional, o lo que es lo mismo, instrumento de socialización política».
El ilustre constitucionalista García Pelayo, primer presidente del TC, sostenía que las declaraciones del preámbulo son «parte integrante y esencial del orden jurídico constitucional, puesto que dan sentido a las normas jurídicas».
Peces Barba, uno de los padres de nuestra Constitución, considera que el Estatuto catalán debe verse como un todo coherente, y a la vista del Preámbulo se puede comprobar que el término nación se utiliza en sentido político, y no cultural, que sería el único que -según él- podría admitirse. Pero esa coherencia interna es la que impide aceptar el término nación en el texto estatutario, porque precisamente el Preámbulo es el pórtico que anuncia lo que se va a desarrollar en el Estatuto y muestra las bases del mismo.
Peces Barba, uno de los padres de nuestra Constitución, considera que el Estatuto catalán debe verse como un todo coherente, y a la vista del Preámbulo se puede comprobar que el término nación se utiliza en sentido político, y no cultural, que sería el único que -según él- podría admitirse. Pero esa coherencia interna es la que impide aceptar el término nación en el texto estatutario, porque precisamente el Preámbulo es el pórtico que anuncia lo que se va a desarrollar en el Estatuto y muestra las bases del mismo.
El término nación, incompatible con el artículo 2 de la Constitución, y con el propio fundamento de nuestro Estado, es inconstitucional, con independencia del lugar del texto en el que figure (preámbulo o articulado). Porque el preámbulo es el que da la pauta para interpretar y comprender el texto en su conjunto. El preámbulo se discute, se elabora y se aprueba como cualquier norma. Incluso admitiendo que algunos de sus contenidos tuvieran sólo un valor normativo indirecto, en todo caso servirían para interpretar el texto. Un Preámbulo inconstitucional contaminaría, así, la interpretación del articulado.
La sentencia sobre el Estatut estará lista para octubre
El Constitucional sostiene ahora un intenso debate sobre el capítulo de los derechos de los catalanes
Por su parte el Tribunal Constitucional (TC) ha comunicado al Gobierno que la sentencia sobre el Estatut muy difícilmente podrá estar terminada antes de octubre. La información ha sido trasladada en términos oficiosos y confidenciales, a la vista del estado de las deliberaciones sobre la reforma estatutaria. Dicho debate ha superado una primera lectura del preámbulo - avalando que Catalunya se defina como nación sin efectos jurídicos, tal como avanzó La Vanguardia ayer-, y ha empezado a abordar el grueso del articulado.
La difusión de datos del debate sobre el Estatut en el TC - en particular su aceptación del término nación referido a Catalunya en el borrador sobre el preámbulo- ha suscitado especial expectativa sobre la reunión que la institución celebrará el próximo martes. El tema puede tratarse, pero el TC decidirá ese día que la ley de Violencia de Género es constitucional.
Los once magistrados que examinan el Estatut se centran en la fase actual en el capítulo que regula los derechos de los ciudadanos de Catalunya. Los borradores de resolución que maneja el TC - elaborados por la magistrada ponente, Elisa Pérez Vera- son favorables en términos generales a la regulación de dichos derechos, en aplicación de la doctrina ya sentada en la sentencia dictada por el TC a finales del año pasado sobre el Estatut de la Comunidad Valenciana, el primero que fue aprobado por las Cortes.
Sin embargo, la discusión está completamente abierta, porque varios magistrados, sin distinción de sectores en este punto, estiman que la igualdad básica de derechos de los ciudadanos españoles en todo el país pugna con determinados preceptos del Estatut. El PP impugnó casi en su integridad este capítulo, que en las últimas semanas está suponiendo un debate intenso en el Constitucional, porque afecta a muchas cuestiones esenciales, desde los derechos fundamentales propiamente dichos - incluidos el relativo a la libre decisión de la mujer sobre su salud reproductiva y sexual, o el relativo a una muerte digna-, hasta los de carácter económico y social, pasando por los que se refieren al conocimiento y uso de las lenguas.
El Gobierno sigue con suma atención la evolución de los acontecimientos en torno a las deliberaciones del Estatut, consciente de que el alcance de su desarrollo depende en buena parte de la sentencia que se dicte en su día. No obstante, el Ejecutivo ha dado garantías al Govern en el sentido de que los avatares de la deliberación del TC no van a influir en su determinación de cumplir el Estatut, como ley vigente que es.
Este compromiso es particularmente importante en cuanto se refiere a la negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. El Gobierno cree firmemente que el debate del TC sobre el Estatut no gravitará negativamente sobre dicha negociación, en parte porque esta siempre ha tenido un fuerte componente bilateral, antes y después del acuerdo sobre el sistema que corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representados el Gobierno y las quince comunidades autónomas de régimen común.
El interés del Gobierno en la evolución de los debates sobre el Estatut reside también en que, según sea, puede ser relevante para impulsar o frenar la negociación sobre la renovación del TC. Esa renovación está pendiente desde diciembre último y el Ejecutivo quiere hacerla del modo que más favorezca una resolución ponderada de los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut.
El PP cree que no tiene nada que ganar con el cambio de jueces, ya que los que salen son tres conservadores - Jorge Rodríguez-Zapata, Vicente Conde y Guillermo Jiménez- y una progresista, María Emilia Casas. Los resultados de las elecciones implicarían que entraran dos conservadores y dos progresistas. De ahí que el Gobierno quiera renovar pronto el TC.
La sentencia sobre el Estatut estará lista para octubre
El Constitucional sostiene ahora un intenso debate sobre el capítulo de los derechos de los catalanes
Por su parte el Tribunal Constitucional (TC) ha comunicado al Gobierno que la sentencia sobre el Estatut muy difícilmente podrá estar terminada antes de octubre. La información ha sido trasladada en términos oficiosos y confidenciales, a la vista del estado de las deliberaciones sobre la reforma estatutaria. Dicho debate ha superado una primera lectura del preámbulo - avalando que Catalunya se defina como nación sin efectos jurídicos, tal como avanzó La Vanguardia ayer-, y ha empezado a abordar el grueso del articulado.
La difusión de datos del debate sobre el Estatut en el TC - en particular su aceptación del término nación referido a Catalunya en el borrador sobre el preámbulo- ha suscitado especial expectativa sobre la reunión que la institución celebrará el próximo martes. El tema puede tratarse, pero el TC decidirá ese día que la ley de Violencia de Género es constitucional.
Los once magistrados que examinan el Estatut se centran en la fase actual en el capítulo que regula los derechos de los ciudadanos de Catalunya. Los borradores de resolución que maneja el TC - elaborados por la magistrada ponente, Elisa Pérez Vera- son favorables en términos generales a la regulación de dichos derechos, en aplicación de la doctrina ya sentada en la sentencia dictada por el TC a finales del año pasado sobre el Estatut de la Comunidad Valenciana, el primero que fue aprobado por las Cortes.
Sin embargo, la discusión está completamente abierta, porque varios magistrados, sin distinción de sectores en este punto, estiman que la igualdad básica de derechos de los ciudadanos españoles en todo el país pugna con determinados preceptos del Estatut. El PP impugnó casi en su integridad este capítulo, que en las últimas semanas está suponiendo un debate intenso en el Constitucional, porque afecta a muchas cuestiones esenciales, desde los derechos fundamentales propiamente dichos - incluidos el relativo a la libre decisión de la mujer sobre su salud reproductiva y sexual, o el relativo a una muerte digna-, hasta los de carácter económico y social, pasando por los que se refieren al conocimiento y uso de las lenguas.
El Gobierno sigue con suma atención la evolución de los acontecimientos en torno a las deliberaciones del Estatut, consciente de que el alcance de su desarrollo depende en buena parte de la sentencia que se dicte en su día. No obstante, el Ejecutivo ha dado garantías al Govern en el sentido de que los avatares de la deliberación del TC no van a influir en su determinación de cumplir el Estatut, como ley vigente que es.
Este compromiso es particularmente importante en cuanto se refiere a la negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. El Gobierno cree firmemente que el debate del TC sobre el Estatut no gravitará negativamente sobre dicha negociación, en parte porque esta siempre ha tenido un fuerte componente bilateral, antes y después del acuerdo sobre el sistema que corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representados el Gobierno y las quince comunidades autónomas de régimen común.
El interés del Gobierno en la evolución de los debates sobre el Estatut reside también en que, según sea, puede ser relevante para impulsar o frenar la negociación sobre la renovación del TC. Esa renovación está pendiente desde diciembre último y el Ejecutivo quiere hacerla del modo que más favorezca una resolución ponderada de los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut.
El PP cree que no tiene nada que ganar con el cambio de jueces, ya que los que salen son tres conservadores - Jorge Rodríguez-Zapata, Vicente Conde y Guillermo Jiménez- y una progresista, María Emilia Casas. Los resultados de las elecciones implicarían que entraran dos conservadores y dos progresistas. De ahí que el Gobierno quiera renovar pronto el TC.
El concepto de Nación no es "discutible" y sí "discutido". Es esencial definirlo. Los nacionalistas ya lo tienen hecho. Recogeré en otro momento lo que entendieron los principales "ideólogos" del nacionalismo catalán por "Nación". Ello ilustra el presente.
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