Según refieren hoy ABC y otros medios de comunicación: "El Tribunal Supremo recibe diligencias sobre escuchas donde interviene la Presidenta del Constitucional".
Las claves
- La presidenta del TC dialogó con una abogada ahora en prisión sobre la custodia de la hija de la letrada.
- La conversación se produjo en la noche del 17 de abril del pasado año en plena investigación del asesinato de un hombre por encargo de su mujer, precisamente la abogada que pidió el asesoramiento.
- María Emilia Casas conversó con la ahora detenida sobre cómo presentar un recurso.
- La conversación se produjo por mediación de una amiga de la Presidenta del Constitucional
- La juez de Valdemoro encargada del crimen, una vez resuelto, envió una exposición razonada que llegó el pasado lunes al Supremo.
- Ahora la Sala Segunda del Alto Tribunal deberá decidir si procede contra la Presidenta del Tribunal Constitucional o archiva la causa
El Tribunal Supremo estudia la actuación de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que dialogó con una abogada sobre la forma de presentar un recurso ante un juzgado relativo a un asunto familiar.
Ahora la Sala Segunda del Supremo deberá decidir si procede contra la presidenta del Constitucional o archiva la causa.
La prueba que tiene el Supremo fue obtenida durante la investigación del asesinato de un hombre perpetrado el 14 de marzo de 2007, supuestamente por encargo de su mujer; precisamente la letrada que pidió la ayuda de la presidenta del Tribunal Constitucional. Una vez resuelto el crimen la semana pasada, la juez de Valdemoro encargada del caso abrió una pieza separada por este asunto, que el pasado lunes llegó al Tribunal Supremo, competente para tramitar todas aquellas causas penales en las que esté implicado un aforado, condición que ostenta María Emilia Casas.
Hay que precisar, en cualquier caso, que obviamente la presidenta del Tribunal Constitucional nunca supo que la persona con la que hablaba podía estar implicada en un delito tan grave.
El caso del crimen por encargo da así otra sorpresa, después de que se conociera que la actriz y presentadora de televisión Ana García Obregón había pedido a otro de los implicados, Eloy Sánchez Barba, la persona acusada de contratar a los autores materiales, que diera una paliza al también presentador Jaime Cantizano.
Estos hechos aparecen en las diligencias previas 1214/07 del juzgado de Valdemoro.
En un garaje
Según ha sabido ABC, la citada conversación telefónica, grabada por la Guardia Civil, se produjo el 17 de abril del pasado año, apenas un mes después de que se cometiera el asesinato en el garaje del número 3 de la calle de los Caretos de la localidad madrileña de Ciempozuelos.
A las 21:27 horas de esa noche de martes, la abogada Dolores Martín telefonea a María Emilia Casas. La letrada explica a la presidenta del TC que la llama de parte de una amiga común, que es la que hace de intermediaria para que la conversación entre ambas se pueda producir.
El motivo de la llamada de la letrada Martín era pedir asesoramiento acerca de un asunto familiar, al parecer sobre cómo presentar un recurso ante un juzgado para intentar recuperar la custodia de su hija, que había perdido precisamente el mismo día en que su marido fue asesinado por encargo suyo, según la investigación de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
Los investigadores, al tener conocimiento de estos hechos y teniendo en cuenta la relevancia de la persona implicada, decidieron ponerlo en conocimiento de la juez encargada del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valdemoro.
La Magistrada decidió aparcar el asunto hasta que se resolviera el crimen, ya que si se hubiera conocido que los investigadores ya se habían centrado sobre la mujer como principal sospechosa del asesinato toda la investigación, muy laboriosa y delicada, podía venirse abajo.
Hay que destacar que la juez hizo lo mismo con las escuchas en las que aparecía la conocida actriz Ana García Obregón pidiendo a Eloy Sánchez Barba que contratara a unos matones para dar una paliza al presentador de programas del corazón Jaime Cantizano.
Crimen por encargo
La semana pasada, después de más de un año de intensas investigaciones, la Guardia Civil detuvo a los implicados en el crimen por encargo: la abogada Dolores Martín, el citado Sánchez Barba, G.S.M., colaborador del anterior y el presunto autor material del asesinato, C.M.G.C.
Días después se levantaba el secreto de las actuaciones y fue el momento elegido por la juez de Valdemoro para dar cuenta a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de los hechos en los que aparece implicada María Emilia Casas.
En su escrito, en el que informa de la conversación de asesoramiento a la abogada ahora encarcelada, la juez indica que remite la exposición por si hubiera «indicios de criminalidad en la actuación del aforado», al que en ningún momento cita por su nombre ni cargo. El pasado lunes el escrito llegó al Tribunal Supremo, que ahora deberá decidir si procede abrir una investigación sobre el asunto porque en efecto considera que existen indicios de alguna irregularidad, o por el contrario lo archiva al considerar que la conversación no tiene ningún tipo de relevancia penal.
Sin precedentes
Se trata de la primera vez que el Tribunal Supremo —en concreto su Sala Segunda— tenga que analizar si un presidente del Tribunal Constitucional ha podido cometer alguna irregularidad. El incidente se produce además en un momento especialmente delicado para el TC por el deterioro de la imagen sufrido como consecuencia de la politización de algunos de los asuntos de los que debe decidir, como el estatuto de Cataluña.
El Tribunal es además objeto de confrontación política porque está pendiente su renovación parcial (los cuatro magistrados que elige el Senado) así como la vancate dejada por el reciente fallecimiento de Roberto García-Calvo.
La catedrática María Emilia Casas Baamonde es la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional, puesto para el que fue elegida en junio de 2004. Casas, considerada del sector progresista, es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid y fue la séptima persona en presidir la institución, creada en 1980.
Nacida en Lugo en 1950, fue vicerectora de la Universidad Carlos III. En el TC, sustituyó a Manuel Jiménez de Parga y compitió para el cargo con Vicente Conde Martín de Hijas, del sector conservador. Antes de Casas ocuparon la presidencia Manuel García Pelayo (1980-86), Francisco Tomás y Valiente (1986-92), Miguel Rodríguez Piñero (1992-95), Álvaro Rodríguez-Bereijo (1995-98), Pedro Cruz Villalón (1998-2001) y Manuel Jiménez de Parga (2001-04).
«El cargo de juez es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico»
«El cargo de juez o magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido». Este es uno de los supuestos de incompatibilidad previstos en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aplicable, además de a los jueces, a los miembros del Tribunal Constitucional en lo que se refiere al régimen de incompatibilidades y al régimen disciplinario.
El artículo 417 de la misma ley establece en su párrafo sexto que «el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado establecidas en el artículo 389 de esta Ley (...)» -el citado anteriormente- es una falta disciplinaria muy grave. Las sanciones previstas para estas faltas son, de menor a mayor, «suspensión, traslado forzoso o separación».
Además de serle aplicable el régimen jurídico de los jueces en cuestiones puntuales, los miembros del Tribunal Constitucional se rigen en el ejercicio de sus cargos por lo establecido en la ley que regula el funcionamiento de esta institución (LOTC). En ella se incluye entre las causas de cese de los vocales la «incompatibilidad sobrevenida» (artículo 23.1.4) y «haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave» (artículo 23.1.7). Cuando alguno de los miembros del TC incurra en cualquiera de esos supuestos, el cese se decidirá (artículo 23.2) por «el Tribunal en pleno».
El artículo 24 de la LOTC prevé, además, que los magistrados del TC «podrán ser suspendidos por el Tribunal, como medida previa, en caso de procesamiento». También se les podrá suspender «por el tiempo indispensable» hasta que se aclare si han incurrido en alguna de las demás causas de incompatibilidad con el ejercicio del cargo.
Esto es lo que dice la literalidad de la ley y su aplicación y los efectos que produzca en cada caso dependen de la gravedad del hecho concreto cometido por el juez o magistrado. Los matices, en el mundo del derecho, son determinantes.
- La presidenta del TC dialogó con una abogada ahora en prisión sobre la custodia de la hija de la letrada.
- La conversación se produjo en la noche del 17 de abril del pasado año en plena investigación del asesinato de un hombre por encargo de su mujer, precisamente la abogada que pidió el asesoramiento.
- María Emilia Casas conversó con la ahora detenida sobre cómo presentar un recurso.
- La conversación se produjo por mediación de una amiga de la Presidenta del Constitucional
- La juez de Valdemoro encargada del crimen, una vez resuelto, envió una exposición razonada que llegó el pasado lunes al Supremo.
- Ahora la Sala Segunda del Alto Tribunal deberá decidir si procede contra la Presidenta del Tribunal Constitucional o archiva la causa
El Tribunal Supremo estudia la actuación de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que dialogó con una abogada sobre la forma de presentar un recurso ante un juzgado relativo a un asunto familiar.
Ahora la Sala Segunda del Supremo deberá decidir si procede contra la presidenta del Constitucional o archiva la causa.
La prueba que tiene el Supremo fue obtenida durante la investigación del asesinato de un hombre perpetrado el 14 de marzo de 2007, supuestamente por encargo de su mujer; precisamente la letrada que pidió la ayuda de la presidenta del Tribunal Constitucional. Una vez resuelto el crimen la semana pasada, la juez de Valdemoro encargada del caso abrió una pieza separada por este asunto, que el pasado lunes llegó al Tribunal Supremo, competente para tramitar todas aquellas causas penales en las que esté implicado un aforado, condición que ostenta María Emilia Casas.
Hay que precisar, en cualquier caso, que obviamente la presidenta del Tribunal Constitucional nunca supo que la persona con la que hablaba podía estar implicada en un delito tan grave.
El caso del crimen por encargo da así otra sorpresa, después de que se conociera que la actriz y presentadora de televisión Ana García Obregón había pedido a otro de los implicados, Eloy Sánchez Barba, la persona acusada de contratar a los autores materiales, que diera una paliza al también presentador Jaime Cantizano.
Estos hechos aparecen en las diligencias previas 1214/07 del juzgado de Valdemoro.
En un garaje
Según ha sabido ABC, la citada conversación telefónica, grabada por la Guardia Civil, se produjo el 17 de abril del pasado año, apenas un mes después de que se cometiera el asesinato en el garaje del número 3 de la calle de los Caretos de la localidad madrileña de Ciempozuelos.
A las 21:27 horas de esa noche de martes, la abogada Dolores Martín telefonea a María Emilia Casas. La letrada explica a la presidenta del TC que la llama de parte de una amiga común, que es la que hace de intermediaria para que la conversación entre ambas se pueda producir.
El motivo de la llamada de la letrada Martín era pedir asesoramiento acerca de un asunto familiar, al parecer sobre cómo presentar un recurso ante un juzgado para intentar recuperar la custodia de su hija, que había perdido precisamente el mismo día en que su marido fue asesinado por encargo suyo, según la investigación de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
Los investigadores, al tener conocimiento de estos hechos y teniendo en cuenta la relevancia de la persona implicada, decidieron ponerlo en conocimiento de la juez encargada del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valdemoro.
La Magistrada decidió aparcar el asunto hasta que se resolviera el crimen, ya que si se hubiera conocido que los investigadores ya se habían centrado sobre la mujer como principal sospechosa del asesinato toda la investigación, muy laboriosa y delicada, podía venirse abajo.
Hay que destacar que la juez hizo lo mismo con las escuchas en las que aparecía la conocida actriz Ana García Obregón pidiendo a Eloy Sánchez Barba que contratara a unos matones para dar una paliza al presentador de programas del corazón Jaime Cantizano.
Crimen por encargo
La semana pasada, después de más de un año de intensas investigaciones, la Guardia Civil detuvo a los implicados en el crimen por encargo: la abogada Dolores Martín, el citado Sánchez Barba, G.S.M., colaborador del anterior y el presunto autor material del asesinato, C.M.G.C.
Días después se levantaba el secreto de las actuaciones y fue el momento elegido por la juez de Valdemoro para dar cuenta a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de los hechos en los que aparece implicada María Emilia Casas.
En su escrito, en el que informa de la conversación de asesoramiento a la abogada ahora encarcelada, la juez indica que remite la exposición por si hubiera «indicios de criminalidad en la actuación del aforado», al que en ningún momento cita por su nombre ni cargo. El pasado lunes el escrito llegó al Tribunal Supremo, que ahora deberá decidir si procede abrir una investigación sobre el asunto porque en efecto considera que existen indicios de alguna irregularidad, o por el contrario lo archiva al considerar que la conversación no tiene ningún tipo de relevancia penal.
Sin precedentes
Se trata de la primera vez que el Tribunal Supremo —en concreto su Sala Segunda— tenga que analizar si un presidente del Tribunal Constitucional ha podido cometer alguna irregularidad. El incidente se produce además en un momento especialmente delicado para el TC por el deterioro de la imagen sufrido como consecuencia de la politización de algunos de los asuntos de los que debe decidir, como el estatuto de Cataluña.
El Tribunal es además objeto de confrontación política porque está pendiente su renovación parcial (los cuatro magistrados que elige el Senado) así como la vancate dejada por el reciente fallecimiento de Roberto García-Calvo.
La catedrática María Emilia Casas Baamonde es la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional, puesto para el que fue elegida en junio de 2004. Casas, considerada del sector progresista, es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid y fue la séptima persona en presidir la institución, creada en 1980.
Nacida en Lugo en 1950, fue vicerectora de la Universidad Carlos III. En el TC, sustituyó a Manuel Jiménez de Parga y compitió para el cargo con Vicente Conde Martín de Hijas, del sector conservador. Antes de Casas ocuparon la presidencia Manuel García Pelayo (1980-86), Francisco Tomás y Valiente (1986-92), Miguel Rodríguez Piñero (1992-95), Álvaro Rodríguez-Bereijo (1995-98), Pedro Cruz Villalón (1998-2001) y Manuel Jiménez de Parga (2001-04).
«El cargo de juez es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico»
«El cargo de juez o magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido». Este es uno de los supuestos de incompatibilidad previstos en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aplicable, además de a los jueces, a los miembros del Tribunal Constitucional en lo que se refiere al régimen de incompatibilidades y al régimen disciplinario.
El artículo 417 de la misma ley establece en su párrafo sexto que «el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado establecidas en el artículo 389 de esta Ley (...)» -el citado anteriormente- es una falta disciplinaria muy grave. Las sanciones previstas para estas faltas son, de menor a mayor, «suspensión, traslado forzoso o separación».
Además de serle aplicable el régimen jurídico de los jueces en cuestiones puntuales, los miembros del Tribunal Constitucional se rigen en el ejercicio de sus cargos por lo establecido en la ley que regula el funcionamiento de esta institución (LOTC). En ella se incluye entre las causas de cese de los vocales la «incompatibilidad sobrevenida» (artículo 23.1.4) y «haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave» (artículo 23.1.7). Cuando alguno de los miembros del TC incurra en cualquiera de esos supuestos, el cese se decidirá (artículo 23.2) por «el Tribunal en pleno».
El artículo 24 de la LOTC prevé, además, que los magistrados del TC «podrán ser suspendidos por el Tribunal, como medida previa, en caso de procesamiento». También se les podrá suspender «por el tiempo indispensable» hasta que se aclare si han incurrido en alguna de las demás causas de incompatibilidad con el ejercicio del cargo.
Esto es lo que dice la literalidad de la ley y su aplicación y los efectos que produzca en cada caso dependen de la gravedad del hecho concreto cometido por el juez o magistrado. Los matices, en el mundo del derecho, son determinantes.
Expertos juristas consultados por ABC han explicado que el asesoramiento jurídico prestado por María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, a Dolores Martín será o no considerado reprochable desde el punto de vista disciplinario o incompatible con el ejercicio del cargo según la profundidad con que se haya producido.
Es decir, merecería reproche «dar un asesoramiento detallado, hacer de abogado de la persona que pide consejo jurídico», aunque tal ayuda sea un hecho aislado y no perciba remuneración alguna por ello. Los expertos consultados señalan que hay que distinguir entre un asesoramiento pormenorizado y una «opinión jurídica», y que esta última en ningún caso sería sancionable.
El asesoramiento por parte de un magistrado, aunque sea accidental y a un particular, puede ser delito (art.441 del Código Penal) si el asunto se tramita en el órgano al que el magistrado pertenece. La pena es de multa de 6 a 12 meses y se 1 a 3 años de suspensión.
Es decir, merecería reproche «dar un asesoramiento detallado, hacer de abogado de la persona que pide consejo jurídico», aunque tal ayuda sea un hecho aislado y no perciba remuneración alguna por ello. Los expertos consultados señalan que hay que distinguir entre un asesoramiento pormenorizado y una «opinión jurídica», y que esta última en ningún caso sería sancionable.
El asesoramiento por parte de un magistrado, aunque sea accidental y a un particular, puede ser delito (art.441 del Código Penal) si el asunto se tramita en el órgano al que el magistrado pertenece. La pena es de multa de 6 a 12 meses y se 1 a 3 años de suspensión.
Su repercusióm mediática:
Todo comenzó como un simple asesinato, pero los detalles del caso lo derivaron primero a la prensa del corazón, con la estrella del couché Ana García Obregón como protagonista, y ahora al mismísimo corazón del Estado: la presidencia del Tribunal Constitucional
A las ocho de la tarde del 14 de marzo de 2007 una vecina del inmueble número 3 de la calle de los Caretos de Ciempozuelos (Madrid) encontraba el cadáver de Miguel Ángel Salgado Pimentel, de 36 años, también inquilino de la finca. La víctima presentaba tres impactos de bala del calibre 9 milímetros, dos de ellos en la cabeza. Los agentes de Homicidios de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil sospecharon en ese primer momento que podía tratarse de un robo o, incluso, de un ajuste de cuentas, ya que los asesinos le habían esperado en el aparcamiento, por lo que conocían sus movimientos.
Sin embargo, las pesquisas pronto revelaron las desavenencias entre la víctima y su ex mujer, la abogada Dolores Martín Pozo. Ambos tenían interpuestas varias denuncias, entre ellas una en la que el hombre acusaba a la letrada de amenazarle de muerte. Además, el mismo día del crimen un juzgado le había concedido al hombre la custodia de la hija de ambos, ya que al parecer se apreció algún tipo de trastorno en la madre. No sólo eso. En enero Salgado ya había denunciado que unos desconocidos le habían echado de la carretera.
El foco, en la mujer
El foco, pues, se centró en la mujer. La juez encargada del caso, ante las evidencias presentadas por los investigadores y la gravedad del delito investigado, autorizó los pinchazos de algunos teléfonos, entre ellos el de Dolores Martín. Las escuchas permitieron avanzar en la investigación del crimen, pero también aportaron otras sorpresas una vez resuelto éste.
La primera, una conversación de Ana Obregón con otro de los supuestamente implicados en el crimen, Eloy Sánchez Barba, en la que la actriz le pedía que contratara a alguien —«pero que sea de los “Miami”», banda ahora en declive pero que tuvo mucha actividad en los 90— para dar una paliza al presentador de televisión Jaime Cantizano: «Estoy muy cabreada —decía Obregón, según reveló «Interviú»—. ¿No has visto lo del gilipollas ese, lo del programa de Cantizano? Se han metido con Álex (el hijo de Ana García Obregón y Alessandro Lequio). Quiero que le des una paliza, pero que no lo haga cualquiera, quiero que busques a “los Miami”». El enfado de la actriz comenzó por las alusiones en el programa de Cantizano a unas imágenes en las que el hijo de Ana Obregón «enseñaba el culo» a los periodistas, imágenes sobre las que el presentador preguntó además a la audiencia si debía emitirlas.
A partir de ese momento, la crónica rosa comenzó su «momento dulce»: no hay nada más atractivo que un crimen en la que uno de los principales implicados hace trabajos de seguridad para uno de los personajes preferidos del «quore», mezclada con los más bajos fondos de Madrid.
Rápidamente comenzaron a trascender investigaciones sobre el inquietante contacto de Ana Obregón en el hampa de la capital. Eloy Sánchez Barba es un individuo relacionado con los ambientes nocturnos, encargado de una empresa que contrata porteros que ejercen su trabajo en discotecas y salas de fiestas de toda España. Durante la investigación se pudo constatar que este individuo, acompañado por su lugarteniente G.S.M., había organizado en más de una ocasión «ajustes» y palizas contra personas por encargo.
Los «Miami»
El siguiente eslabón era también jugoso: los «Miami», mítica banda de delincuentes que en su día controlaron la seguridad de muchas discotecas de la ciudad, en las que también controlaban el tráfico de drogas. Por aquella época alternaban con personajes conocidos. Su máximo esplendor lo alcanzaron en los 90, si bien ya en 1996 recibieron el primer golpe policial que redujo su capacidad operativa. A lo largo de los años han ido cayendo sus cabecillas, algunos de los cuáles han sido acusados de homicidios, e incluso uno de ellos fue tiroteado hace unos años cuando circulaba con su Porsche en la zona norte de Madrid.
Desde entonces hay varios grupos que se han hecho llamar los «Miami», quizá como forma de inspirar respeto, y algunos de sus miembros han formado sus propias bandas. Sin embargo, fuentes policiales aseguran que hoy por hoy no son un problema policial. No obstante, sí admiten que Eloy Sánchez es un individuo peligroso.
Pero lo que nadie se podía esperar es que en el sumario apareciera una de las primeras autoridades del Estado: la presidenta del Constitucional.
A las ocho de la tarde del 14 de marzo de 2007 una vecina del inmueble número 3 de la calle de los Caretos de Ciempozuelos (Madrid) encontraba el cadáver de Miguel Ángel Salgado Pimentel, de 36 años, también inquilino de la finca. La víctima presentaba tres impactos de bala del calibre 9 milímetros, dos de ellos en la cabeza. Los agentes de Homicidios de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil sospecharon en ese primer momento que podía tratarse de un robo o, incluso, de un ajuste de cuentas, ya que los asesinos le habían esperado en el aparcamiento, por lo que conocían sus movimientos.
Sin embargo, las pesquisas pronto revelaron las desavenencias entre la víctima y su ex mujer, la abogada Dolores Martín Pozo. Ambos tenían interpuestas varias denuncias, entre ellas una en la que el hombre acusaba a la letrada de amenazarle de muerte. Además, el mismo día del crimen un juzgado le había concedido al hombre la custodia de la hija de ambos, ya que al parecer se apreció algún tipo de trastorno en la madre. No sólo eso. En enero Salgado ya había denunciado que unos desconocidos le habían echado de la carretera.
El foco, en la mujer
El foco, pues, se centró en la mujer. La juez encargada del caso, ante las evidencias presentadas por los investigadores y la gravedad del delito investigado, autorizó los pinchazos de algunos teléfonos, entre ellos el de Dolores Martín. Las escuchas permitieron avanzar en la investigación del crimen, pero también aportaron otras sorpresas una vez resuelto éste.
La primera, una conversación de Ana Obregón con otro de los supuestamente implicados en el crimen, Eloy Sánchez Barba, en la que la actriz le pedía que contratara a alguien —«pero que sea de los “Miami”», banda ahora en declive pero que tuvo mucha actividad en los 90— para dar una paliza al presentador de televisión Jaime Cantizano: «Estoy muy cabreada —decía Obregón, según reveló «Interviú»—. ¿No has visto lo del gilipollas ese, lo del programa de Cantizano? Se han metido con Álex (el hijo de Ana García Obregón y Alessandro Lequio). Quiero que le des una paliza, pero que no lo haga cualquiera, quiero que busques a “los Miami”». El enfado de la actriz comenzó por las alusiones en el programa de Cantizano a unas imágenes en las que el hijo de Ana Obregón «enseñaba el culo» a los periodistas, imágenes sobre las que el presentador preguntó además a la audiencia si debía emitirlas.
A partir de ese momento, la crónica rosa comenzó su «momento dulce»: no hay nada más atractivo que un crimen en la que uno de los principales implicados hace trabajos de seguridad para uno de los personajes preferidos del «quore», mezclada con los más bajos fondos de Madrid.
Rápidamente comenzaron a trascender investigaciones sobre el inquietante contacto de Ana Obregón en el hampa de la capital. Eloy Sánchez Barba es un individuo relacionado con los ambientes nocturnos, encargado de una empresa que contrata porteros que ejercen su trabajo en discotecas y salas de fiestas de toda España. Durante la investigación se pudo constatar que este individuo, acompañado por su lugarteniente G.S.M., había organizado en más de una ocasión «ajustes» y palizas contra personas por encargo.
Los «Miami»
El siguiente eslabón era también jugoso: los «Miami», mítica banda de delincuentes que en su día controlaron la seguridad de muchas discotecas de la ciudad, en las que también controlaban el tráfico de drogas. Por aquella época alternaban con personajes conocidos. Su máximo esplendor lo alcanzaron en los 90, si bien ya en 1996 recibieron el primer golpe policial que redujo su capacidad operativa. A lo largo de los años han ido cayendo sus cabecillas, algunos de los cuáles han sido acusados de homicidios, e incluso uno de ellos fue tiroteado hace unos años cuando circulaba con su Porsche en la zona norte de Madrid.
Desde entonces hay varios grupos que se han hecho llamar los «Miami», quizá como forma de inspirar respeto, y algunos de sus miembros han formado sus propias bandas. Sin embargo, fuentes policiales aseguran que hoy por hoy no son un problema policial. No obstante, sí admiten que Eloy Sánchez es un individuo peligroso.
Pero lo que nadie se podía esperar es que en el sumario apareciera una de las primeras autoridades del Estado: la presidenta del Constitucional.
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