Liberados sindicales.

Las comunidades todavía tienen en nómina a cerca de 9.000 liberados

El coste medio estimado por cada liberado sindical es de 33.000 euros al año.

Que un trabajador no desempeñe la labor para la que fue contratado y se dedique solo a tareas sindicales supone, además, otro gasto colateral en interinos contratados para cubrir su empleo.

Cálculos como este, unido al rechazo social que provoca que en momentos de dura crisis haya una figura que cobre una nómina y se dedique solo a representar y defender los derechos de los trabajadores llevó al Gobierno a aplicar en julio de 2012 un ajuste sin precedentes, 6.000 liberados deberían volver a sus trabajos.

¿Se han cumplido los planes del Ejecutivo?

¿Cuántos han sido pasto de los ajustes? ¿Administración y comunidades autónomas han hecho los deberes?

Tras varias decisiones de comunidades autónomas el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciaba, por primera vez en la historia, un ajuste; un ahorro de 250 millones de euros con el recorte de 6.000 liberados sindicales en la Administración.

Fue precisamente la Administración la primera en aplicase su propia medicina y redujo en un 70% sus liberados, que pasaron de 1.260 a 400.

En el último año las comunidades autónomas han prescindido de 3.840 liberados, lo que es igual que afirmar que todavía tienen en nómina a cerca de 9.000 liberados, teniendo en cuenta que antes de la poda sumaban 12.815 liberados los que había en las diecisiete comunidades autonómas.

Unos niveles que están muy por encima de los límites que marca el Estatuto Básico del Empleado Público sobre representación sindical.

Madrid fue la primera que voluntariamente dio el paso al frente para reducir los liberados en la administración autonómica, pero luego llegó Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León y Baleares.

En octubre de 2011 la región presidida por María Dolores de Cospedal, anunciaba la supresión de 501 liberados sindicales de la administración regional, a la vez que daba el visto bueno a eliminar las subvenciones a sindicatos.

A lo largo del último año la Generalitat Valenciana  ha suprimido 263 liberados, que tuvieron que volver a trabajar de manera directa en el servicio público y dejar para el tiempo libre la labor sindical.

Hace unas semanas la Xunta y los sindicatos eran los que acordaban reducir el número de liberados en 333, lo que permitirá un ahorro anual de 9 millones de euros.

El Gobierno gallego tiene el propósito de de eliminar casi un 40% de los permisos sindicales con los que contaba en 2009, que eran de 894.

Castilla y León también está acometiendo sus ajustes y ha diseñado una rebaja del 31% hasta situar la cifra total de liberados en 658.

El gobierno balear eliminó 89 liberados de los sindicatos, las subvenciones que se concedían a estas organizaciones y los locales que usaban en la administración autonómica, alegando la «grave situación» de las arcas públicas.

Andalucía, Cataluña o Extremadura:

De los casi 3.800 liberados que hay en la Junta de Andalucía, solo se han recortado en torno a 70, según fuentes sindicales.

La Generalitat catalana tenía en 2011 más de 500 delegados y apenas ha reducido un 30% las horas sindicales.

Porcentaje que en Extremadura se ha limitado al 20%, el equivalente a 6.500 horas sindicales al mes.

Pero si en la Administración hay una aproximación sobre los liberados que tienen los sindicatos, buscar respuestas en la empresa privada es todo un reto.

Los que tienen que afrontar los gastos, que son las empresas, son los únicos que han realizado algunos estudios sobre los liberados sindicales.

Un informe de la CEOE cifraba hace uno año su número en el sector privado en 4.127 y su coste anual salarial «asciende a más de 250 millones de euros, sin contar el coste de reposición y/o la productividad asociada», precisaba.

De aquellos datos se desprendía que en España hay 290.828 delegados o representantes de los trabajadores en las empresas privadas, a los que habría que añadir los 42.944 delegados en las distintas administraciones públicas.

Más de 60 millones de horas

Si se atiende a las estimaciones de la patronal, estos trabajadores consumen más de 60 millones de horas para actividad sindical.

Un derecho que está amparado por la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que es la norma que regula la representatividad de las organizaciones sindicales.

Cuando se indaga más en la búsqueda de datos las fuentes recuerdan que en España no existe un censo, ni siquiera un registro.

Si se pregunta a los sindicatos, las fuentes consultadas explican que entre UGT y CC.OO. no tienen más de 8.000 liberados «institucionales».

Y que CSI-CSIF, el sindicato con más peso en la Administración, tendría 2.000. Con estos resultados, la cifra total estaría en 10.000, pero la Administración los situó por encima de 12.000.

La cifra de liberados parece reducida en relación con el número de asalariados. Pero sobre todo parece mínima si se compara con los 2.000 liberados que dijo la comunidad de Madrid que había en la región

Y ello significaría también que el número de liberados superaría lo que establece la ley, lo que puede explicarse por los pactos entre sindicatos y los gobiernos autonómicos, que en este caso actúan como empresarios.