lunes, 29 de abril de 2013
GONZALO SUÁREZ
28/04/2013
CRONICA
Cuestan 1.000 millones al año. El
Defensor del Pueblo vasco tiene 32, incluido su CHÓFER
La zozobra del paro apenas inquietó a
Roberto Sanz Pinacho durante tres semanas. A las 9:00 de la mañana del 9 de
mayo, había presentado su dimisión como director general de Deportes al alcalde
de Madrid. Tres días antes le habían cazado conduciendo borracho. Así que, en
cuanto su caso saltó a los titulares de prensa, no lo dudó: le tocaba
renunciar.
Pero su ostracismo político expiró a los
21 días. El 1 de junio, estampaba su abigarrada firma en un contrato de dos
folios con el Club de Campo: una empresa dependiente de su anterior patrono, el
Ayuntamiento de la capital. Y las condiciones del acuerdo, lejos de infligirle
un castigo por su temeridad al volante, eran un prodigio de generosidad:
«La empresa mixta Club de Campo de
Madrid S.A. abonará a Don Roberto Sanz Pinacho la cantidad de cincuenta y cinco
mil euros + IVA...», rezaba el contrato, rubricado en 2006. «El señor Roberto
Sanz Pinacho no estará sujeto a horario, realizando su trabajo en el tiempo y
forma en que estime conveniente...».
Es el sueño de cualquier currito: una
jugosa remuneración con absoluta libertad horaria. Pero, en la España de los
6.202.700 parados, estas bicocas no están al alcance de todos. Antes hay que
superar un riguroso examen digital: ser el beneficiario del dedazo de un
político. El mismo que mantuvo a Sanz Pinacho en su cargo de asesor urbanístico
hasta esta misma semana, cuando EL MUNDO reveló su lucrativo acuerdo con el
Club de Campo.
Contactado por Crónica, el asesor se
resguardó tras un obcecado silencio. No quiso explicar cómo un cargo municipal
encuentra trabajo en una empresa participada al 51% por el mismo Ayuntamiento
del que había dimitido por conducir ebrio. ¿Fueron méritos propios? ¿O trato de
favor entre compinches de la casta política? «Eso es algo que no me compete a mí
juzgar, es cosa de la opinión pública», ha dicho.
Rajoy debe meter la motosierra y
rediseñar una Administración autonómica sostenibleLA «DEDOCRACIA»
La opinión pública, desde luego, lo
tiene claro. Cada día aumenta la perplejidad ante el escándalo que no cesa: la
proliferación de asesores en todas las capas de la administración. España es
una dedocracia en la que miles de burócratas son ungidos sin más criterio que
la confianza de sus jefes. Ellos nunca sufren recortes. Son los intocables. El
ejemplo más sangrante de la mamandurria que popularizó Esperanza Aguirre:
«Sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente», reza el
Diccionario de la RAE.
Para inflamar la indignación popular, el
caso de Sanz Pinacho reventó el mismo día en que la UE nos coronó como líderes
europeos del derroche. En 2012, acumulamos un 10,64% de déficit: gastamos
111.641 millones más de lo que ingresamos, incluido el rescate bancario. De
poco sirvieron las subidas de impuestos, los recortes sociales o la congelación
de las pensiones... Los extenuantes esfuerzos de la ciudadanía se disuelven
ante la reticencia de la casta política a ponerse a dieta.
Los intocables despliegan una prodigiosa
habilidad para reubicarse en un país con el 27,16% de paro. Es el caso de José
Cudeiro, ex gerente de la ruinosa empresa pública Urbaourense. En 2008, el
caciquil presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, le colocó en
el cargo con un sueldo de 75.000 euros.
El problema surgió cuando su hijo,
Manuel Baltar, quien le sucedió en la presidencia, trató de disolver
Urbaourense por su «quiebra contable». Al analizar las cuentas, se topó con que
Cudeiro gozaba de un blindaje de 200.000 euros. ¿Cómo ahorrarse tan escandalosa
indemnización? A dedazo limpio: hace semanas, le nombró asesor técnico de la
presidencia, con un coste para los orensanos de 80.000 euros anuales, seguridad
social incluida.
—Señor Cudeiro, Baltar hijo ha dicho que
su salario en Urbaourense, superior al de Rajoy, era «absolutamente
descabellado»...
—Mi sueldo estaba pactado. Es lo que
cobran muchos gerentes de empresas públicas. Además, yo no le pregunto a usted
lo que gana...
—Yo trabajo para una empresa privada,
pero usted es empleado de una institución pública...
—Yo ni pedí ese dinero ni dejé de
pedirlo. Y venía de una empresa en la que ganaba más...
—Ya, pero en un país con tantísimo paro,
llama la atención su habilidad para recolocarse en cuestión de semanas...
—No soy ningún privilegiado. Lamento que
haya seis millones de parados, pero la Diputación tenía unas necesidades
técnicas y yo era la persona más adecuada para cubrirlas.
Nadie sabe con certeza hasta donde se
extiende esta plaga de intocables. Cada institución contrata «personal eventual»
—el eufemismo que se emplea para los cargos de confianza— sin rendir cuentas a
nadie. De ahí que no exista un registro unificado de los asesores que trabajan
para el gobierno central, las 17 autonomías, las 38 diputaciones o los 8.116
ayuntamientos, además de los consells, los cabildos, las mancomunidades... Y
eso sin contar la maraña de empresas, fundaciones y entes públicos que brotaron
al calor del ladrillazo: más de 4.000 en las diversas capas del Estado.
Hace un año, este suplemento publicó la
primera estimación sólida sobre la proliferación de cargos a dedo. Para ello,
diseccionó las cuentas de un muestreo de más de 100 organismos públicos [ver
Crónica 876]. El resultado del análisis cuadraba con los cálculos del sindicato
de funcionarios CSI-F, que denunciaba que entre 15.000 y 17.000 asesores
pueblan los despachos de las distintas capas de la administración.
—Desde aquel informe, ¿qué ha pasado con
los asesores en España?
—Ni se ha reducido su número ni han
bajado sus salarios—, denuncia Miguel Borra, presidente de CSI-F.
—Entonces, ¿sigue habiendo 17.000
asesores en España?
—O más. Desde entonces, hemos recibido
información más detallada de los asesores de otras instituciones. Ahora,
colocaríamos la horquilla entre los 18.000 y los 20.000.
—Muchos políticos se comprometieron a
recortar esta partida. ¿No lo han hecho?
—En algunas instituciones han quitado
tres o cuatro asesores, pero de forma casi testimonial. Sigue habiendo
demasiados. Y todavía no sabemos quiénes son, cuánto cobran, qué función
cumplen... La opacidad sigue siendo absoluta. Lo único claro es que se les
elige a dedo.
A 50.000 euros de media por cabeza, este
pelotón de intocables nos costaría unos 1.000 millones al año. Con estos
fondos, podríamos pagar la ayuda de los 420 euros a 396.825 parados durante un
semestre. También evitaríamos el despido de 25.000 profesores durante un curso.
O, ya puestos, reduciríamos el déficit público en una de esas décimas que
mendigamos por los pasillos de Bruselas a cambio de más ajustes.
El protagonista de aquel informe de
Crónica fue Ignacio Prendes, el único diputado de UPyD en la Junta General del
Principado Asturiano. Mientras su partido clamaba contra los privilegios de la
casta, Prendes disponía de seis asistentes para él solo: una asesora, un
auxiliar, un asistente, una jefa de prensa, más dos secretarios por su cargo de
secretario en la mesa de la Cámara. «Es el mínimo que necesito para desempeñar
mi labor... Este sistema de trabajo roza el esclavismo... ¡No soy supermán!»,
proclamaba entonces.
Un año después, el equipo de asesores de
Prendes se mantiene incólume. Pese a la oleada de recortes, el diputado no se
ha planteado prescindir de ninguno de ellos... Todo lo contrario: ha reclutado
a un séptimo cargo de confianza, Rubén Pérez, secretario de grupo a media
jornada, con un sueldo de 27.150 euros anuales. «Somos los que somos y tenemos
trabajo a destajo», dicen desde su equipo, ya que, en esta ocasión, Prendes se
negó a atender la llamada de este suplemento.
MÁS QUE UN MINISTERIO
Rajoy debe meter la motosierra y
rediseñar una Administración autonómica sostenibleLos despachos enmoquetados
son un terreno propicio para que broten los asesores. Así, una institución de
limitada influencia como el Defensor del Pueblo del País Vasco cuenta con más
cargos a dedo que la mayoría de ministerios. El llamado ararteko, Íñigo
Lamarca, trabaja rodeado de 32 cargos de confianza —chófer incluido—, dos más
que el ministerio de Economía. «Contar con tanto persona eventual es un
procedimiento habitual en todas las defensorías del pueblo, incluida la
española», se justifica Lamarca.
—El año pasado, usted cobró 80.730
euros, más que Mariano Rajoy [72.600,36]. ¿Es razonable?
—A mí el sueldo me lo ha puesto el
Parlamento Vasco. No sé si es mucho ni poco... Pero cuando Rajoy era jefe de la
oposición, cobraba tres veces más que yo...
—¿Y cómo explica que la mitad de sus
asesores cobren más que los ministros [64.053,79 euros]?
—Tampoco voy a valorarlo. Su sueldo lo
marca el Parlamento. Todos cumplen los criterios de mérito y capacidad. No son
asesores políticos, sino juristas de prestigio.
La semana pasada, la presentación del
presupuesto del Defensor para 2013 detonó una intensa polémica. En plena oleada
de austeridad, al ararteko sólo se le recortaba un 3,79% menos que a Sanidad
(4,2%) o Educación (10,1%). Hubo que esperar a que se destapara el caso para
que aceptara un tajo mayor: el 4,2%. Eso sí, mantuvo en la poltrona a sus 33 cargos
de confianza.
—¿No podía prescindir de ninguno de
ellos?
—Son todos necesarios. No son políticos,
sino trabajadores . Y en tiempos de crisis, resultan imprescindibles.
Necesitaríamos más...
«En España, los asesores parecen
intocables», denuncia Víctor Lapuente, profesor del Quality of Government
Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). «El partido que controla un
gobierno puede contratar infinidad de asesores con plena discreción. No hay
incentivos para emprender una verdadera reforma de la administración. A los
partidos les resulta más rentable electoralmente dar trabajo a personas fieles
al aparato. Me parece sangrante en tiempos de crisis».
Tan despendolado está el presupuesto que
el Gobierno se ha visto forzado a intervenir. Así, la nueva Ley de
Administración Local pretende ahorrar 145,8 millones de euros en asesores. Para
ello establece, por primera vez, topes al personal elegido a dedo en
ayuntamientos y diputaciones. El Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, encargado de redactar el plan, quiere erradicar la costumbre de que
cada institución contrate asesores a su aire.
Cuando se apruebe la ley —quizá a
finales de año— los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes tendrán que
despedir a todos sus asesores. Los de menos de 10.000 se quedarán con sólo uno.
Poco a poco, el cupo aumentará hasta llegar a los municipios de más de medio
millón, donde los cargos de confianza equivaldrán, como máximo, al 0,7% de la
plantilla. Mientras, las diputaciones sólo podrán disponer de la mitad de
asesores que diputados. Al final del proceso, los fichados a dedo no rebasarán
los 6.489 en toda la administración local.
Pero, en realidad, este tijeretazo de
145,8 millones no es más que una estimación bienintencionada. El propio
ministerio admite que no tiene «ni idea» de cuántos cargos de confianza hay en
España. Lo más parecido a un inventario es el Registro Central de Personal de
las Administraciones Públicas, donde figura una casilla (personal eventual) que
recoge a quienes realizan «funciones de confianza o asesoramiento especial».
Sin embargo no se ofrecen datos desglosados de esta categoría, sino que se
agrupa con otros trabajadores como los interinos, así que la estadística se
vuelve inservible.
Estos días, el Gobierno está tratando de
iluminar este apagón estadístico. En octubre, una orden ministerial conminó a
todas las instituciones a enviarles los datos sobre sus asesores: persona,
función y sueldo. La información empezó a aterrizar en enero y, desde entonces,
tratan de sistematizarla en un megalistado de cargos de confianza a escala
nacional. «Queremos tener una fotografía exacta del tema», dicen desde
Administraciones Públicas. «Existe la sospecha de que el gasto en asesores se
ha despendolado, pero no tenemos constancia definitiva».
Así, el asesorazo supondrá recortes
sustanciales en las zonas más dedocráticas de España, como la Comunidad
Valenciana. La Diputación de Alicante, por ejemplo, pasará de 38 a 15 asesores;
la de Valencia, de 37 a 15; la de Castellón, de 27 a 14... Sólo con estos tajos
se ahorrarían unos 2,9 millones de euros al año.
DERROCHE EN MADRID
Pero la normativa es más laxa de lo que
aparenta. Así lo prueba el Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con 213 cargos de
confianza, el séxtuple que París. Un amplio porcentaje son familiares de cargos
del PP o jóvenes militantes como Ángel Carromero —condenado en Cuba por el
accidente en el que murió Oswaldo Payá— que cobra 50.474 euros pese a que no ha
acabado la carrera. Sin embargo el consistorio madrileño apenas tendrá que recortar:
el 0,7% de su plantilla de 29.153 empleados les otorgará un cupo de 203
asesores, sólo 10 menos que hasta ahora.
Además, la norma no afectará a las
Comunidades Autónomas, una capa de la administración que, según los cálculos de
Crónica, aporta otros 2.000 asistentes al monto global. Sólo el gobierno de La
Rioja, con 321.489 habitantes, cuenta con 46 asesores. Si fuera un
ayuntamiento, tendría que despedir a 17, pero su estatuto autonómico le blinda
de los recortes. «Desde el Estado no podemos invadir sus competencias»,
explican en Administraciones Públicas.
Además, tampoco puede decirse que el
Estado central destaque por su diligencia en la poda de asesores. En las
cuentas de 2013, el apartado de cargos de confianza sólo ha caído un escuálido
1,2%: de 853 a 842. De ellos, un tercio le corresponden a Rajoy, que mantiene
los mismos cargos de confianza que el año pasado: 245, de los que 68 ni
siquiera tienen el graduado escolar.
Además, los presupuestos desvelan que el
ministerio más derrochón en este aspecto es el mismo que impulsa el cacareado
recorte de asesores. En Hacienda y Administraciones Públicas tienen 163 cargos
eventuales, dos más que en 2012... Si los señores de la tijera se resisten a
aplicársela, ¿alguien se extraña de que los asesores sean los intocables de la
España de los 6.202.700 parados?
YA NO SON 6 ASESORES... ...sino siete.
Ignacio Prendes protagonizó la primera denuncia de «Crónica» sobre el exceso de
cargos «a dedo». Único diputado de UPyD en el parlamento asturiano, contaba con
seis asistentes para él solo: cuatro de su grupo parlamentario y dos por su
cargo en la mesa de la Cámara. Pese a la oleada de recortes, los seis
man-tienen su puesto. Es más,
el diputado ha contratado un séptimo
asesor, que no aparece en la foto: un secretario de grupo a media jornada. En
total, su equipo cobra 237.264 euros al año./ JORGE PETEIRO
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