IU
debe 1,2 millones a Hacienda por no pagar retenciones del IRPF
La
federación madrileña está negociando esta deuda con el Ministerio, aunque el
partido encabezado por Cayo Lara no descarta que otras hayan realizado
«trampas» fiscales
06
de marzo de 2013. 03:06h Rodrigo Pinedo.
Madrid.
Izquierda
Unida (IU) de la Comunidad de Madrid mantiene una deuda de 1,2 millones de
euros con el Ministerio de Hacienda por el impago de varios impuestos hasta
2009, tal y como ha reconocido la propia federación a LA RAZÓN.
Según
incide, actualmente está negociando las condiciones de la misma y debe realizar
un primer depósito de 300.000 euros para que el departamento capitaneado por Cristóbal
Montero proceda a su aplazamiento. Cerrar este asunto que llevan arrastrando
durante años, se ha convertido ahora, siempre de acuerdo con su versión, en una
«prioridad absoluta» y les ha obligado a recurrir a entidades financieras en
busca de crédito, ya que las subvenciones públicas y las cuotas que abonan sus
afiliados no son suficientes para cubrir este desembolso y sus gastos
cotidianos.
La
mayor parte de la deuda contraída se debería a que la federación madrileña no
pagó durante años las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) de sus empleados a Hacienda. Este extremo, según expertos en
derecho fiscal consultados por este periódico, es muy fácil de detectar. De
hecho, en los casos en los que la empresa –en este supuesto el partido– realiza
las retenciones pero no las ingresa, el fraude se descubre en el momento en el
que el trabajador realiza su declaración de la renta.
Para
quitar hierro a esta deuda pendiente, el brazo de IU en la Comunidad de Madrid
resalta que ya ha zanjado la deuda que tenía con la Seguridad Social, que según
algunas fuentes ascendía a 1,1 millones de euros, y que ahora paga
«correctamente» lo que debe pagar a las distintas administraciones públicas.
Sin
embargo, estas «trampas» fiscales podrían no ser las únicas que la formación
liderada por Cayo Lara practica a lo largo y ancho del país. Fuentes del propio
partido asumen que, aunque la estructura federal está «al corriente de sus
pagos», es posible que se produzcan casos como el de Madrid en otras
federaciones porque son ellas las que se ocupan de «estos asuntos».
Sorprende
que el partido sea consciente de que dentro de su casa puede haber quien no
pague correctamente sus impuestos, cuando su coordinador federal ha convertido
la lucha contra el fraude fiscal en uno de sus principales argumentos de
batalla y aprovecha cualquier tribuna pública para arremeter contra los
evasores. Así lo demostró en una entrevista en la Cadena Ser el pasado mes de
abril, en la que aseguró que «ningún Gobierno ha querido hincar el diente al
fraude fiscal», o en su intervención en el reciente Debate sobre el Estado de
la Nación, durante la que reclamó que se combatiese «sin contemplaciones» esta
práctica, sobre todo de grandes empresas y evasores.
La
posibilidad de que los propios partidos evadan impuestos es una cuestión que ha
hecho correr ríos de tinta durante la última semana, después de las
declaraciones de Montoro en la sesión de control en el Congreso. Al ser
preguntado por sus palabras sobre las obligaciones fiscales de algunos actores,
el ministro de Hacienda dejó entrever que algunos políticos podrían no estar
pagando todos los impuestos que deben. «Lo deberían entender todos, todos los
adversarios políticos y todos los grupos donde fielmente deberían pagar también
sus impuestos, porque todos tenemos que pagar fielmente los impuestos con la
Hacienda pública», indicó.
El
Tribunal de Cuentas alerta de que IU impide fiscalizar sus balances
Señala
en su último informe que «la falta de presentación de los estados financieros
limita la fiscalización»
Cayo
Lara reconoce la deuda de 1,2 millones con Hacienda pero lo tacha de «cortina
de humo» del PP.
«La
falta de presentación de los estados financieros de parte de las organizaciones
territoriales federadas, lo que contraviene la ley de financiación de partidos,
supone una importante limitación al alcance de la fiscalización de la actividad
económico-financiera correspondiente al ejercicio 2007». Ésta es la valoración
que hace el Tribunal de Cuentas de la «representatividad de los estados
contables rendidos» por Izquierda Unida (IU) en su último informe de
fiscalización de partidos políticos.
En
él, detalla que las federaciones de Cantabria, Galicia, Castilla y León y La
Rioja ni siquiera presentaron sus cuentas de 2007 y que otras doce –de un total
de 18– las remitieron fuera de plazo. Dentro de éstas, figuran las ramas de IU
en Andalucía, Valencia, Ibiza y Formentera, que hicieron llegar la información
con un «importante retraso», por lo que los resultados de su examen se
incluirán en el informe de 2008, que se presentará este año. Según recalca el
órgano fiscalizador, estos hechos le impiden «valorar adecuadamente los
posibles efectos sobre las cuentas anuales del partido y, en consecuencia,
expresar una opinión sobre la representatividad de las cuentas rendidas».
En
el mismo documento, el tribunal advierte de que la formación, entonces liderada
por Gaspar Llamazares, tampoco le entregó «estados consolidados entre las
diferentes federaciones y la Ejecutiva Federal», una circunstancia que, según
señala, también supone un incumplimiento de la ley de financiación de partidos.
Además, alerta de que los estados rendidos tampoco incluyen «la actividad de la
organización territorial municipal», ni la de varios de los grupos de IU en las
cámaras autonómicas en las que tiene representación.
A
lo largo del informe, el Tribunal de Cuentas realiza varias observaciones más
sobre las cuentas de IU y, por todo ello, no es de extrañar que el nombre de la
formación que actualmente encabeza Cayo Lara sea uno de los más repetidos en el
apartado de «Conclusiones y recomendaciones». Por ejemplo, en la primera de sus
observaciones, el órgano fiscalizador subraya que, a pesar de que todas las
formaciones con representación en el Congreso les facilitaron sus cuentas
anuales de 2007, los datos entregados por IU están incompletos.
La
duda que queda ahora es si el partido habrá prestado atención a estas
apreciaciones y, en sucesivas rendiciones de cuentas, habrá facilitado la labor
del órgano fiscalizador. Vistos los antecedentes, parece complicado. La falta
de claridad de las distintas federaciones de IU no sólo se observa en el
informe de 2007, sino que es una constante que se ha repetido durante años.
Desde el año 2000, fecha desde la que hay informes accesibles en la página web
del Tribunal de Cuentas, éste siempre ha lamentado la falta de cuentas
individualizadas de numerosas federaciones, ya que esta circunstancia «supone
una importante restricción para evaluar la actividad económico-financiera» de
IU.
Así,
tanto en 2000 como en 2001, ninguna de las federaciones presentó sus cuentas
individualizadas. En 2002, las de Murcia y Cantabria fueron las únicas en
hacerlo. Un año después, en 2003, las federaciones de estas dos CC AA
repitieron y facilitaron sus datos dentro del plazo, mientras que las de
Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura lo hicieron más
tarde. Ese año, once federaciones no hicieron llegar sus cuentas al tribunal.
Esta cifra se vio reducida en 2004 a las organizaciones de Cantabria, Cataluña,
La Rioja y Valencia. Entonces, Castilla-La Mancha y Galicia fueron las que
facilitaron su información dentro de la fecha dada, mientras que las once
restantes cumplieron tarde su compromiso. En 2005, 14 federaciones presentaron
sus cuentas tarde y las de Madrid, La Rioja y Valencia ni siquiera lo hicieron.
En 2006, 14 las presentaron tarde y las de Castilla y León, Ibiza y Formentera,
La Rioja y Valencia ni las facilitaron. Lo dicho, una constante que puede dar
pie a situaciones como la que ayer publicaba LA RAZÓN.
Lara
dice que es una «cortina de humo del PP»
El
coordinador federal de IU, Cayo Lara, confirmó ayer la información publicada
por LA RAZÓN y reconoció que la federación madrileña adeuda 1,2 millones de
euros a Hacienda, al tiempo que recalcó que esta deuda se está negociando. No
obstante, aprovechó para lavarse las manos y afirmar que la organización que él
representa «no debe ni un duro». Es cierto que, tal y como adelantó este
periódico, la estructura federal que capitanea no parece tener deudas con
Hacienda, pero también lo es que el coordinador federal de IU debería tener
algo de control sobre las federaciones. Asimismo, Lara volvió por sus
derroteros habituales e indicó que la revelación de esta deuda responde a una
estrategia del PP para «lanzar una cortina de humo y desviar la atención de la
opinión pública». Sea como fuere, sí que llamó la atención de los coordinadores
de IU en Madrid y Andalucía, Eddy Sánchez y Diego Valderas, respectivamente,
que también reconocieron la deuda madrileña.
ERE
del PSOE: 20% menos de sueldo a sus empleados
Los
empleados del PSOE trabajarán a partir de ahora un veinte por ciento menos. Y
cobrarán, en consecuencia, otro tanto menos. Ésa es la consecuencia inmediata
de la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha puesto en
marcha el principal partido de la oposición, tras aprobarlo el verano pasado.
Desde entonces ya se han aplicado las medidas contempladas en la primera parte
del ERE y, aunque el partido ha intentado en estos meses «no tener que aplicar»
el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), «no le ha quedado más
remedio» que hacerlo, debido a los fuertes recortes de presupuesto que ha
sufrido, sobre todo por la bajada de subvenciones oficiales, según informaron a
Europa Press fuentes del Comité de Empresa del PSOE. En el ERE, al que dio luz
verde la asamblea de trabajadores del PSOE el pasado julio, se incluían un
centenar de prejubilaciones, 16 bajas voluntarias y siete despidos con
indemnizaciones de 35 días por año trabajado. Según las citadas fuentes, todas
estas medidas ya se acometieron en 2012. Ahora, el partido ha tenido que poner
en marcha el ERTE que esa misma asamblea aprobó. El acuerdo del ERE afecta a la
plantilla de la estructura federal del partido, a los trabajadores de los
grupos socialistas en el Congreso y el Senado y a 14 agrupaciones
territoriales: 8 partidos autonómicos y 6 provinciales. En el proceso de
negociación, la dirección del PSOE se marcó como objetivo «limitar al máximo el
impacto social del expediente y buscar fórmulas solidarias que redujeran al
mínimo las consecuencias laborales». Las negociaciones de este ERE se pusieron
en marcha dentro del plan de austeridad que se fijó el PSOE para hacer frente a
la difícil situación económica que atraviesa por el «importante descenso de
ingresos» de la organización tanto por los resultados electorales que obtuvo en
las últimas elecciones generales, en las que perdió 4,3 millones de votos y
casi 60 escaños, como por la reducción de las asignaciones del Estado a
partidos político.
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