El
número de detenidos y entradas y registros en el día de ayer hace inverosímil
que los más altos responsables de la Junta de Andalucía no estuvieran al tanto
de lo que sucedía
LA
reincorporación de la juez Mercedes Alaya al caso de los ERE fraudulentos se
tradujo ayer en una redada a nivel nacional que se ha saldado, por el momento,
con cerca de treinta detenidos y numerosas entradas y registros de empresas y
despachos. La operación ha sido ejecutada por la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil. El impulso que supone esta serie de detenciones y registros
puede ser definitivo para culminar una instrucción que, a medida que avanza,
aumenta el volumen de la trama corrupta que malversó fondos públicos
teóricamente destinados a cubrir desempleo y jubilaciones. Provisionalmente, la
cifra rondaría los mil millones de euros. La gravedad de las diligencias
acordadas por la juez Alaya sólo puede justificarse por la solidez de los
nuevos indicios contra empresas e imputados. Y da una medida aproximada de la dimensión
que pudo haber alcanzado esta trama de defraudadores y conseguidores que se
aprovecharon del paro y del Estado del bienestar para lucrarse. ABC ha sido
punta de lanza en la denuncia pública del escándalo y ha informado puntualmente
de todos los avances que se producían en la investigación.
La
juez Alaya y el equipo de investigadores de la Guardia Civil deberán analizar y
valorar los datos conseguidos en esta redada masiva, de la que, sin duda,
resultarán nuevas imputaciones. Tras una baja médica de seis meses, la juez
Alaya se ha dispuesto a aprovechar el tiempo y evitar que los hechos se diluyan
poco a poco, como sucedió con el caso Pallerols y sus sentencias de
conformidad, catorce años después de que se cometieran los delitos.
Al
mismo tiempo que el número de detenidos y entradas y registros en el día de
ayer demuestra que el caso de los ERE falsos no era una anécdota ni un
comportamiento aislado, también hace inverosímil que los más altos responsables
de la Junta de Andalucía no estuvieran al tanto de lo que sucedía. Ni la
trascendencia de las decisiones tomadas, relacionadas con algo tan sensible
como los expedientes de regulación de empleo, ni el importe de los fondos
destinados a financiar las presuntas irregularidades investigadas por la juez
Ayala permiten conceder a Manuel Chaves y José Antonio Griñán el beneficio de
la duda. La presunción de inocencia, sí; pero no el beneficio político de la
duda. Hasta ahora, ambos dirigentes socialistas han eludido responsabilidades
culpando a otros de los presuntos delitos cometidos. Pero resulta que los
niveles de decisión, las autorizaciones de gasto, la tramitación de los
expedientes irregulares siempre se situaban en los aledaños de sus
competencias, bien como presidente de la Junta de Andalucía, bien como
consejero de Economía.
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