Griñán y Chávez, bajo sospecha
(Editorial de ABC)
EL escándalo de los ERE fraudulentos en
Andalucía ha dado un salto cualitativo que conduce directamente a la exigencia
de responsabilidades políticas al más alto nivel. La investigación exhaustiva
de la juez Mercedes Alaya ha puesto de relieve nuevos datos que ofrecen la
certeza de que hubo una trama perfectamente organizada, desde la Junta a los
beneficiarios de todo tipo, por medio de sociedades interpuestas. UGT y CC.OO.
tienen que dar explicaciones muy serias porque todo apunta a que los sindicatos
afines a la izquierda están involucrados en el asunto. Una vez más, la
desfachatez del exdirector de Trabajo de la Junta se pone de manifiesto con su
petición a un tercero de un sustancioso anticipo a cambio de posteriores
compensaciones. Por ahora, hay siete personas privadas de libertad y otras
veintidós imputadas, mientras crece la indignación social en Andalucía y en
toda España.
José Ignacio Zoido, presidente del PP
andaluz, dijo ayer gráficamente que José Antonio Griñán era el «cajero de los
ERE fraudulentos». Está claro que el presidente de la Junta no puede dar la
callada por respuesta y mirar para otro lado, lo mismo que ocurre con su
antecesor, Manuel Chaves. Sería razonable que uno y otro comparecieran ante el
Congreso de los Diputados, porque se trata de un asunto de alcance nacional que
va más allá de la política autonómica. Por fortuna, el estado de Derecho está
funcionando con todo rigor en este caso y la juez Alaya, tras su regreso a la
actividad diaria en el juzgado, ha dinamizado la investigación. Es hora de
asumir responsabilidades políticas, porque Chaves y Griñán están bajo máxima
sospecha.
EL escándalo de los ERE fraudulentos en
Andalucía ha dado un salto cualitativo que conduce directamente a la exigencia
de responsabilidades políticas al más alto nivel. La investigación exhaustiva
de la juez Mercedes Alaya ha puesto de relieve nuevos datos que ofrecen la
certeza de que hubo una trama perfectamente organizada, desde la Junta a los
beneficiarios de todo tipo, por medio de sociedades interpuestas. UGT y CC.OO.
tienen que dar explicaciones muy serias porque todo apunta a que los sindicatos
afines a la izquierda están involucrados en el asunto. Una vez más, la
desfachatez del exdirector de Trabajo de la Junta se pone de manifiesto con su
petición a un tercero de un sustancioso anticipo a cambio de posteriores
compensaciones. Por ahora, hay siete personas privadas de libertad y otras
veintidós imputadas, mientras crece la indignación social en Andalucía y en
toda España.
José Ignacio Zoido, presidente del PP
andaluz, dijo ayer gráficamente que José Antonio Griñán era el «cajero de los
ERE fraudulentos». Está claro que el presidente de la Junta no puede dar la
callada por respuesta y mirar para otro lado, lo mismo que ocurre con su
antecesor, Manuel Chaves. Sería razonable que uno y otro comparecieran ante el
Congreso de los Diputados, porque se trata de un asunto de alcance nacional que
va más allá de la política autonómica. Por fortuna, el estado de Derecho está
funcionando con todo rigor en este caso y la juez Alaya, tras su regreso a la
actividad diaria en el juzgado, ha dinamizado la investigación. Es hora de
asumir responsabilidades políticas, porque Chaves y Griñán están bajo máxima
sospecha.
EL escándalo de los ERE fraudulentos en
Andalucía ha dado un salto cualitativo que conduce directamente a la exigencia
de responsabilidades políticas al más alto nivel. La investigación exhaustiva
de la juez Mercedes Alaya ha puesto de relieve nuevos datos que ofrecen la
certeza de que hubo una trama perfectamente organizada, desde la Junta a los
beneficiarios de todo tipo, por medio de sociedades interpuestas. UGT y CC.OO.
tienen que dar explicaciones muy serias porque todo apunta a que los sindicatos
afines a la izquierda están involucrados en el asunto. Una vez más, la
desfachatez del exdirector de Trabajo de la Junta se pone de manifiesto con su
petición a un tercero de un sustancioso anticipo a cambio de posteriores
compensaciones. Por ahora, hay siete personas privadas de libertad y otras
veintidós imputadas, mientras crece la indignación social en Andalucía y en
toda España.
Juan Ignacio Zoido, presidente del PP
andaluz, dijo ayer gráficamente que José Antonio Griñán era el «cajero de los
ERE fraudulentos». Está claro que el presidente de la Junta no puede dar la
callada por respuesta y mirar para otro lado, lo mismo que ocurre con su
antecesor, Manuel Chaves. Sería razonable que uno y otro comparecieran ante el
Congreso de los Diputados, porque se trata de un asunto de alcance nacional que
va más allá de la política autonómica. Por fortuna, el estado de Derecho está
funcionando con todo rigor en este caso y la juez Alaya, tras su regreso a la
actividad diaria en el juzgado, ha dinamizado la investigación. Es hora de
asumir responsabilidades políticas, porque Chaves y Griñán están bajo máxima
sospecha.
EL escándalo de los ERE fraudulentos en
Andalucía ha dado un salto cualitativo que conduce directamente a la exigencia
de responsabilidades políticas al más alto nivel. La investigación exhaustiva
de la juez Mercedes Alaya ha puesto de relieve nuevos datos que ofrecen la
certeza de que hubo una trama perfectamente organizada, desde la Junta a los
beneficiarios de todo tipo, por medio de sociedades interpuestas. UGT y CC.OO.
tienen que dar explicaciones muy serias porque todo apunta a que los sindicatos
afines a la izquierda están involucrados en el asunto. Una vez más, la
desfachatez del exdirector de Trabajo de la Junta se pone de manifiesto con su
petición a un tercero de un sustancioso anticipo a cambio de posteriores
compensaciones. Por ahora, hay siete personas privadas de libertad y otras
veintidós imputadas, mientras crece la indignación social en Andalucía y en
toda España.
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