En defensa de la Constitución
EN la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros de ayer, Soraya Sáenz de Santamaría confirmó que el
Ejecutivo está dispuesto a impugnar la declaración soberanista del Parlamento
catalán, a la vista del informe de la Abogacía del Estado y pendiente del dictamen
del Consejo de Estado.
El informe jurídico, elaborado con todo
rigor, apela a la indiscutible soberanía del pueblo español (artículo 1.2) y a
la sujeción a la Constitución de todos los poderes públicos (artículo 9.1).
Recuerda acertadamente que si se quiere
cambiar la Norma Fundamental hay que acudir al procedimiento de reforma
previsto por el artículo 168, que Artur Mas intenta saltarse invocando un
inexistente derecho a decidir. Como bien dijo la vicepresidenta, lo más
democrático es siempre cumplir la Constitución en todos sus términos. Aclaró
también la diferencia con el precedente del plan Ibarretxe, ya que en el caso
actual se trata de un acto que produce efectos jurídicos, porque impone un
mandato claramente inconstitucional a los órganos de la Generalitat.
En su momento, el Gobierno invocará el
artículo 161.2 que le permite impugnar ante el TC los actos de las comunidades
autónomas, con el efecto de provocar de forma automática la suspensión de los mismos.
Como ha dicho reiteradamente la
jurisprudencia constitucional, autonomía no significa soberanía.
Artur Mas y sus socios de ERC pretenden
usurpar la voluntad del pueblo español, incluida esa gran mayoría de catalanes
que votaron en su día a favor de la Constitución de todos. Cumplidos los
trámites pendientes, el Gobierno debe proceder con toda legitimidad a impugnar
una declaración manifiestamente inconstitucional que pone en marcha un desafío
intolerable en el Estado democrático.
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