Desde entonces los acontecimientos se han precipitado en una bola que gira y solo gana velocidad a peor. El ya conocido como escándalo Bankia amenaza con llevarse por delante al Gobierno, a la oposición y a los sindicatos, todos ellos en la pomada.
Quizá no estaría mal si eso sirviese para sanear la depauperada vida política y financiera -últimamente tan ligadas la una a la otra con el resultado, nefasto, de todos conocido- pero la gestión de los banksters al frente de Bankia pone en peligro la propia estabilidad de España y de sus habitantes.
Lo que se está jugando no es un asunto baladí y exige una depuración de responsabilidades al más alto nivel. ¿Dónde está, por ejemplo, Miguel Blesa, al que algunos hacen conduciendo un Ferrari por las calles de Madrid y que puso los cimientos del desastre con su gestión en Cajamadrid? ¿Por qué Rato anunció una salida a Bolsa con unas cuentas que, como se ha demostrado, fueron falseadas de forma inmisericorde? ¿Acaso se puede calificar de otra forma vender un superávit que se ha convertido en un agujero negro que no deja de aspirar dinero público? Cada día, una noticia viene a volcar más detritus en la paciencia de la opinión pública, y así podemos enterarnos de que la matriz de Bankia tuvo más de tres mil millones de euros en pérdidas cuando sólo se habían declarado treinta...
Toda esta broma, tan chusca, muestra el desprecio de unos gestores y de unos organismos de control que ni estuvieron ni se les esperó. ¿Qué hacía Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España? ¿Qué control llevaba esa entidad? ¿Por qué hay que obligarle a comparecer -y, por supuesto, sólo después de que el desastre haya alcanzado magnitudes estratosféricas- a puerta cerrada en el Congreso?
Una respuesta a esa actitud quizá haya que buscarla en esa vinculación del mundo político a las entidades financieras, que se ha revelado tan nefasta. Hablemos claro: el escándalo Bankia salpica con su hedor a los principales actores de la vida política. El Gobierno y el Partido Popular, los primeros, desde luego, pues la mayor parte de los políticos participantes en los Consejos de Administración de Bankia pertenecían a su rebaño, con el bluf Rato en cabeza. Pero, ¿y el PSOE?
Alfredo Pérez Rubalcaba puede sacar pecho... a medias. ¿Acaso no ocupaba un sillón el consejero socialista de turno? ¿No se recuerda cómo Virgilio Zapatero votó, pese a la orden de abstención, la nominación de José Ignacio Goirigolzarri? ¿A qué adscripción ideológica se adhiere MAFO? Las críticas a la gestión gubernamental de Bankia son una cosa, pero apoyar una comisión de investigación que podría airear asuntos poco gratos para Ferraz, es otra. Sólo a los emboscados chaconitas y a un vengativo Tomás Gómez les puede convenir. Y no por servicio público, desde luego, sino por vendetta interna.
Añadan a ese cóctel la cuota de Izquierda Unida-Comisiones Obreras a través de José Antonio Moral Santin (a ver, por cierto, si algún día la formación de Cayo Lara explica las componendas de algunos de sus miembros con el ilustre y desaparecido Blesa) o la de UGT a través del ínclito José Ricardo Martínez, que aportaba a su sindicato 180.000 euros anuales gracias a esa poltrona. ¿Comisión de investigación, dicen? Con la boca chica.
De todo este asunto sólo hay unas escasas verdades. Sabíamos que Goiri, como ya es conocido, no llegaba a Bankia para levantar unas alfombras que la basura había reventado. O quizá, porque ni siquiera habían dejado alfombras en un paisaje de ruina absoluta. Pero su ego te absolvo a Rato no genera más que desconfianza.
Por todo ello se impone una única salida: sentar en el banquillo a los banksters. Por eso es un buen síntoma que la Justicia haya admitido a trámite la querella de Manos Limpias contra Blesa, Rato y MAFO. Lo de menos es quién la haya presentado, puesto que estaba totalmente justificada. Quien juega con la estabilidad de una Nación y sus ciudadanos no puede quedar impune.
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